15.000 dólares es el precio por la vida de un migrante

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FOTO: Ilustración EL TIEMPO

Extorsión y créditos al margen de la ley forman parte de la estructura que, de acuerdo con la Fiscalía, han implementado los coyotes a través de un sistema de pagos para silenciar a los familiares de las víctimas muertas o desaparecidas en frontera. Así, quien ha incurrido en este delito, intenta evadir la justicia.

Manuel Isidro Bravo Nugra, apodado ‘El Halcón’, es uno de los padres de un sistema de extorsión que desangra a los familiares de los inmigrantes. Está sentenciado y guardará prisión durante 22 años por el delito de tráfico ilegal de migrantes con agravante de muerte por la desaparición de José Morocho, quien falleció en su tercer intento por cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

La sentencia contra ‘El Halcón’ representa solo una de las 96 denuncias por tráfico de personas durante los últimos tres años en el Azuay, donde una de cada 20 personas, dentro de una población de 712.000, ha emigrado de manera ilegal, de acuerdo con un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO.


Según la fiscal especializada Rocío Polo, en el sur de Ecuador opera “una amplia red” de traficantes de personas.

El modus operandi empieza con el contacto a los familiares de las víctimas, detalla la fiscal. Luego se les ofrece dinero a cambio de su silencio. El acercamiento a los afectados se hace a través de terceras personas, mediadores que se convierten en cómplices del delito.

Como garantía se firman documentos en notarías locales en los que se especifica el valor a pagar. Estos documentos, conocidos como letras de cambio, se cancelan poco a poco y se cubren de apariencia legal.

Durante el allanamiento a la vivienda de ‘El Halcón’, previo a su detención el 28 de julio del 2017, la Policía encontró un cúmulo de declaraciones juramentadas de este tipo, avaladas por notarías locales. Los archivos reposan como pruebas en las actas de la sentencia judicial.

Las cuotas van desde los 100 hasta los 1.000 dólares, y este cuentagotas tiene como finalidad evitar que las víctimas tengan todo el dinero en mano y procedan luego a presentar la denuncia, según investigaciones de la Fiscalía.

También se crean vínculos con usureros para presionar a los familiares de los migrantes con la intención de que acepten los pagos de los coyotes.

En marzo del 2018 la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia sentenció a dos años de prisión a Genaro Coellar, un empresario de Gualaceo, por el delito de usura. Sus víctimas suman alrededor de 200, según Ana Herrera, dirigente de los perjudicados por este caso.

Buena parte de los afectados utilizó el dinero prestado irregularmente por Coellar para migrar de forma ilegal a Estados Unidos. El dinero se entregaba tras la firma de letras de cambio en blanco por parte de las familias de los migrantes. De acuerdo con las víctimas, los préstamos promedio eran de 15.000 dólares, pero los cobros alcanzaban hasta 700.000 dólares, lo que ocasionó que las personas perjudicadas perdieran casas, terrenos, autos, dinero y artículos de valor.

La presión ejercida por los usureros para el pago de los préstamos ilegales motivó a que los familiares de los migrantes fallecidos acepten los pagos ofrecidos por los coyotes.

La Fiscalía no evidenció el delito de usura en el caso de José Morocho por el que se condenó a ‘El Halcón’, pero no descarta que exista asociación entre prestamistas y traficantes, e investiga el tema.

Otros casos
Dentro de las investigaciones de la Fiscalía contra Manuel Jesús Iñamagua Chima se encuentra un audio en el que una tercera persona se dirige a las víctimas y les dice: “hoy día toca arreglar (acordar el pago) con el coyote”. Esto en referencia a la negociación por el silencio de los familiares de Luis Ariosto Calle y María Inés Muñoz, dos migrantes hallados muertos en la frontera entre México y Estados Unidos el 15 de noviembre del 2012.

Iñamagua fue sentenciado a tres años de cárcel y tuvo que pagar una multa de 6.672 dólares tras la negativa de las víctimas a callar. Según las actas judiciales, el coyote ofreció pagar sumas de dinero de entre 2.500 y 15.000 dólares por cada familiar de los migrantes muertos para evitar la prisión.

La Fiscalía teme que en otro de los casos investigados, el del coyote ‘Freddy O’, el pago se haya efectuado con el resultado esperado por el traficante. El sujeto aceptó su implicación en el delito pero recibió sólo un tercio de la pena solicitada por el organismo judicial. De acuerdo con Polo, a pesar de que en la morgue del Estado de Webb, en Texas, se presume que hay restos que coinciden con las características de migrantes que estaban a cargo del sentenciado, hasta el momento nadie ha reconocido los cadáveres, lo que impide a la Fiscalía acusarlo del agravante de muerte. Se investiga si pagó a los familiares para que no reconocieran los cuerpos.

México, la incertidumbre

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, ‘El Halcón’ no pagó por los gastos de los pasadores en la frontera de Estados Unidos, tampoco por el hospedaje de José Morocho y otros migrantes, por lo que, como un castigo de los traficantes mexicanos, los viajeros ecuatorianos fueron obligados a cruzar el Río Grande en la noche y durante una crecida, lo que provocó la muerte del azuayo.

El hospedaje de los migrantes se hace en sitios denominados por los coyotes ecuatorianos como ‘gallineros’, que son casas u hostales en donde se recibe a los viajeros y se les obliga a permanecer en hacinamiento para luego pasarlos por la frontera. Según las víctimas, el hospedaje en estos sitios, puede costar entre 100 y 300 dólares por noche, un pago que se cancela en Ecuador o desde Estados Unidos al coyote que inició el viaje, y que luego es transferido a México.

En otro caso, familiares de Hugo Tenezaca Yuqui y Alexander Salinas Rodríguez, ambos desaparecidos en frontera, denunciaron en abril del 2018 que recibieron llamadas telefónicas desde México por parte de desconocidos que argumentaron que sus seres queridos habían sido abandonados, pasaban hambre y estaban enfermos. Los extorsionadores exigieron pagos por mantenerlos vivos a pesar de que su desaparición se dio hace dos y tres años respectivamente. La Fiscalía también investiga los hechos y protege a las víctimas.

Adicional a esto hay un bajo índice de resultados de la Función Judicial contra el tráfico ilegal de personas. De las 96 denuncias recibidas en el Azuay, solo dos llegaron a sentencia, según datos de la Fiscalía Provincial.

Dos operativos especiales se efectuaron entre 2017 y 2018 en el sur del Ecuador, se denominaron ‘Odisea 4’ y ‘Odisea 5’. En estas operaciones se detuvo a 14 personas, de las que solo cuatro fueron procesadas, y de entre ellos, tres se acogieron a la figura legal de proceso abreviado para reducir su condena al tercio de la pena, con lo que sus sentencias pasaron de nueve a tres años en un caso y de nueve a dos años en los otros.

Los miembros de la unidad operativa policial que actuó en los operativos Odisea fueron designados a otras tareas o trasladados fuera de la provincia. Desde entonces no se habían registrado nuevas intervenciones especiales contra el tráfico de personas en el sur del Ecuador, hasta que el pasado 25 de abril del 2019, mediante un operativo denominado ‘Odisea 4’, se detuvo a cinco personas acusadas de tráfico ilegal de migrantes. El operativo coincidió con el cambio de fiscal provincial en el Azuay.

La fiscal Polo, quien llevaba los casos, fue transferida primero a delitos menores y luego a flagrancias. Los casos que dejó, 18 en total, tuvieron deserciones de los denunciantes y se mantienen en etapa de investigación. (I)

15.000 dólares es el precio por la vida de un migrante

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Extorsión y créditos al margen de la ley forman parte de la estructura que, de acuerdo con la Fiscalía, han implementado los coyotes a través de un sistema de pagos para silenciar a los familiares de las víctimas muertas o desaparecidas en frontera. Así, quien ha incurrido en este delito, intenta evadir la justicia.

Manuel Isidro Bravo Nugra, apodado ‘El Halcón’, es uno de los padres de un sistema de extorsión que desangra a los familiares de los inmigrantes. Está sentenciado y guardará prisión durante 22 años por el delito de tráfico ilegal de migrantes con agravante de muerte por la desaparición de José Morocho, quien falleció en su tercer intento por cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

La sentencia contra ‘El Halcón’ representa solo una de las 96 denuncias por tráfico de personas durante los últimos tres años en el Azuay, donde una de cada 20 personas, dentro de una población de 712.000, ha emigrado de manera ilegal, de acuerdo con un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO.


Según la fiscal especializada Rocío Polo, en el sur de Ecuador opera “una amplia red” de traficantes de personas.

El modus operandi empieza con el contacto a los familiares de las víctimas, detalla la fiscal. Luego se les ofrece dinero a cambio de su silencio. El acercamiento a los afectados se hace a través de terceras personas, mediadores que se convierten en cómplices del delito.

Como garantía se firman documentos en notarías locales en los que se especifica el valor a pagar. Estos documentos, conocidos como letras de cambio, se cancelan poco a poco y se cubren de apariencia legal.

Durante el allanamiento a la vivienda de ‘El Halcón’, previo a su detención el 28 de julio del 2017, la Policía encontró un cúmulo de declaraciones juramentadas de este tipo, avaladas por notarías locales. Los archivos reposan como pruebas en las actas de la sentencia judicial.

Las cuotas van desde los 100 hasta los 1.000 dólares, y este cuentagotas tiene como finalidad evitar que las víctimas tengan todo el dinero en mano y procedan luego a presentar la denuncia, según investigaciones de la Fiscalía.

También se crean vínculos con usureros para presionar a los familiares de los migrantes con la intención de que acepten los pagos de los coyotes.

En marzo del 2018 la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia sentenció a dos años de prisión a Genaro Coellar, un empresario de Gualaceo, por el delito de usura. Sus víctimas suman alrededor de 200, según Ana Herrera, dirigente de los perjudicados por este caso.

Buena parte de los afectados utilizó el dinero prestado irregularmente por Coellar para migrar de forma ilegal a Estados Unidos. El dinero se entregaba tras la firma de letras de cambio en blanco por parte de las familias de los migrantes. De acuerdo con las víctimas, los préstamos promedio eran de 15.000 dólares, pero los cobros alcanzaban hasta 700.000 dólares, lo que ocasionó que las personas perjudicadas perdieran casas, terrenos, autos, dinero y artículos de valor.

La presión ejercida por los usureros para el pago de los préstamos ilegales motivó a que los familiares de los migrantes fallecidos acepten los pagos ofrecidos por los coyotes.

La Fiscalía no evidenció el delito de usura en el caso de José Morocho por el que se condenó a ‘El Halcón’, pero no descarta que exista asociación entre prestamistas y traficantes, e investiga el tema.

Otros casos
Dentro de las investigaciones de la Fiscalía contra Manuel Jesús Iñamagua Chima se encuentra un audio en el que una tercera persona se dirige a las víctimas y les dice: “hoy día toca arreglar (acordar el pago) con el coyote”. Esto en referencia a la negociación por el silencio de los familiares de Luis Ariosto Calle y María Inés Muñoz, dos migrantes hallados muertos en la frontera entre México y Estados Unidos el 15 de noviembre del 2012.

Iñamagua fue sentenciado a tres años de cárcel y tuvo que pagar una multa de 6.672 dólares tras la negativa de las víctimas a callar. Según las actas judiciales, el coyote ofreció pagar sumas de dinero de entre 2.500 y 15.000 dólares por cada familiar de los migrantes muertos para evitar la prisión.

La Fiscalía teme que en otro de los casos investigados, el del coyote ‘Freddy O’, el pago se haya efectuado con el resultado esperado por el traficante. El sujeto aceptó su implicación en el delito pero recibió sólo un tercio de la pena solicitada por el organismo judicial. De acuerdo con Polo, a pesar de que en la morgue del Estado de Webb, en Texas, se presume que hay restos que coinciden con las características de migrantes que estaban a cargo del sentenciado, hasta el momento nadie ha reconocido los cadáveres, lo que impide a la Fiscalía acusarlo del agravante de muerte. Se investiga si pagó a los familiares para que no reconocieran los cuerpos.

México, la incertidumbre

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, ‘El Halcón’ no pagó por los gastos de los pasadores en la frontera de Estados Unidos, tampoco por el hospedaje de José Morocho y otros migrantes, por lo que, como un castigo de los traficantes mexicanos, los viajeros ecuatorianos fueron obligados a cruzar el Río Grande en la noche y durante una crecida, lo que provocó la muerte del azuayo.

El hospedaje de los migrantes se hace en sitios denominados por los coyotes ecuatorianos como ‘gallineros’, que son casas u hostales en donde se recibe a los viajeros y se les obliga a permanecer en hacinamiento para luego pasarlos por la frontera. Según las víctimas, el hospedaje en estos sitios, puede costar entre 100 y 300 dólares por noche, un pago que se cancela en Ecuador o desde Estados Unidos al coyote que inició el viaje, y que luego es transferido a México.

En otro caso, familiares de Hugo Tenezaca Yuqui y Alexander Salinas Rodríguez, ambos desaparecidos en frontera, denunciaron en abril del 2018 que recibieron llamadas telefónicas desde México por parte de desconocidos que argumentaron que sus seres queridos habían sido abandonados, pasaban hambre y estaban enfermos. Los extorsionadores exigieron pagos por mantenerlos vivos a pesar de que su desaparición se dio hace dos y tres años respectivamente. La Fiscalía también investiga los hechos y protege a las víctimas.

Adicional a esto hay un bajo índice de resultados de la Función Judicial contra el tráfico ilegal de personas. De las 96 denuncias recibidas en el Azuay, solo dos llegaron a sentencia, según datos de la Fiscalía Provincial.

Dos operativos especiales se efectuaron entre 2017 y 2018 en el sur del Ecuador, se denominaron ‘Odisea 4’ y ‘Odisea 5’. En estas operaciones se detuvo a 14 personas, de las que solo cuatro fueron procesadas, y de entre ellos, tres se acogieron a la figura legal de proceso abreviado para reducir su condena al tercio de la pena, con lo que sus sentencias pasaron de nueve a tres años en un caso y de nueve a dos años en los otros.

Los miembros de la unidad operativa policial que actuó en los operativos Odisea fueron designados a otras tareas o trasladados fuera de la provincia. Desde entonces no se habían registrado nuevas intervenciones especiales contra el tráfico de personas en el sur del Ecuador, hasta que el pasado 25 de abril del 2019, mediante un operativo denominado ‘Odisea 4’, se detuvo a cinco personas acusadas de tráfico ilegal de migrantes. El operativo coincidió con el cambio de fiscal provincial en el Azuay.

La fiscal Polo, quien llevaba los casos, fue transferida primero a delitos menores y luego a flagrancias. Los casos que dejó, 18 en total, tuvieron deserciones de los denunciantes y se mantienen en etapa de investigación. (I)