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Gobierno promueve protección de derechos humanos en el país

Gobierno promueve protección de derechos humanos en el país
17 de febrero de 2020 - 00:00 - Redacción Política

La Secretaría de Derechos Humanos trabaja en territorio para fortalecer las relaciones con funcionarios públicos. Con este propósito, en Cotacachi, Imbabura, en una mesa de trabajo se analizaron los casos de violencia denunciados en los últimos días.

El objetivo de la Secretaría es generar espacios, mecanismos y acciones de articulación interinstitucional para la protección de derechos.

El alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, dio la bienvenida a los participantes e invitó a las instituciones presentes a establecer estrategias de sensibilización y formación que eviten más casos de violencia en el cantón y el país.

Ante el llamado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, indicó que el Gobierno Nacional, a través de esta cartera de Estado, está presente para atender la articulación del Sistema Local de Protección de Derechos.

“Este es un espacio de articulación y de rendición de cuentas para disponer una política local que promueva la prevención, la atención, la protección y reparación de víctimas”, dijo Chacón.

Recordó que el rol de los Consejos Cantonales de Protección de Derecho (CCPD) es la formulación de política pública local, que prioriza la necesidad de trabajar contra la violencia.

Mientras que el rol de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCPD) es la toma de medidas de protección de los derechos de todas las personas, en particular de los grupos de atención prioritaria, como son niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores.

Ambas son instancias que trabajan por la garantía de derechos; además, son articuladoras de las diferentes instituciones y organizaciones en sus localidades.

Las instituciones nacionales son las encargadas de la prevención, protección, sanción y reparación cuando exista violación de derechos.

El propósito es apoyar a los sistemas locales de protección de derechos y fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Derechos, sin victimización ni revictimización y con medidas de prevención. (I) 

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