Hoy es el primer debate del proyecto de ley orgánica para el apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del covid-19, calificado como urgente en materia económica. El asambleísta independiente e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Fernando Burbano, conversó con EL TELÉGRAFO sobre el tema.

¿Qué le parece el proyecto de ley de apoyo humanitario que envió el Ejecutivo?

Una medida extraordinaria que debe tomar la sociedad para dar una bocanada de aire y de recursos económicos a las finanzas públicas. Este país vive una emergencia sanitaria por el covid-19 y una crisis económica que ha sido heredada de los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Para la economía nacional este proyecto de ley es igual a un respirador que servirá para tres situaciones fundamentales: la compra de implementos y equipamiento de salud emergentes; la alimentación de 3’000.000 de personas que perdieron el trabajo y necesitan transferencias económicas en los próximos meses; y la protección del mayor número de fuentes de empleo para sostener el sistema de trabajo desarrollado en las medianas y pequeñas empresas que generan el 80% del empleo en Ecuador.

¿A través de qué mecanismos se recogerán las contribuciones?

La propuesta gubernamental plantea crear el fondo con la Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía, que se nutrirá de las contribuciones de personas naturales del sector público y privado. La Comisión de Desarrollo, que analizó el proyecto de ley urgente, incorporó una preasignación de esos recursos para uso exclusivo de alimentación y salud.

¿Cómo será el aporte de las empresas privadas y para qué servirá?

La contribución de las sociedades y empresas será utilizada para la reactivación del empleo. La Comisión estableció que los contribuyentes serán aquellos que ganen más de 700 dólares mensuales y pagarán a lo largo de nueve meses. Para las sociedades y empresas se gravará el 5% a las utilidades que ganaron el año pasado y que suman más de 1’000.000 de dólares. Ellos tendrán tres meses para pagar esa recaudación única que generará 500 millones de dólares. Con ambas contribuciones, que son el corazón del proyecto, el Estado tendrá alrededor de 1.400 millones de dólares para enfrentar la pandemia y la crisis económica.

¿Es verdad que se cambió entre el 60% y el 80% de la propuesta inicial?

Porcentualmente no puedo dar un dato exacto, hay cambios de forma y de fondo. Los cambios importantes son el fondo preasignado. Todos estos recursos de 1.400 millones de dólares están asignados a un uso exclusivo: salud, alimentación y empleo, nada más. No servirán para pagar deudas ni para otros fines. Están limitados para que no puedan ser destinados a otras cuestiones. El segundo cambio incorporado es laboral. Para sostener los empleos es necesario que las mediaciones entre empleadores y trabajadores sean colectivas e individuales. Esto es para que no exista un desequilibrio para llegar a acuerdos y para que haya un equilibrio de fuerzas entre ambas partes en similares condiciones. El tercer cambio son nuevos artículos sobre la reducción de las tasas de interés y un programa de reestructuración de créditos del sistema financiero y no financiero porque hay casas comerciales, negocios, que ofrecen préstamos directos a sus clientes. Pretendemos que la Junta regule las condiciones de reestructuración de esos créditos y haya una ampliación y generación de nuevos productos financieros. También el crédito de tarjetas de créditos que usa la clase media. Otros cambios están vinculados con la educación privada para asegurar que no se paralice, además están las universidades que actualmente condicionan las matrículas de sus estudiantes y les hacen firmar compromisos. Por eso es necesario garantizar la educación a través de algunos artículos. Se prevé algunas medidas para que los gastos recurrentes y que tienen incidencia importante en los presupuestos familiares de personas que se queden sin trabajo o disminuyan sus ingresos, especialmente los trabajadores autónomos, puedan ser postergados o reestructurados en pago de servicios, arrendamientos y se pague al menos un 20% del alquiler para evitar los desahucios. Además se establece la prohibición de no suspender los servicios básicos y una reducción del precio de la energía eléctrica para tener competitividad.

¿Qué dice el proyecto sobre replantearse actividades de negocios porque perdieron los que tenían con la pandemia?

Hay muchas actividades que migrarán a otras como el catering, prestación de servicios a domicilio que generarán nuevas empresas o modificarán las existentes. Para las que empiezan de cero proponemos eliminar toda la carga burocrática, la tramitología, al menos por seis meses para que puedan arrancar, no tengan presión con el SRI, ni permisos ni patentes. Así la reactivación será más rápida. También establecimos un marco para que el sector empresarial genere condiciones de relaciones laborales y reduzca sus horas de trabajo hasta un 50%. Eso le permitirá ajustar el salario de modo que el trabajador no pierda totalmente el empleo con la condición que una vez que pase la pandemia se vuelva a la normalidad. Son acciones que permiten conservar los empleos, evitar más gastos, reprogramar deudas, aliviar la carga que se tiene en la canasta familiar y sobrellevar la crisis.

¿Qué pasará con los trabajadores y el IESS si los empresarios tienen la posibilidad de flexibilizar el trabajo?

Una cosa es la flexibilización, pero los derechos de los trabajadores son irrenunciables. El sistema de Seguridad Social debe ser el más activo, la prestación no paralizarse, especialmente en la materia de salud. Tampoco pueden limitarse los préstamos quirografarios ni la cesantía ni los créditos para solventar pensiones alimenticias. La seguridad social necesita protegerse y salvaguardarse. Las demandas están para que el sector público soporte la crisis, pero es complicado por la falta de liquidez. Por eso creemos que la banca y el sector financiero van a desempeñar un rol fundamental. La Junta Bancaria establece las condiciones para bajar las tasas de interés, así como la reestructuración, renovación y formulación de nuevos productos financieros.

¿Ustedes apoyan o no la contribución económica de los servidores públicos?

Consideramos que la misma tabla del sector privado tiene que ser para el sector público. No se debe ser discriminatorio con los servidores públicos. Siempre piensan y dicen que debe eliminarse al sector público, pero ese no es el camino. Ese sector soporta a familias a través de sus consumos y a parte de la economía. Hay que impedir que existan despidos y reducciones laborales; nuestro objetivo y el del país es que lo sostengan.

Sin embargo, la Comisión resolvió que en el futuro no debe reducirse el 10% del salario de ellos porque existen complicaciones laborales. Ante los exiguos recursos de la caja fiscal es insostenible manejar una masa salarial tan grande y quizá una medida de reducción salarial permitiría conservar el trabajo de ellos. Hay que evitar despedir a la ecuatoriana gente, el impacto económico es general porque esta crisis golpea a todos: el que tiene capacidad de ahorro soporta más, por eso el Estado debe ir en auxilio de los que están con defensas bajas en la salud y con poca capacidad de ahorro en materia económica. Esta medida extraordinaria de la ley es una demostración para el mundo que la sociedad hará un sacrificio grande ante la imposibilidad de captar recursos de afuera y tener liquidez interna. Un sacrificio que dará un respiro, oxígeno económico para salir de esta primera etapa de la crisis.

El proyecto de ley propone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no paguen esas contribuciones. ¿Por qué ustedes borraron esa disposición?

El único que no pagaría las contribuciones es el personal de la salud, que es el más vulnerable. Si se mira el reporte oficial al 29 de abril, el impacto grande es sobre los funcionarios del sector médico. Sin embargo, la reflexión de la Comisión se debe garantizar más allá del descuento, que es de 7 y 10 dólares al mes. No se puede permitir que los médicos tengan que comprar de su bolsillo mascarillas, gafas y otros materiales de protección. Eso debe darles el Estado con ese fondo que plantea. (I)