Disensos a raíz de la suspensión de proyecto Río Blanco

La Cámara Provincial de Minería aseguró que esta situación afecta la inversión extranjera. Para los antimineros es una oportunidad de lucha. Hoy suman 30 días que la empresa china dejó de operar.

Con el fallo del juez cuencano Paúl Serrano, que ordena la suspensión inmediata del proyecto minero Río Blanco, ubicado  en las parroquias Molleturo y Chaucha, se genera incertidumbre entre los  mineros, comuneros y activistas. Estos desacuerdos no son recientes, se incrementaron desde que el exvicepresidente Jorge Glas inauguró la mina y empezó la fase de preproducción en 2016.


El presidente de la Cámara Provincial de Minería, Patricio Vargas, asegura que con esta sentencia  la inversión extranjera se pone en riesgo y califica a la decisión del juez como “un ataque a las industrias en general”. Además, le sorprende la falta de un pronunciamiento oficial del Ministerio de Minería.
Por su parte, los defensores de los derechos humanos y los activistas antimineros celebraron el accionar de la justicia, pues consideran que este puede ser un antecedente para “liberar al Ecuador del extractivismo minero metálico”, según Yaku Pérez.


 César Zea, presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Azuay, comenta que la acción del juez se sustenta en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que está sobre la Constitución ecuatoriana, y que habla de  la necesidad de una consulta previa a la comunidad, hecho que no ocurrió en el proyecto minero Río Blanco.
“No es cierto que por ser activista o vivir fuera de la comunidad de influencia no se puede presentar el pedido de medidas cautelares, o como en este caso, la suspensión del proyecto; todo  ciudadano que se sienta afectado puede hacerlo”, refirió Zea.


Proceso legal
Mateo Ríos, director provincial del Consejo de la Judicatura, explicó que el fallo del juez será oficial en 10 días; luego, la empresa minera o el Ministerio pueden presentar una apelación que pasará a una audiencia si así lo considera la Corte Provincial. Si eso no pasa, los afectados pueden enviar el proceso a la Corte Constitucional.


Por su parte, los activistas agregaron que en caso de que el proceso se dilate, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El activista Yaku Pérez manifestó que con el fallo se abre la posibilidad de “demostrar internacionalmente la vulneración de los derechos en Ecuador”.
Agregó que con la reunión del sábado pasado, con cerca de 500 personas participantes, se acordó iniciar una marcha nacional en defensa del agua y contra la resistencia, desde el sur del país hasta llegar a Quito, el 10 de agosto.


Hoy, Pérez prevé reunirse con Julio César Trujillo y Luis Macas, miembros titulares del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Además, añadió que el 21 de junio habrá un encuentro nacional en Cañar para elaborar la plataforma de lucha y resistencia.
Respuesta  
Los habitantes de la parroquia Molleturo, Elizabeth Durazno y Carlos Jaramillo, informaron que el campamento continúa militarizado y la tensión no cesa entre los moradores.
El gobernador del Azuay, Xavier Enderica, informó que se reunió con las autoridades del sector para analizar el tema. (I)

Disensos a raíz de la suspensión de proyecto Río Blanco

Con el fallo del juez cuencano Paúl Serrano, que ordena la suspensión inmediata del proyecto minero Río Blanco, ubicado  en las parroquias Molleturo y Chaucha, se genera incertidumbre entre los  mineros, comuneros y activistas. Estos desacuerdos no son recientes, se incrementaron desde que el exvicepresidente Jorge Glas inauguró la mina y empezó la fase de preproducción en 2016.


El presidente de la Cámara Provincial de Minería, Patricio Vargas, asegura que con esta sentencia  la inversión extranjera se pone en riesgo y califica a la decisión del juez como “un ataque a las industrias en general”. Además, le sorprende la falta de un pronunciamiento oficial del Ministerio de Minería.
Por su parte, los defensores de los derechos humanos y los activistas antimineros celebraron el accionar de la justicia, pues consideran que este puede ser un antecedente para “liberar al Ecuador del extractivismo minero metálico”, según Yaku Pérez.


 César Zea, presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Azuay, comenta que la acción del juez se sustenta en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que está sobre la Constitución ecuatoriana, y que habla de  la necesidad de una consulta previa a la comunidad, hecho que no ocurrió en el proyecto minero Río Blanco.
“No es cierto que por ser activista o vivir fuera de la comunidad de influencia no se puede presentar el pedido de medidas cautelares, o como en este caso, la suspensión del proyecto; todo  ciudadano que se sienta afectado puede hacerlo”, refirió Zea.


Proceso legal
Mateo Ríos, director provincial del Consejo de la Judicatura, explicó que el fallo del juez será oficial en 10 días; luego, la empresa minera o el Ministerio pueden presentar una apelación que pasará a una audiencia si así lo considera la Corte Provincial. Si eso no pasa, los afectados pueden enviar el proceso a la Corte Constitucional.


Por su parte, los activistas agregaron que en caso de que el proceso se dilate, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El activista Yaku Pérez manifestó que con el fallo se abre la posibilidad de “demostrar internacionalmente la vulneración de los derechos en Ecuador”.
Agregó que con la reunión del sábado pasado, con cerca de 500 personas participantes, se acordó iniciar una marcha nacional en defensa del agua y contra la resistencia, desde el sur del país hasta llegar a Quito, el 10 de agosto.


Hoy, Pérez prevé reunirse con Julio César Trujillo y Luis Macas, miembros titulares del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Además, añadió que el 21 de junio habrá un encuentro nacional en Cañar para elaborar la plataforma de lucha y resistencia.
Respuesta  
Los habitantes de la parroquia Molleturo, Elizabeth Durazno y Carlos Jaramillo, informaron que el campamento continúa militarizado y la tensión no cesa entre los moradores.
El gobernador del Azuay, Xavier Enderica, informó que se reunió con las autoridades del sector para analizar el tema. (I)