La noche fue larga para los 31 detenidos en el caso Metástasis. La audiencia de formulación de cargos se extendió durante toda la noche de ayer y madrugada de este viernes, 15 de diciembre de 2023. A las 03:25, la Fiscalía solicitó al juez Felipe Córdova que dicte prisión preventiva para 30 de los 31 procesados. Entre ellos el presidente de la Judicatura, Wilman Terán.

La entidad informó que solo para Ronald G., se pide arresto domiciliario por ser adulto mayor. Además, se solicitó que sus cuentas sean retenidas y la prohibición de enajenar sus bienes. 

Solo para instalar la audiencia de formulación de cargos, el juez Felipe Córdova, tardó cerca de seis horas. Las demoras fueron provocadas por las extensas alegaciones que los abogados defensores realizaron en torno a presuntas ilegalidades en el momento de la detención de sus defendidos. 

Incluso, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, tomó la palabra para denunciar supuestas irregularidades en el proceso. El ahora acusado, por delincuencia organizada, manifestó que durante la extensa espera estuvo sentado en una silla rígida, sin alimentos, ni bebidas. 

“He pasado en una silla rígida, sin acceso a aseo, sin acceso a alimentación, ni líquido para sostener la vitalidad necesaria”.

También recusó al juez Felipe Córdova de forma oral y dijo “señor doctor no me siento con la garantía de esa fuerza de independencia que tiene que tener y la transparencia de una decisión. No tengo la confianza adecuada”, señaló.

El resto de abogados también denunciaron que a sus defendidos nunca les dijeron el motivo por el cual fueron detenidos. Según los juristas, no conocían con precisión el delito que se imputa en esta causa. 

No obstante, la fiscal General, Diana Salazar, refutó todo lo mencionado y señaló que en todas las detenciones se cumplieron los procedimientos establecidos por ley. De allí que el juez Córdova manifestó que las aprehensiones fueron legítimas y pudo instalar la diligencia cerca de las 22:00. Inicialmente, la audiencia debía empezar a las 16:00.

La cita judicial inició con la presentación de pruebas de la Fiscalía. 

La intervención de la fiscal Diana Salazar se extendió por cerca de dos horas. En ese tiempo explicó el origen del caso y nombró las pruebas que la Fiscalía tenía en contra de todos los imputados. 

La información también fue difundida a través de las cuentas oficiales de la entidad. Allí se detalló el rol que cumplieron todos los sospechosos en esta trama de delincuencia organizada. 

Entre la teoría de la Fiscalía está que el fallecido Leandro Norero, señalado como cabecilla de una red de narcotráfico y principal financista de bandas delictivas, montó todo un esquema para evadir la justicia.  

Según la versión fiscal, en esta red estarían involucrados jueces, fiscales, policías y abogados. 

Por eso, se desmembró en diapositivas cada una de las acciones que cumplían los sospechosos en este esquema de corrupción. 

Los señalamientos son los siguientes:

Autoridades judiciales.

Wilman Terán.

Durante los hechos ocupaba el cargo de juez de la Corte Nacional. Desde esa posición, la Fiscalía señala que, su rol radicaba en la esfera de la planificación que el grupo criminal proyectaba para comprar las decisiones de los magistrados nacionales frente a una eventual presentación de un habeas corpus en favor del hermano de Leandro Norero. Su participación se habría efectuado a través de la intervención de Álex P. 

Alex P.

Este hombre era el coordinador jurídico de la Corte Nacional en la época en que se dieron los hechos. Actualmente es director provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Wilman Terán lo habría nombrado en esa dignidad. Según la Fiscalía, él contaba con influencias en la Corte Nacional y a partir de eso habría asesorado a Helive A. sobre la compra de decisiones de los jueces que iban a conocer el habeas corpus a favor de los familiares de Leandro Norero. 

Además se mencionó que este funcionario tendría vínculos con Christian R, persona de confianza del actual presidente de la Judicatura. 

Ronald G.

Sería una pieza clave de  colaboración en su calidad de juez de Garantía Penales de Guayas. Conoció la sustanciación del caso de lavado de activos que se siguió en contra de Norero y sus familiares. Su participación habría consistido en emitir resoluciones judiciales en beneficio de los procesados a cambio de sobornos entregados por Norero. Este funcionario pretendía recibir altas sumas de dinero a cambio de un sobreseimiento en el caso referido. 

Richard G.

Juez de la Sala Penal  de la Corte Provincial de Guayas. Según la Fiscalía, él habría prestado su colaboración aprovechando su posición en la Función Judicial, al haber formado parte del Tribunal que conoció el recurso de apelación de la prisión preventiva del hermano de Leandro Norero. Según la Fiscalía, él pretendía vender resoluciones para beneficio de Norero y su familias. Incluso, uno de los abogados de la cúpula de la organización, Alexander N., afirmaba contar con el voto seguro del referido juez. 

Generales de la Policía.

Braulio M. 

Habría fungido como recadero de Leandro Norero. Él habría gestionado la dinpamica de entrega y recepción del dinero destinado para comprar la “justicia”.

Pablo Ramírez.

General de la Policía y exdirector del SNAI. 

Tenía a su cargo el traslado de personas privadas de libertad a los diferentes centros carcelarios. Su participación habría consistido en facilitar favores penitenciarios administrativos a Norero.  

Funcionarios Judiciales. 

Jhoan M.

Juez de la sala penal de la Corte Provincial de Guayas que, con Adolfo G., formó parte del tribunal de la referida apelación a la prisión preventiva de Israel Norero.  

Glenda O. 

Jueza de la Unidad Judicial de Samborondón. Ella Habría ingresado en la estructura de colaboración debido a que el proceso por el delito de tráfico ilegal de armas, que se desprendió del allanamiento a la casa de Norero, recayó en ella. Eso le habría permitido condicione su decisión de sustituir la medida de prisión preventiva que pesaba contra Norero, a cambio de beneficios económicos. 

Christian S.

Secretario judicial de Ronald G. Este funcionario habría estado a su cargo la coordinación y preparación de arraigos conjuntamente con el abogado Alexander N., de cara a la audiencia de revisión de medidas de los procesados en el caso de lavado de activos en contra de Norero. 

Mayra M.

Funcionaria judicial de la provincia de Guayas que mantenía contacto con Norero. Su rol de colaboración lo habría efectuado desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos que podrían favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal, como identificar jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos. 

Santiago Z.

Juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi. Él habría colaborado aprovechando su posición en la Función Judicial, al haber formado parte del Tribunal que conoció el habeas corpus a favor de la hermana de Norero. 

José Luis S. 

Juez de la sala penal de la Corte Provincial de Cotopaxi que, conjuntamente con el juez Santiago Z., formó parte del Tribunal del habeas corpus de la hermana de Norero.

Emerson C.

Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Santo Domingo. Él estuvo a cargo de los procesos judiciales de alias “Cuyuyui” y “Madrid”, brazos armados de Norero. Su rol de colaborador habría consistido en la concesión de  la libertad de los mencionados, a través de las acciones legales por medio de la planificación ejecutada por Christian R. abogado de la organización criminal, quien afirmaba tener controlado todo el sistema de justicia en Santo Domingo. 

Ángel Harry L. 

Juez de la Unidad Multicompetente de la Concordia. Conoció la acción de protección dentro de la causa que la organización criminal interpuso con la finalidad de levantar las medidas cautelares reales que pesaban sobre los bienes de Norero.

Fiscales. 

Jhon C.

Agente fiscal en Guayaquil. Él se habría encargado de asesorar directamente a Norero para preparar estrategias de defensa y dilatar la audiencia de formulación de cargos en el caso de tráfico ilícito de drogas. 

María José A.

Agente fiscal en Samborondón, cuya participación habría girado alrededor del mal uso de sus facultades legales en beneficio de la organización criminal. Ella fue titular de la acción penal pública que se inició en contra de Norero por tráfico de armas. También habría recibido beneficios económicos. 

Funcionarios del SNAI

Dany M. 

Guía penitenciario que habría colaborado con la organización criminal por medio de conductas como introducir artículos prohibidos para Norero, mientras estaba en la cárcel. Por esos favores recibió dinero. 

Daniela B.

Funcionarios de la cárcel de Cotopaxi. Su cargo le habría permitido manejar información judicial de manera discrecional y en beneficio del brazo armado de Norero: alias “Cuyuyui” y “Madrid”.