El anuncio del presidente Rafael Correa sobre su apoyo a la reelección indefinida, a través de una enmienda constitucional, eclipsó asuntos de gran importancia que también fueron mencionados durante el Informe a la Nación. Entre ellos están leyes que este año llegarán a la Asamblea Nacional y que ojalá puedan aprobarse y, por otro lado, el Primer Mandatario mencionó un proyecto clave para ampliar la superficie marítima y así aprovechar los recursos de esa zona. “El futuro del país está en el mar”, anticipó Correa.

Una vez fijadas las fronteras marítimas con nuestros vecinos, el siguiente paso será cristalizar el proyecto de delimitación de espacios marítimos. A través de estudios y en el marco de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar), el Gobierno buscará ampliar en al menos 100 mil km² la superficie marítima en el lado de la Cordillera de Carnegie y otros 100 mil km² en el sector de las Cordilleras de Colón y Cocos. El presidente calificó a esta iniciativa como “uno de los proyectos más importantes en la historia del Ecuador” y dijo que el potencial que tiene merece la atención de la ciudadanía y los medios de comunicación, y requiere una articulación planificada para cuando el proyecto se concrete estén listos los diferentes actores involucrados para generar conocimiento, nuevos emprendimientos y una nueva industria que tiene mucho por desarrollar. A orillas del Pacífico, pero a diferencia de Perú y Chile, Ecuador ha explotado poco los recursos marítimos.

Otro tema pendiente se refiere a las deudas con la Constitución de Montecristi. La normativa que permite instrumentar la Carta Magna quizás se ha demorado demasiado y en lo que queda del año se espera que leyes represadas vean la luz. Es el caso de legislaciones sobre recursos hídricos, uso del suelo, del trabajo, de seguridad social, del conocimiento, de patrimonio y culturas, y de movilidad humana, entre otras. La “abrumadora mayoría” del oficialismo en la Asamblea debe servir para promover el necesario debate, pero también para tomar decisiones porque la realidad avanza a ritmos que superan la tarea legislativa. Por eso, con casi 6 años de vigencia de la Constitución es necesario resolver la legislación en temas económicos y sociales tan cruciales como los de la agenda política.