Los informes sobre el derecho a la repetición en favor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los vocales del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por el Congreso, hace 11 años, se debatirán mañana en el pleno de la Asamblea.

El anuncio lo hizo la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira (Alianza PAIS). Según esos documentos, el Estado debe reparar a las víctimas con más de $ 12 millones en el caso ‘Quintana Coello’ (magistrados destituidos). En el caso ‘Camba Campos’ (vocales de la Corte Constitucional), se ha reparado a las “víctimas de las violaciones de Derechos Humanos” con $ 2,2 millones, cancelados el 19 de mayo del año pasado.

¿Cuál fue la reacción de los 52 diputados que votaron en favor de la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia tras conocer que se aprobaron los informes? Un grupo de ellos confirma que prepara una estrategia conjunta para defenderse legalmente por este tema.

Galo Vera (ex- PRE por Los Ríos) es uno de los que votó en favor de la salida de los jueces. “Actuamos de acuerdo a la Constitución de ese tiempo y nuestra defensa va en ese sentido. La Comisión de Justicia, en buena hora, parece que va a llevar un debido proceso. Entiendo que se nos permitirá ejercer nuestra defensa (…) Ese es un buen criterio de ellos y formidable. Felicito a la Asamblea Nacional porque llevan el caso como debe ser”, manifestó.

No obstante, prefiere no hablar sobre una posible devolución de la indemnización al Estado. Él recuerda que la destitución de los 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para dar paso a la ‘Pichi Corte’ en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, ocurrió la madrugada del 9 de diciembre de 2004 en el pleno del Congreso. En ese grupo también se encontraba el periodista Kenneth Carrera, quien era diputado por el Guayas del Prian.

Actualmente, él se dedica a sus actividades particulares y se retiró de la política en 2007. Si es que le tocara restituir la indemnización entregada por el Estado en favor de los perjudicados en el caso ‘Quintana Coello’, admite que se declararía insolvente. Cuenta que está jubilado, vive de su pensión y “no hizo fortuna de la política”.

Reitera que el Congreso de esa época actuó con base en el artículo 137 de la Constitución de 1998: “Los diputados no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones”. Además, la acción que se adoptó en el Congreso —añade— fue respaldada por mandato constitucional. “Había que hacerlo porque los jueces eran el brazo de la justicia de León Febres-Cordero”.

Hubo más reacciones de otros exparlamentarios. Iván López, que representó a Esmeraldas por el PRE, asegura que no está en capacidad de devolver la indemnización, pero no descarta la entrega de bienes al Estado. “¿De dónde me saco $ 400 mil?”, se pregunta. Acota que no se ha contactado con sus compañeros de 2004 y espera que el derecho a la repetición sea una causa para permanecer unidos y organizarse.

En cambio, el exdiputado del PRE Omar Quintana (Guayas), prefirió no hablar sobre el caso de los magistrados destituidos.

Mecanismos de pago

Si se aprueban en el pleno de la Asamblea Nacional los informes de la Comisión de Justicia, Rivadeneira podrá presentar la demanda como lo dispone el artículo 69 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Mauro Andino (Alianza PAIS), presidente de la Comisión de Justicia y Reforma del Estado, advierte que si la presidenta del órgano legislativo no presenta la demanda contra los presuntos responsables en estos casos, sobre ella podría recaer una demanda por omisión.

López cree que declararse insolvente es una de las salidas ante el problema, pero una persona con ese estatus “no tiene derecho a nada”.

Según el artículo 64 de la Constitución vigente, los derechos políticos se suspenderán si una persona es declarada insolvente. A esto se suma que no podrá manejar cuentas bancarias o bienes...

También se pueden aplicar otras medidas si alguien se declara insolvente y luego se comprueba que no lo es, según la ley. Por ejemplo, un juicio colusorio, uno de concurso de acreedores o penal por insolvencia presuntamente dolosa. El asambleísta Andino aclara que los mecanismos de pago y las cantidades los define la Corte Provincial de lo Contencioso y Administrativo.

Johny Ayluardo es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Explica que no existe un mecanismo establecido para que el Estado cobre a los exlegisladores el dinero que canceló por las indemnizaciones. Pero, una salida sería establecer un título de crédito y cobrarlo por la vía coactiva.

Los magistrados de la Corte

Los problemas de salud afectaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia luego de que fueran destituidos de sus cargos a finales de 2004. Hugo Quintana era presidente de ese organismo y recuerda que, el 8 de diciembre de ese año, salió del Colegio de Abogados de Pichincha con tanque de oxígeno por complicaciones médicas.

¿Qué pasó ese día luego de que salieron de Corte? Los exjueces se reunieron para analizar su caso y había tensión en el ambiente ya que decidieron presentar una demanda ante organismos internacionales porque los sacaron sin procedimientos constitucionales. 11 años han transcurrido de esas escenas y él se siente orgulloso por haber defendido a “puñete limpio” su derecho y el de sus compañeros. “Aquí lo importante no es el dinero, sino salvar la institucionalidad”.

Dice que su salida de la Corte no le afectó económicamente. También recuerda que 4 de sus compañeros fallecieron entre 2004 y 2015. El último fue José Vicente Troya hace 15 días en la capital.

Carlos Riofrío también estuvo en el grupo de los 27 jueces. A su criterio, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un precedente. También para que se mantenga la independencia entre las funciones del Estado.

Asegura que los exdiputados están en su derecho a defenderse y argumentar que actuaron en el marco de la Constitución de 1998. No obstante, cuestiona que “ellos no tenían capacidad para entrometerse en la Función Judicial y tomar una decisión sin fundamento”.

Tras la destitución, Riofrío padeció ansiedad. Luego se dedicó por un tiempo a la docencia universitaria y trabaja en su estudio jurídico para mantener a su familia.

Ellos recuerdan que fueron desalojados por la Policía Nacional. Para ello se recurrió al engaño para que los jueces se acercaran a la puerta de ingreso y la abrieran ante la presión de los uniformados. Allí, con bombas lacrimógenas y a empujones los expulsaron del edificio.

En su lugar asumieron otros magistrados mayoritariamente cercanos al Prian y PRE. Cuatro jueces fueron ratificados en sus cargos. El 13 de enero de 2005, Guillermo Castro Dáger, alias ‘Pichi’, asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Riofrío y Quintana se alegran de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor para que hechos como este no se repitan en la historia del Ecuador.

Mañana, ellos junto a sus compañeros estarán a la expectativa de lo que se decida en la reunión del pleno de la Asamblea Nacional. (I)