A mediados del siglo XIX, en la segunda fase de la Revolución Industrial, el mercado mundial empezó a integrarse y consolidarse como nunca antes se había visto o percibido: se emprende una acelerada tecnificación de las formas de producción, se amplían los canales de comunicación y transporte y se estimula la libre  circulación de bienes entre los países de los diferentes continentes.

Paralelo a estos procesos, se fue articulando una nueva división internacional del trabajo, que consistía en una categórica separación de las funciones de los países y, en este sentido, se los dividió en centrales y periféricos. Los primeros, eran (y algunos siguen siendo) los industrializados, mientras que los segundos se especializaron en la producción de materias primas y extracción de recursos naturales.

Esta reorganización del sistema económico mundial, también se dio al interior de cada país. Se generó una acentuada clasificación de las actividades económicas, de las cuales, había aquellas que no eran reconocidas como tal, como el trabajo doméstico o informal, u otras que estaban subvaloradas, como el sector artesanal. 

Es por eso que, atendiendo a las deudas históricas del sector laboral ecuatoriano, se ha planteado desde el Ejecutivo el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar, el pago mensual voluntario del decimotercer y decimocuarto sueldos para los sectores público y privado, entre otras propuestas que son parte de lo que será el nuevo Código Laboral.

En un enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa mencionó que el Código de Trabajo actual fue expedido en 1938, por lo que “ahora debe adaptarse a la nueva Constitución y a la realidad del sistema productivo, siempre con justicia social”.  Un ejemplo claro de la anacrónica composición del actual cuerpo normativo es que en el artículo 115, se habla de la exclusión de operarios y aprendices artesanales con respecto al pago de los décimos tercero y cuarto sueldos y utilidades.

Esta propuesta reconoce el trabajo sin relación de dependencia y lo que es más importante,  reconoce derechos y remuneraciones antes negados. Atrás quedó esa subvaloración de las actividades productivas que se asumían como “inferiores” y sin ningún impacto real en la economía.