No es novedad este hecho: toda actividad económica que se realiza basándose en la extracción de recursos naturales, aunque se diga que se utilizará la tecnología más amigable posible con el ambiente, genera un nivel de alteración o daño irreparable en el entorno natural. Pero además, esa presión humana sobre los ecosistemas con vocación productiva, atenta contra la vida de sus pobladores, y contra las prácticas culturales que ahí se desarrollan.

En este sentido, el Ecuador ha sufrido profundamente (y lo sigue haciendo) los costos de esa realidad. Así, por ejemplo, fueron 26 los años que duró la concesión de la empresa petrolera Chevron Texaco (1964 y 1990) en la Amazonía ecuatoriana. Ese periodo se caracterizó por las malas prácticas extractivistas de la empresa (y del Gobierno de ese entonces que permitió que se desarrollen), que ocasionaron los más nocivos daños ambientales en el país.


El Estado ecuatoriano emprendió una demanda contra la empresa para que remedie el mal que produjo. Sin embargo, hace pocos días, Chevron inició una ofensiva mediática contra el país, en el marco del juicio que le entablaron comunidades indígenas de la Amazonía por la contaminación producida en el periodo en el que operó la empresa.

James Craig, vocero y abogado de la petrolera, señaló que nuestro país no posee una justicia independiente, por lo que no se pagará la indemnización de 19 mil millones, y para ello, publicó supuestas pruebas que sustentarían esa afirmación. Una vez más, estos hechos reflejan supremacía y arrogancia de las transnacionales frente a la soberanía económica y jurídica del Ecuador.


¿La empresa petrolera puede demostrar que el Gobierno actual influyó en la condena establecida en un tribunal de la provincia de Sucumbíos? ¿Los medios que repiten esa falsedad no entienden qué son los intereses nacionales?

Y este no es el único caso de abuso sobre nuestro país. Varias transnacionales petroleras demandaron al Estado ecuatoriano en arbitrajes internacionales y han exigido montos hasta cinco veces mayores a los que invirtieron en la exploración y explotación hidrocarburífera. La Procuraduría tiene 19 casos activos que resolver por 5.200 millones de dólares.