Justicia investiga visita de asambleísta a exagente en prisión

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado respecto a la visita de la asambleísta Sofía Espín a la exagente Diana F., procesada por el caso Balda y que guarda prisión.
Foto: Archivo

La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, se refirió al caso relacionado con la visita de la asambleísta Sofía Espín a un testigo protegido en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito.

"El Sistema de Rehabilitación Social cuenta con un régimen de visitas ordinarias y extraordinarias, para todos los casos se debe cumplir con lo establecido en dicho régimen y previa autorización de las personas privada de la libertad", apunta un comunicado del Ministerio de Justicia. 

"La asambleísta Espín debió seguir los protocolos de seguridad y régimen de visitas respectivos. Si no se ha cumplido, esta cartera de Estado tomará las acciones administrativas correspondientes contra los servidores públicos responsables", finaliza el documento.

Consultada al respecto, la ministra Romo afirmó: "El sistema de cárceles, de centros de rehabilitación, no tiene relación con el Ministerio del Interior. Pero mi opinión como abogada es que si una persona se acerca a tratar de modificar o conversar con un testigo protegido podría estar obstruyendo la justicia, podría estar interfiriendo con un proceso penal".

A su criterio, cualquier persona podría verse en medio de esta acusación porque un testigo protegido no puede ser amenazado o abordado por alguien. "Es muy grave porque este es un caso del cual todo el país está pendiente, en el cual, según la Fiscalía General del Estado, estaría implicado, incluso, el expresidente de la República", aclaró.

"Estamos hablando de un delito muy delicado y de una persona que colabora con la justicia, como un testigo protegido", añadió Romo.

"Entonces, que un funcionario público y una funcionaria de alto rango pretenda modificar la opinión, aparentemente, de este testigo es un caso grave que, incluso, podría acarrear responsabilidad penal, desde mi punto de vista como abogada", finalizó la titular del Ministerio del Interior.

Espín reiteró que su visita fue de carácter humanitario y advirtió de acciones legales contra quienes la acusan sin presentar pruebas de las presuntas presiones a la exagente. "El asambleísta que diga eso que presente las pruebas, la Ministra del Interior que diga eso, que presente las pruebas, espero las pruebas y me defenderé, y también iniciaré acciones legales contra quienes están diciendo mentiras".

La Fiscalía también ha anunciado una investigación de la visita. La denuncia se dio el martes 25 de septiembre de 2018, en la que se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Balda.

En esta causa están procesadas cuatro personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa. Diana F. cumple medida privativa de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito. (I) 

Justicia investiga visita de asambleísta a exagente en prisión

Foto: Archivo

La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, se refirió al caso relacionado con la visita de la asambleísta Sofía Espín a un testigo protegido en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito.

"El Sistema de Rehabilitación Social cuenta con un régimen de visitas ordinarias y extraordinarias, para todos los casos se debe cumplir con lo establecido en dicho régimen y previa autorización de las personas privada de la libertad", apunta un comunicado del Ministerio de Justicia. 

"La asambleísta Espín debió seguir los protocolos de seguridad y régimen de visitas respectivos. Si no se ha cumplido, esta cartera de Estado tomará las acciones administrativas correspondientes contra los servidores públicos responsables", finaliza el documento.

Consultada al respecto, la ministra Romo afirmó: "El sistema de cárceles, de centros de rehabilitación, no tiene relación con el Ministerio del Interior. Pero mi opinión como abogada es que si una persona se acerca a tratar de modificar o conversar con un testigo protegido podría estar obstruyendo la justicia, podría estar interfiriendo con un proceso penal".

A su criterio, cualquier persona podría verse en medio de esta acusación porque un testigo protegido no puede ser amenazado o abordado por alguien. "Es muy grave porque este es un caso del cual todo el país está pendiente, en el cual, según la Fiscalía General del Estado, estaría implicado, incluso, el expresidente de la República", aclaró.

"Estamos hablando de un delito muy delicado y de una persona que colabora con la justicia, como un testigo protegido", añadió Romo.

"Entonces, que un funcionario público y una funcionaria de alto rango pretenda modificar la opinión, aparentemente, de este testigo es un caso grave que, incluso, podría acarrear responsabilidad penal, desde mi punto de vista como abogada", finalizó la titular del Ministerio del Interior.

Espín reiteró que su visita fue de carácter humanitario y advirtió de acciones legales contra quienes la acusan sin presentar pruebas de las presuntas presiones a la exagente. "El asambleísta que diga eso que presente las pruebas, la Ministra del Interior que diga eso, que presente las pruebas, espero las pruebas y me defenderé, y también iniciaré acciones legales contra quienes están diciendo mentiras".

La Fiscalía también ha anunciado una investigación de la visita. La denuncia se dio el martes 25 de septiembre de 2018, en la que se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Balda.

En esta causa están procesadas cuatro personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa. Diana F. cumple medida privativa de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito. (I)