Fue a raíz de la campaña presidencial de las elecciones de 2017, que surge el movimiento político Libertad es Pueblo, que lidera Gary Moreno, hermano del Primer Mandatario, Lenín Moreno.

En ese entonces, la organización solo era un frente de apoyo llamado “Lenín es Pueblo”, cuya idea era incrementar la popularidad del candidato de Alianza PAIS (AP).

Luego, la agrupación hizo campaña por el SÍ para la consulta del 4 de febrero de 2018. Eso sirvió para que sus representantes iniciaran la recolección de firmas para obtener la personería jurídica; para ello cambiaron el nombre a Libertad es Pueblo.

El 31 de enero de 2018, en Guayaquil, Gary Moreno indicó que “la organización nace del cariño hacia mi hermano, del apoyo incondicional que siempre recibirá”.

Para agosto de dicho año, el movimiento político entregó las firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su reconocimiento, el cual se oficializó en septiembre con acción de ámbito nacional, y bajo la lista 9.

En un comunicado, Moreno dijo que “el trabajo no termina aquí, recién empieza, somos un movimiento político que luchará por la igualdad y bienestar para todos”.

Él es el mayor de los siete hermanos Garcés Moreno: Ivette, Edwin, Byron, Darwin, Guillermo y el presidente Lenín Moreno. Todos oriundos de la Amazonía.

Además, integró el desaparecido partido político Concentración de Fuerzas Populares (CFP) en Napo.

La primera participación electoral de Libertad es Pueblo fue para las seccionales de 2019, en donde presentó candidatos para 10 prefecturas y 50 alcaldías, sin lograr ningún cargo.

Para el analista político Diego Gortaire, dicha organización no tiene futuro político por dos razones: la primera, porque está apegada a los ideales políticos del presidente Lenín Moreno.

La segunda, agregó, porque no actúa como un núcleo de fortalecimiento ideológico, sino únicamente como una herramienta electoral.

“Libertad es Pueblo funciona como un aparataje electoral destinado a centralizar posicionamientos públicos, más no cumple una práctica ideológica”, indicó.

Mientras que María Fernanda Carvajal, docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de Guayaquil, dijo que la organización mantiene un bajo perfil dentro del ámbito político nacional.

Por ello, no cree que se convierta en un movimiento reconocido a nivel país, porque “ya existen ciertas tendencias de organizaciones políticas bien marcadas”.

Además, consideró que si Libertad es Pueblo no está en la palestra pública, “pasan desapercibidos al momento de ser una opción para los votantes, como les ocurrió en las elecciones pasadas”.

Problemas con la Contraloría
En la actualidad, Libertad es Pueblo es una de las cuatro organizaciones políticas que podrían quedar fuera del padrón electoral, por no cumplir con el número requerido de firmas de adherentes.

Esto, con base en un informe de la Contraloría que recomendó al CNE eliminar del registro electoral a dicho movimiento, al igual que Podemos, Fuerza Compromiso Social y Justicia Social.

Según los registros del CNE, Libertad es Pueblo cuenta con 192.250 adherentes, lo que le permite llegar al 1,5% de firmas requeridas en el padrón electoral para su inscripción y participación en las elecciones.

Sin embargo, la Contraloría indica que las rúbricas válidas son 181.706, tras encontrar 17.047 con errores.

Hace pocos días, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Electoral, enfatizó que la inscripción de dichas organizaciones se concretó en otras administraciones, por lo que instó a que las exautoridades sean las que den explicaciones al respecto. (I)

Asambleístas de CREO acudieron a la Fiscalía
Este jueves 25 de junio, los asambleístas del movimiento CREO, Jeannine Cruz y Fernando Flores, acudieron a la Fiscalía, en Quito, para rendir versión libre y sin juramento sobre los hechos que denunciaron en febrero pasado, por presunto tráfico de influencias contras las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras su comparencia, Cruz indicó que ellos ratificaron la denuncia por tráfico de influencias contra la presidenta del CNE, Diana Atamaint, la consejera Esthela Acero y el exdirector de procesos electorales, Luis Loyo.

“En la Comisión de Fiscalización dejamos claro las evidencias de cómo se operaba para poder dar cargos públicos”, mencionó.

Además, recordó que en dicha Comisión, Acero habría indicado que solicitó la contratación de Luis Loyo en un memorándum del 18 de diciembre de 2018. Tras ello, Atamaint aceptó a Loyo al frente de la dirección de Organizaciones Políticas, pero que en poco tiempo, pasó “al frente de la Dirección de Procesos”.

Actualmente, Loyo está detenido como parte de una red que gestionaba cargos públicos.

En dicho proceso de investigación que desarrolla la Fiscalía está incluido el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez.

En la notificación que envió el miércoles 24 de junio la Fiscalía, se indica que la presidenta del CNE y la consejera Acero deberán rendir su versión libre y sin juramento el próximo 2 de julio, dentro de la investigación que se lleva sobre este caso. Loyo lo hará el 3 de julio. (I)