Los riesgos de la minería ilegal

El fin de semana a nivel se produjo una balacera en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, sector en donde existe una concesión minera. De acuerdo con información oficial, atrás de ese enfrentamiento hay grupos de narcotraficantes y de guerrilleros que se disputan el territorio por su riqueza mineral. En el 2018 hubo una gran invasión. Unos 7.000 mineros llegaron desde diferentes sectores de Ecuador y de países vecinos. Actualmente, la situación es preocupante. Las autoridades aún no confirman los datos, pero se cree que hay varios heridos y una persona fallecida.
Lo que ocurre en ese lugar es un ejemplo del grave problema que representa la minería ilegal y que, pese a las políticas públicas implementadas, tiene gran presencia en el territorio nacional, incluyendo a la provincia del Azuay; las consecuencias de esa actividad son visibles en lugares como Ponce Enríquez, en donde la contaminación ha afectado seriamente al ambiente.
Unos de los ejes de la nueva política minera del país, presentada a inicios de este mes, se enfoca en la regulación y el combate a la minería ilegal. Esta actividad irregular tiene graves efectos, tanto a nivel ambiental como económico. Al no estar bajo una regulación, la práctica es antitécnica, no hay pago de tributos y mucho menos una remediación ambiental.
En Azuay poco se ha hablado de esta actividad, pese a que es un territorio que también es susceptible a la presencia de mineros que no tienen una estructura formal. Es necesario tomar precauciones para evitar que ocurra lo que ha pasado en lugares como la parroquia Buenos Aires, pues cuando los mineros son desplazados de un sector avanzan hacia otros para mantener su actividad. (O)
Uno de los ejes de la nueva política minera es el combate a la actividad ilegal, que requiere de un importante trabajo.  

Los riesgos de la minería ilegal

El fin de semana a nivel se produjo una balacera en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, sector en donde existe una concesión minera. De acuerdo con información oficial, atrás de ese enfrentamiento hay grupos de narcotraficantes y de guerrilleros que se disputan el territorio por su riqueza mineral. En el 2018 hubo una gran invasión. Unos 7.000 mineros llegaron desde diferentes sectores de Ecuador y de países vecinos. Actualmente, la situación es preocupante. Las autoridades aún no confirman los datos, pero se cree que hay varios heridos y una persona fallecida.
Lo que ocurre en ese lugar es un ejemplo del grave problema que representa la minería ilegal y que, pese a las políticas públicas implementadas, tiene gran presencia en el territorio nacional, incluyendo a la provincia del Azuay; las consecuencias de esa actividad son visibles en lugares como Ponce Enríquez, en donde la contaminación ha afectado seriamente al ambiente.
Unos de los ejes de la nueva política minera del país, presentada a inicios de este mes, se enfoca en la regulación y el combate a la minería ilegal. Esta actividad irregular tiene graves efectos, tanto a nivel ambiental como económico. Al no estar bajo una regulación, la práctica es antitécnica, no hay pago de tributos y mucho menos una remediación ambiental.
En Azuay poco se ha hablado de esta actividad, pese a que es un territorio que también es susceptible a la presencia de mineros que no tienen una estructura formal. Es necesario tomar precauciones para evitar que ocurra lo que ha pasado en lugares como la parroquia Buenos Aires, pues cuando los mineros son desplazados de un sector avanzan hacia otros para mantener su actividad. (O)
Uno de los ejes de la nueva política minera es el combate a la actividad ilegal, que requiere de un importante trabajo.