Llegó la hora. Durante meses, incluso años, de espera se aprobó la Ley de Aguas y, además, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el tan anunciado Código Monetario y Financiero. La decisión política de resolver 2 temas fundamentales en la economía nacional llevó al Gobierno y a los legisladores a considerar 2 normativas claves en la misma semana. Y mientras la una debió esperar casi 5 años, a la segunda le tomó menos tiempo y fue remitida con carácter de urgente, lo que implica que debe resolverse en 30 días.

En ambos temas se prevén dosis de conflictividad porque los actores afectados son visibles y están organizados. Por un lado, grupos indígenas y algunas organizaciones sociales iniciaron marchas en varias provincias con el objetivo de llegar a Quito y rechazar la nueva Ley de Aguas. En el otro caso, aún no se avizoran actividades de rechazo, pero es seguro que banqueros y afines tratarán de posicionar sus discursos y cuestionamientos, en especial, a través de los medios de comunicación que tradicionalmente se muestran ‘solidarios’ con sus intereses.

Así que la pugna empezará próximamente y, para ello, es importante conocer con claridad las propuestas y tratar de rastrear los discursos, de dónde vienen, quiénes serían los beneficiados y los perjudicados, cuáles son las temáticas más ásperas y cuáles son los objetivos de proponer esos cuerpos legales. En los 2 casos, una de las metas es ordenar a sectores que —por falta de normativa o por una caduca— venían gobernándose casi por sí solos.

La delicada línea entre un debate saludable y la alarma innecesaria ya se ha confundido en ocasiones anteriores con otros temas. De ahí la importancia de que la ciudadanía se involucre y sepa discriminar lo uno de lo otro, pero también de que se interese. Gracias a las nuevas tecnologías, los documentos completos de las 2 legislaciones se pueden encontrar en internet, así que solo basta un clic para conocer qué se está discutiendo.

Hace unos meses el presidente Rafael Correa anticipaba en una entrevista con EL TELÉGRAFO que el Código Monetario y Financiero representaría una “lucha política tenaz” por los actores políticos y financieros involucrados. Es necesario estar atentos a las manifestaciones de esa lucha.