Fuerza pública permanece en el área de Río Blanco

A seis días del  fallo del juez cuencano Paúl Serrano, que ordenó la suspensión inmediata y la desmilitarización del proyecto minero Río Blanco, ubicado  en las parroquias Molleturo y Chaucha, los uniformados continúan en la zona.


Xavier Enderica, gobernador del Azuay, manifestó que la fuerza pública continuará en el territorio por seguridad, y desarrollando labores de acuerdo con sus competencias, que son el control de explosivos y de armas.


“Necesitamos recuperar los tacos de dinamita (unos 2.000) que fueron sustraídos el 8 de mayo, cuando se produjo el incendio”, refirió Enderica.
Sobre los diálogos mantenidos con los representantes de los ministerios, informó que están analizando las estrategias judiciales para apelar.


La viceministra (s) del Ambiente, María Victoria Chiriboga, comentó que continuarán con su labor de vigilancia ambiental y que, hasta el momento, “no existe ningún estudio que muestre afectación del agua con la empresa minera  china ecuatoriana Junefield Resources Ecuador S.A., Ecuagoldmining. Chiriboga y Enderica enfatizaron que los posibles causantes de la afectación del agua son los que reclaman, porque hay el riesgo de que  lleguen mineros ilegales.
Para la viceprefecta Cecilia Alvarado, el discurso sobre la minería ilegal “es el miedo que quieren ponernos (...) la minería en páramos es demasiado riesgosa para el agua, a pequeña o gran escala (...) el problema no es la actividad minera per se, es el lugar”.


El abogado constitucionalista Sebastián López indicó que “resulta perverso acusar a las comunidades demandantes” por la suspensión del proyecto, sin comprender antes que “los derechos de las comunidades fueron violados cuando se cumplió con una consulta previa estipulada en la Ley”. (I)

Fuerza pública permanece en el área de Río Blanco

A seis días del  fallo del juez cuencano Paúl Serrano, que ordenó la suspensión inmediata y la desmilitarización del proyecto minero Río Blanco, ubicado  en las parroquias Molleturo y Chaucha, los uniformados continúan en la zona.


Xavier Enderica, gobernador del Azuay, manifestó que la fuerza pública continuará en el territorio por seguridad, y desarrollando labores de acuerdo con sus competencias, que son el control de explosivos y de armas.


“Necesitamos recuperar los tacos de dinamita (unos 2.000) que fueron sustraídos el 8 de mayo, cuando se produjo el incendio”, refirió Enderica.
Sobre los diálogos mantenidos con los representantes de los ministerios, informó que están analizando las estrategias judiciales para apelar.


La viceministra (s) del Ambiente, María Victoria Chiriboga, comentó que continuarán con su labor de vigilancia ambiental y que, hasta el momento, “no existe ningún estudio que muestre afectación del agua con la empresa minera  china ecuatoriana Junefield Resources Ecuador S.A., Ecuagoldmining. Chiriboga y Enderica enfatizaron que los posibles causantes de la afectación del agua son los que reclaman, porque hay el riesgo de que  lleguen mineros ilegales.
Para la viceprefecta Cecilia Alvarado, el discurso sobre la minería ilegal “es el miedo que quieren ponernos (...) la minería en páramos es demasiado riesgosa para el agua, a pequeña o gran escala (...) el problema no es la actividad minera per se, es el lugar”.


El abogado constitucionalista Sebastián López indicó que “resulta perverso acusar a las comunidades demandantes” por la suspensión del proyecto, sin comprender antes que “los derechos de las comunidades fueron violados cuando se cumplió con una consulta previa estipulada en la Ley”. (I)