Hace una semana en la Asamblea Nacional se aprobaron dos proyectos de Ley que hay que destacarlos con fuerza, pues implican no solo un impulso al aparato productivo nacional, sino una fundamental oportunidad para concretar el tan anhelado cambio de la matriz productiva y el fortalecimiento de la soberanía de la política económica.

El primero se refiere al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la que se especifica que se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

Es decir, esta reforma tiene como propósito profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad, para lo cual se crea el Servicio Nacional de Contratación Pública en reemplazo del Instituto Nacional de Compras Públicas.

No olvidemos que los productos y materiales que circulan en el país no son abastecidos por el mercado nacional, sino que se importan en un 88%, quedando apenas el 12% para adquisiciones locales. En cifras reales, el 88% significa 8.000 millones de dólares en operaciones anuales en el exterior, incluidas las operaciones por régimen especial, conforme datos del Ministerio de Finanzas y del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

Por otra parte, también se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, que busca compensar los efectos de la renuncia del Ecuador al Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea) y que tiene como objetivo compensar la desmejora que podrían tener nuestros productos por el establecimiento de sanciones unilaterales o, a su vez, por la imposición de aranceles. Por lo que se establecerá una serie de incentivos, a través de abonos tributarios, con los cuales se puede cubrir o pagar lo relacionado con obligaciones tributarias y, al mismo tiempo, pueden ser negociados por los exportadores.

Estos dos proyectos normativos representan un gran paso para impulsar a las economías locales, pero además, redefinen las relaciones de poder menos asimétricas.