La trayectoria y el prestigio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entidad del sistema de las Naciones Unidas, se sustentan en años de investigación, en los aportes teóricos y de política pública para el desarrollo de los países de la región, y en la mirada de largo plazo que se sostiene en la rica base estadística que guarda. En su sede, en Santiago de Chile, fue recibido el presidente Rafael Correa la semana pasada y fue ahí donde la secretaria Alicia Bárcenas pronunció en su bienvenida tantos elogios a las políticas del Ecuador que el mismo Correa no lo esperaba (según mostró al iniciar su conferencia). 

Bárcenas mencionó los “importantes” logros en materia de reducción de la desigualdad y de pobreza y el crecimiento económico, pero lo que más llamó la atención fue su confesión de que la política de Correa para el “mundo laboral” les ha puesto a pensar en el empleo como la clave para reducir la desigualdad, y les “ha inspirado”. 

Casa adentro parece que el asombro es menor o que los cambios se han gestado de una manera fundamental, pero silenciosa. La existencia de un salario no “mínimo” sino “digno” que cubra la canasta básica, la política del pago de utilidades solo cuando en una empresa todos sus trabajadores ganen al menos el salario digno, el mejoramiento real de los ingresos o la eliminación de la tercerización (ovacionada por los chilenos que asistieron al discurso de Correa cuando recibió el doctorado honoris causa) son algunos de los ejemplos. Y ahora se plantean nuevos desafíos como generar más empleos ligados a la innovación, la ciencia y la tecnología, lo que está estrechamente vinculado con la educación y el cambio de la matriz productiva. A ello se suma la propuesta de Correa, hecha ante el auditorio de la Cepal y la Universidad de Santiago de Chile, de proponer a los países de la región establecer un “salario básico regional”. Y aunque la iniciativa no es nueva (Correa la ha planteado desde hace unos años), debería discutirse seriamente a nivel multilateral. 

Si las transformaciones han sido posibles gracias a la visión y a la acción política del Gobierno sin necesidad de una nueva ley laboral, se abren muchas expectativas de lo que podría plantearse en el nuevo Código del Trabajo.