Jueza enfrenta un proceso penal por prevaricato

La Fiscalía Provincial del Azuay lleva adelante un proceso judicial contra una jueza por el presunto delito de prevaricaro.

Según la Fiscalía, la jueza habría fallado contra la ley expresa, pues al no tener competencia no podía haber modificado o cambiado la primera sentencia.

La Fiscalía del Azuay inició un proceso penal en contra de la jueza Sonia R., por su presunta participación en el delito de prevaricato, pues habría tomado una decisión en contra de lo estipulado en la ley.


El informe de la Fiscalía señala que el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, Pablo Valverde, dispuso como medida cautelar la prohibición de salida del país y 60 días para la etapa de instrucción fiscal.


El informe detalla que en la audiencia participó el fiscal Provincial del Azuay, Leonardo Amoroso Garzón, quien expuso que Sonia R., jueza de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, conoció una demanda interpuesta por una cooperativa de ahorro y crédito en contra de tres personas.


El 2 de octubre de 2017 la referida jueza dictó una sentencia, en la cual declaró con lugar la demanda y ordenó a los tres ciudadanos cancelar el monto adeudado a la entidad financiera, con la motivación de que ellos no contestaron la demanda.


Una vez que la sentencia fue notificada a las partes procesales, los tres afectados presentaron el recurso de apelación con el argumento de que sí contestaron la demanda; ante esto la jueza, el 6 de octubre de 2017 declaró la nulidad de dicha sentencia y el 4 de diciembre del mismo año emitió una nueva sentencia en la que ordenaba el pago a favor de la entidad financiera.


Según el fiscal provincial, la jueza habría fallado contra la ley expresa, pues al no tener competencia no podía haber modificado o cambiado la primera sentencia.


El delito de prevaricato de los jueces o árbitros es sancionado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, con privación de libertad de tres a cinco años; además, con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses. (I)


El caso está relacionado con un fallo a favor de una entidad financiera, por una supuesta deuda que tenían tres ciudadanos.

Jueza enfrenta un proceso penal por prevaricato

La Fiscalía Provincial del Azuay lleva adelante un proceso judicial contra una jueza por el presunto delito de prevaricaro.

Según la Fiscalía, la jueza habría fallado contra la ley expresa, pues al no tener competencia no podía haber modificado o cambiado la primera sentencia.

La Fiscalía del Azuay inició un proceso penal en contra de la jueza Sonia R., por su presunta participación en el delito de prevaricato, pues habría tomado una decisión en contra de lo estipulado en la ley.


El informe de la Fiscalía señala que el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, Pablo Valverde, dispuso como medida cautelar la prohibición de salida del país y 60 días para la etapa de instrucción fiscal.


El informe detalla que en la audiencia participó el fiscal Provincial del Azuay, Leonardo Amoroso Garzón, quien expuso que Sonia R., jueza de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, conoció una demanda interpuesta por una cooperativa de ahorro y crédito en contra de tres personas.


El 2 de octubre de 2017 la referida jueza dictó una sentencia, en la cual declaró con lugar la demanda y ordenó a los tres ciudadanos cancelar el monto adeudado a la entidad financiera, con la motivación de que ellos no contestaron la demanda.


Una vez que la sentencia fue notificada a las partes procesales, los tres afectados presentaron el recurso de apelación con el argumento de que sí contestaron la demanda; ante esto la jueza, el 6 de octubre de 2017 declaró la nulidad de dicha sentencia y el 4 de diciembre del mismo año emitió una nueva sentencia en la que ordenaba el pago a favor de la entidad financiera.


Según el fiscal provincial, la jueza habría fallado contra la ley expresa, pues al no tener competencia no podía haber modificado o cambiado la primera sentencia.


El delito de prevaricato de los jueces o árbitros es sancionado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, con privación de libertad de tres a cinco años; además, con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses. (I)


El caso está relacionado con un fallo a favor de una entidad financiera, por una supuesta deuda que tenían tres ciudadanos.