En medio de una jornada popular de apoyo al gobierno, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cargó ayer contra el juez Sergio Moro, a quien el gobierno atribuye un supuesto espionaje en su contra para facilitar un golpe de Estado.  “En otros países quien hace espionaje ilegal a un presidente va preso si no tiene autorización de la máxima corte. Voy a darles un ejemplo: pinchen el teléfono del presidente de Estados Unidos y miren lo que ocurre”.

En medio de la férrea disputa y con un juicio político en su contra en marcha, Rousseff afirmó que tomará “las medidas posibles” para demostrar que el juez federal Sergio Moro, que investiga el escándalo de Petrobras, cometió espionaje ilegal en su contra. La presidenta habló en Feira de Santana, estado de Bahía, al entregar viviendas de los programas sociales del gobierno, en una jornada marcada por las manifestaciones que la izquierda y movimientos sociales realizan para defender el gobierno bajo la consigna “Contra el golpe y Por la Democracia”.

El juez Moro justificó la divulgación entre la presidenta con Lula da Silva porque el investigado era este último. El exmandatario juró el jueves pasado como jefe de ministros, acto que fue suspendido con medidas cautelares, que aunque fueron revocadas, está sujeto a confirmación.

El Tribunal Regional Federal 1 de Brasilia eliminó la medida cautelar contra la asunción de Lula da Silva hecha por el juez Itagiba Catta Preta, abierto opositor del gobierno. Sin embargo aún existe un recurso judicial pendiente presentado en Río de Janeiro y una decena más ante la máxima corte del país, el Supremo Tribunal Federal.

Lula da Silva, con el cargo en el Poder Ejecutivo, será investigado por el Supremo Tribunal Federal (STF). En el audio divulgado por Moro, Rousseff le dice a su antecesor que le iba a enviar el acta de asunción para que lo usara “en caso de necesidad”. Ese hecho ha sido  interpretado por la oposición como una ayuda a Lula da Silva para recibir fueros.

La mandataria explicó en su discurso que ella no había firmado el documento, con lo cual la supuesta protección sería ‘nula’. Rousseff dijo que “así se inicia un golpe”, y advirtió que es un “retroceso” el hecho de que haya politización de la justicia y de la Policía.

El juicio político se reabre

Por otra parte, la Cámara de Diputados de Brasil inició el proceso formal del juicio político en contra de la presidenta Rousseff, por supuesta violación a ley de responsabilidad fiscal de 2015, una acusación que se arrastra del año pasado, pero que ganó fuerza en estos días de grave crisis política.

A esto se suman recientes denuncias del exsenador Delcidio Amaral, corrupto confeso que la acusó de interceder ante jueces para obstruir la investigación del escándalo de corrupción, hecho que la presidencia niega. “Es bueno para todos que este proceso de juicio político sea rápido para todo el mundo, para que el país tenga otra agenda”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien en diciembre aceptó la representación de sus aliados del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para abrir un proceso de destitución de la mandataria.

El líder del gobierno en la Cámara de Diputados, José Guimaraes, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), estimó que es probable que la presidenta presente su defensa la próxima semana, de acuerdo a lo informado por Cunha.

Este último pertenece al Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Michel Temer. Sin embargo  desde inicios de 2015 lidera parte de la oposición al gobierno y está procesado por delitos de supuesta corrupción en el escándalo de sobornos de exdirectivos de la empresa estatal Petrobras, el mismo caso por el que se interrogó a Lula. (I)

Tras las escuchas, Luiz Inácio Lula da Silva publica una carta abierta

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo pública una carta abierta luego de que el juez federal Sergio Moro (foto) que conduce las investigaciones por los sobornos de Petrobras, difundiera escuchas telefónicas. En el audio la presidenta Dilma Rousseff le informa a su antecesor que le había enviado el documento con su designación como jefe de gabinete, y que lo usara en “caso de necesidad”.

“Los tristes y vergonzosos episodios de las últimas semanas no me harán descreer de la institución del Poder Judicial. Ni me harán perder la esperanza en el discernimiento, en el equilibrio y en el sentido de equilibrio de ministros y ministras de la Corte Suprema”, escribió el exmandatario, quien pidió “justicia” para él “y para todos en la vigencia plena del estado de derecho democrático”.

En la carta, además, Lula da Silva aseguró que confía “en las instituciones democráticas, en la relación independiente y armónica entre los poderes de la República, según lo establecido en la Constitución Federal y en los criterios de imparcialidad y equilibrio que orientan a los magistrados involucrados en esta noble misión”.

Crítico con las escuchas dijo: “No tuve acceso a grandes estudios formales, como saben los brasileños. No soy doctor, letrado, jurisconsulto. Pero sé, como todo ser humano, distinguir lo correcto de lo equivocado; lo justo de lo injusto”.

Además, aseguró que durante su gobierno “tuvo oportunidad de demostrar aprecio y respeto por el Poder Judicial”.

Lula da Silva enfrenta procesos en la justicia por delitos de tráfico de influencia internacional, lavado de dinero, falsedad ideológica y corrupción.

Pero analistas estiman que la investigación de corrupción corre riesgo de caer porque se ha vuelto política.

“Muchas personas temen que el señor Moro haya dejado su función de juez en el caso incestuoso entre la clase política y las empresas constructoras para tornarse en un mero incitador de derrocamiento del gobierno”, sostuvo Vladimir Safatle, filósofo de la Universidad de Sao Paulo y crítico del rumbo económico del gobierno.

Dalmo Dallari, profesor de Derecho Emérito de la Universidad de Sao Paulo dijo que “el juez solo podría haber grabado con autorización de la corte máxima federal. Y jamás divulgarlas. Cometió una doble ilegalidad y debería ser sancionado por eso”.

Dallari, además, considera que pese a que el gobierno perdió a aliados en el Congreso, incluido el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Michel Temer, no hay base jurídica para el juicio político a Rousseff que comenzó el jueves.

Juristas de todo el país agrupados en “Jueces para la Democracia” se reunieron en Sao Paulo para fustigar la acción del juez. “Moro debe ir preso”, indicó Sergio Shecaria, profesor de Derecho. La entidad, que agrupa a los magistrados contrarios a otra agrupación que reúne a los jueces federales alineados con Moro, afirmaron que la prensa fue “irresponsable al montar un show con trechos de investigaciones” para desestabilizar el país. (I)