La Ley de la muerte cruzada figura en la nueva Constitución.

Con la “muerte cruzada” podría cumplirse el lema popular “que se vayan todos”. En el nuevo proyecto de Constitución se establece que para los casos de destitución de la Asamblea Nacional o del Presidente, se llamará a elecciones para sustituir a los integrantes de ambos poderes.
La población ha participado en diferentes actos ciudadanos en rechazo a la crisis política del país de los últimos años.

 

Para Tarquino Orellana, ex miembro del Tribunal Constitucional, se trata de un mecanismo que demanda más exigencia a los poderes Legislativo y Ejecutivo para que la necesidad de una destitución tanto del Congreso o del Presidente se vea como "un sacrificio político y no una ventaja".

 

Orellana agregó que esta medida puede representar un equilibrio entre poderes, por cuanto la exigencia es recíproca.

 

Destitución

 

En el Título IV Participación y Organización del Poder, en el Capítulo Tercero de la Función Legislativa, la sección segunda Control de la Acción del Gobierno, se encuentra el artículo 129 que sostiene que la Asamblea Nacional puede hacer un juicio político al Presidente por delitos contra la seguridad del Estado, o de concusión o conmoción, peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, o delitos como genocidio, tortura o desaparición forzada. Para la destitución, se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros de la

 

Asamblea Nacional.

 

En esta misma sección, en el artículo 130 se encuentra la reforma, pues aquí se establece que en un plazo máximo de siete días, después de publicada la destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones anticipadas para presidente pero también

 

para la Asamblea Nacional. Para la ex asambleísta de Acuerdo Pais, Betty Tola, esta reforma obligaría a un diálogo político constante de la función legislativa y ejecutiva para un trabajo conjunto.

 

En el Título IV, en el capítulo Tercero de la Función Ejecutiva, en el artículo 148 de la sección Organización y Funciones, dice que la presidenta o el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio se hubiera arrogado funciones que no le competen, en casos de obstrucción reiterada e injustificada del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna y en un plazo máximo de siete días después de publicado el decreto de disolución, también el Consejo Nacional Electoral llamará a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período.

 

Historia

 

La Constitución actual también requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores para una destitución del Presidente. Sin embargo, en el caso de Abdalá Bucaram, que gobernó por cerca de seis meses desde el 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997, el Congreso determinó su salida del cargo en base a declarar su "incapacidad mental", con la mayoría simple de 44 votos de 82 legisladores en medio de un clima de tensión por las protestas ciudadanas.

En el caso de Lucio Gutiérrez, que gobernó del 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005, fue destituido por el Congreso por abandono del cargo, con el voto de 60 de los 100 legisladores, en ninguno de los dos casos se contó con las dos terceras partes de la votación.

La Ley de la muerte cruzada figura en la nueva Constitución.

La población ha participado en diferentes actos ciudadanos en rechazo a la crisis política del país de los últimos años.

 

Para Tarquino Orellana, ex miembro del Tribunal Constitucional, se trata de un mecanismo que demanda más exigencia a los poderes Legislativo y Ejecutivo para que la necesidad de una destitución tanto del Congreso o del Presidente se vea como "un sacrificio político y no una ventaja".

 

Orellana agregó que esta medida puede representar un equilibrio entre poderes, por cuanto la exigencia es recíproca.

 

Destitución

 

En el Título IV Participación y Organización del Poder, en el Capítulo Tercero de la Función Legislativa, la sección segunda Control de la Acción del Gobierno, se encuentra el artículo 129 que sostiene que la Asamblea Nacional puede hacer un juicio político al Presidente por delitos contra la seguridad del Estado, o de concusión o conmoción, peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, o delitos como genocidio, tortura o desaparición forzada. Para la destitución, se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros de la

 

Asamblea Nacional.

 

En esta misma sección, en el artículo 130 se encuentra la reforma, pues aquí se establece que en un plazo máximo de siete días, después de publicada la destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones anticipadas para presidente pero también

 

para la Asamblea Nacional. Para la ex asambleísta de Acuerdo Pais, Betty Tola, esta reforma obligaría a un diálogo político constante de la función legislativa y ejecutiva para un trabajo conjunto.

 

En el Título IV, en el capítulo Tercero de la Función Ejecutiva, en el artículo 148 de la sección Organización y Funciones, dice que la presidenta o el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio se hubiera arrogado funciones que no le competen, en casos de obstrucción reiterada e injustificada del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna y en un plazo máximo de siete días después de publicado el decreto de disolución, también el Consejo Nacional Electoral llamará a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período.

 

Historia

 

La Constitución actual también requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores para una destitución del Presidente. Sin embargo, en el caso de Abdalá Bucaram, que gobernó por cerca de seis meses desde el 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997, el Congreso determinó su salida del cargo en base a declarar su "incapacidad mental", con la mayoría simple de 44 votos de 82 legisladores en medio de un clima de tensión por las protestas ciudadanas.

En el caso de Lucio Gutiérrez, que gobernó del 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005, fue destituido por el Congreso por abandono del cargo, con el voto de 60 de los 100 legisladores, en ninguno de los dos casos se contó con las dos terceras partes de la votación.