Por décadas el Ecuador se acostumbró a la evasión tributaria, sin considerar que, por ejemplo, a través del pago de impuestos es posible aplicar el principio de que quien más tiene, más paga y, de esta manera, redistribuir la riqueza. 

La cultura tributaria que desde hace unos años se ha ido implantando en el país ha permitido no solo ampliar la base de contribuyentes, sino también recaudar de manera eficaz lo que corresponde para incrementar los ingresos fiscales, al punto de que los impuestos son hoy la primera fuente de financiamiento del presupuesto.

El caso de la Exportadora Bananera Noboa es emblemático para describir cómo empresas con ganancias multimillonarias han incumplido sus obligaciones tributarias, pero sobre todo, sus obligaciones con un país que les permitió erigirse como una de las firmas líderes en la venta de banano, el principal producto de exportación no petrolero. Su marca Bonita Bananas es, muchas veces, la embajadora de Ecuador en los supermercados del mundo.

Pero tras ese panorama tan boyante, la empresa creada en 1946 y hoy propiedad del cinco veces candidato presidencial y magnate, Álvaro Noboa Pontón; debe al fisco 266,2 millones de dólares. Para cobrar una primera parte de la deuda, el Servicio de Rentas Internas (SRI) inició acciones legales y remates de bienes. Sin embargo, la compañía alega irregularidades en el proceso e inclusive ha intentado, sin éxito, parar los remates ante las autoridades judiciales.

Mientras multimillonarias empresas buscan evadir sus obligaciones o alargar hasta lo imposible los procesos en las cortes, cualquier ciudadano común debe inclusive contratar contadores para cumplir puntual y correctamente con sus obligaciones ante el SRI.

La responsabilidad social a la que las empresas privadas apelan para posicionarse en el mercado debería empezar por el pago de tributos, sin olvidar, claro, el cumplimiento de otros aspectos como los derechos laborales, un tema en el que la Exportadora Bananera Noboa ha sido cuestionada.

El pago de impuestos no es una dádiva, sino parte de un pacto social mediante el cual, el Estado recauda tributos para financiar obras y proyectos de carácter colectivo.