Siempre hubo la norma, pero los empresarios nunca la acataron. Desde hace 14 años la Ley del Consumidor obliga a las firmas a informar sobre el contenido de transgénicos en sus productos, lo cual no se ha cumplido. Sin embargo, fue en septiembre de 2013 cuando el superintendente de Control del Poder de Mercado, Pedro Páez, dispuso que se debe cumplir con la Ley, pues señaló que lo único que interesa al organismo regulador es que los consumidores puedan saber claramente si lo que están comprando es o no transgénico, quedando a criterio del comprador si opta o no por este bien, y expresó que, pese a las dificultades económicas que genera esta exigencia para los productores y comerciantes, los mercados no pueden responder a chantajes, por lo que no está dispuesto a aceptar que los distribuidores amenacen con un posible desabastecimiento solo para evitar desacatar la norma del etiquetado.

Este abuso de poder del mercado sobre la ciudadanía (pues ocultar información es jugar deslealmente con los consumidores) es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no hay un Estado regulador y mediador que transparente la forma en cómo trabajan y funcionan las firmas en un país.

Ahora le corresponderá a las empresas (por obligación) acatar esta norma en base a las nuevas disposiciones establecidas a inicios de este mes por el Ministerio de Industrias y Productividad, el cual dispuso como plazo para el etiquetado hasta el 15 de mayo de 2014, siempre y cuando se haya aprobado previamente un reglamento de cómo funcionaría esta norma a cargo del Ministerio de Salud.

Muchos han dicho que el etiquetado es innecesario, pues no hay pruebas científicas de que los productos transgénicos dañen la salud humana, sin embargo, y como señalaba el científico César Paz y Miño: “La literatura científica sobre Transgénicos (TG) registra datos a favor y en contra de su uso. Quienes defendemos la metodología transgénica como una opción a ser considerada para resolver problemas humanos, vemos cómo la discusión sobre su uso se centra en los aspectos políticos y financieros, más que en los argumentos científicos”. Es decir, hay un debate necesario por generar, pero esto no significa que se deba seguir ocultando información a los consumidores.