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Defensoría del Pueblo analiza proponer Ley de Uso Progresivo de la Fuerza

El defensor del Pueblo acudió al CPCCS para exponer sus conclusiones sobre lo que sucedió durante las protestas indígenas de octubre.
El defensor del Pueblo acudió al CPCCS para exponer sus conclusiones sobre lo que sucedió durante las protestas indígenas de octubre.
Foto: John Guevara / El Telégrafo
06 de diciembre de 2019 - 00:00 - Redacción Política

La Defensoría del Pueblo prepara una proyecto de ley para normar el uso progresivo de la fuerza, de manera que las entidades de seguridad del Estado puedan aplicarla acorde con un ordenamiento jurídico.

El defensor del Pueblo, Fredy Carrión, señaló que actualmente la Policía aplica ese procedimiento, que usualmente usan para el control de manifestaciones o delitos en progreso, sobre la base de un reglamento orgánico interno.

Por este motivo el funcionario cree necesario que estos preceptos sean elevados al nivel de ley para que puedan respaldar el accionar de los uniformados, así como de los militares cuando participan de acciones en apoyo a la Policía Nacional.

Carrión señaló que están trabajando la propuesta para lo cual al momento analizan los tratados internacionales que ha firmado el Ecuador sobre la temática.

Además de procedimientos como los promulgados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha elaborado principios de actuación policial que garanticen el respeto a los Derechos Humanos.

El Defensor manifestó que de esta manera se tendrán parámetros precisos para determinar si las acciones de los uniformados en el cumplimiento de su deber se enmarcan en la ley.

Esto a propósito de las manifestaciones indígenas de octubre de 2019, en las que se acusó a la Policía de uso excesivo de la Fuerza, lo cual ha sido negado por el Gobierno pues los uniformados enfrentaron situaciones de violencia extrema.

El consejero del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), David Rosero manifestó que además se debe  reformar los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se refieren a la protesta social.

Señaló que no se puede criminalizar el derecho legítimo de los ciudadanos a protestar en paz. Recordó que durante el Gobierno anterior se utilizó el COIP para perseguir a los opositores, “esto debemos cambiar pues actualmente se sigue utilizando la misma normativa”. (I)

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