Una nueva suspensión. Es la segunda vez en una semana que se difiere la audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Los abogados de los sentenciados en primera instancia tratan de incidentar las audiencias para evitar que se llegue a sentencia definitiva y de esa forma lograr que el expresidente Rafael C., el cerebro de esa trama de corrupción, pueda candidatizarse para las próximas elecciones.

Esta vez su abogado, Fausto Jarrín; y Diego Chimbo, defensor del empresario de Bolívar S., dijeron que estaban con covid-19 y que por ello debía suspenderse la diligencia. Pero no justificaron, por lo que se instaló la audiencia de apelación, aunque 30 minutos después se suspendió porque los defensores alegaron no tener la sentencia íntegra.

El caso Sobornos involucra a 10 funcionarios públicos y a 10 empresarios, que durante el período presidencial de Rafael C. utilizaron la administración pública para establecer un sistema de corrupción. Pedían recursos a empresas privadas a cambio de contratos con el Estado. La cabeza de esa red delincuencial, como dijeron el procurador, Íñigo Salvador y la fiscal Diana Salazar, era Rafael C., sentenciado a ocho años de prisión y hoy prófugo en Bélgica.

Hay que recordar cómo funcionaba esa estructura criminal: el exmandatario designaba autoridades de forma cíclica, consecutiva y recurrente para asegurar la continuidad de la estructura e implementó un mecanismo paralelo de recaudación de dinero para el pago de proveedores de su entonces organización política Alianza PAIS. Esto se hacía a través de su exasesora, Pamela M.

Rafael C. y sus cómplices utilizaron el dinero en cruce de facturas, en efectivo, en un préstamo personal, para campaña política, publicidad, convenciones, fiesta de cumpleaños del expresidente, la campaña Rafael Contigo, entre otros. Los pagos que recibían en esta trama de corrupción de las empresas eran desde $ 30.000 a $2’000.000. Por primera vez en la historia del país hay un caso de corrupción dirigido por las máximas dignidades: el exmandatario, ya condenado; y el exvicepresidente Jorge G. en la cárcel por otro caso similar. (I)