En el Ecuador menos de la mitad de la población hace sus transacciones a través de una cuenta bancaria. A pesar de los esfuerzos de los bancos por llevar cada vez más sucursales o cajeros automáticos a zonas rurales o periféricas, buena parte de la ciudadanía se maneja (financieramente hablando) por fuera del sistema bancario. De otro lado, existen 17,5 millones de líneas telefónicas en el país —más que el número de habitantes—, y las ventajas de las nuevas tecnologías amplían su uso a más ámbitos de la vida humana.
Con esa base surge la idea del dinero electrónico no solo en el Ecuador sino en otros países del mundo como Paraguay, Perú, Kenia, Filipinas, por citar unos ejemplos. Buena parte de la ciudadanía tiene acceso a un teléfono celular, no así a una cuenta bancaria. Con el dinero electrónico se incluirán más personas a un sistema de pagos más sencillo, eficiente, seguro, que solo requiere de un mensaje de texto.

Los billetes se canjerarán, si así lo quiere el usuario, por dinero electrónico para ahorrar tiempo y comisiones, ganar seguridad a la hora de transportar efectivo, hacer transacciones inmediatas a cualquier hora del día, etc.

El proyecto es tan atractivo que nació en otras naciones por iniciativa del sector privado. Son empresas telefónicas, a veces aliadadas con bancos, las que ofrecen el servicio. En el Ecuador, el Banco Central organizará y respaldará el sistema y garantizará mínimos costos de operación.

Ese panorama se encontró la semana pasada con interrogantes (obvias ante la novedad de un proyecto como este), análisis, y lastimosamente también con reflexiones cargadas de especulaciones, ignorancia y hasta lo que en el argot popular se conoce como ‘mala leche’. Hay sectores que esperan cualquier proyecto para transformar sus diferencias políticas en escenarios catastróficos. También sospechan que su lucro se reduciría o sostienen que sería mejor que la empresa privada y no el Estado se encargue del sistema.

El proyecto genera tanta expectativa y preguntas que es necesario ampliar el conocimiento sobre el tema, generar debates y ofrecer información a la ciudadanía, para que exista claridad cuando arranque el funcionamiento del sistema, posiblemente a fin de año.