F. Cordero: Pregunta 3 afecta derechos y modifica la estructura del Estado

Fernando Cordero, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y actual Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, presentó el pasado miércoles, en Audiencia Pública ante la Corte Constitucional del Ecuador, su Amicus Curiae a la Consulta Popular planteada por el presidente Lenin Moreno.

Cordero realizó observaciones a la pregunta tres de la Consulta Popular que dice: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3.

El ex presidente de la Constituyente de Montecristi argumentó que dicha pregunta contiene tres preguntas en una: sobre reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, cesar en funciones a sus actuales miembros y crear un Consejo de Transición al cual se le deberán dar atribuciones.

Además, durante su exposición, resaltó obstáculos constitucionales para la pregunta, el primero es que la pregunta propone reestructurar al CPCCS, mientras que el Art. 207 de la Constitución indica que “el proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral a través de un concurso público de oposición y méritos correspondiente, con postulación, veeduría y derecho, a impugnación ciudadana de acuerdo con la ley”.

Otro de los obstáculos presentados es sobre la designación de las nuevas autoridades, indica Cordero, “la Constitución prevé qué, en ningún caso, la Función Legislativa podrá designar el reemplazo de los representantes de la Función de Transparencia y Control Social y que no se pueden crear tribunales de ocasión”

De la misma manera, Cordero resaltó que el artículo 205 dice claramente que los integrantes del CPPCS ejercerán funciones por cinco años y tendrán fuero de Corte, y que el poder legislativo, sin necesidad de consulta popular alguna “puede destituir a sus integrantes a través de un juicio político, a cualquier persona que integre la Función de Transparencia y Control Social”, por lo que al darle a un organismo transitorio solo le subroga funciones Asamblea Nacional y afecta a la estructura del Estado.

El expresidente de la Asamblea Constituyente y de la Asamblea Nacional dijo que en el caso de producirse la vacancia del CPCCS las 7 ternas que el presidente Moreno propone enviar, no podrían ser tramitadas por la Asamblea Nacional, porque existe una prohibición constitucional.

Expresó también que “nadie puede ser juzgado por tribunales de excepción o comisiones especiales", por lo que dar potestad al CCPPSS para evaluar el desempeño de los funcionarios de la Función de Transparencia y Control Social y anticipar la terminación de sus mandatos no es posible, porque el artículo 76 establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso.

“La pregunta restringe derechos y altera la estructura del Estado por 6 meses, porque dejaría que un organismo transitorio suplante a la Asamblea”, puntualizó. Y que el camino para tramitar un cambio en la Carta Magna es una Asamblea Nacional Constituyente. “Sería impensable que un organismo que vigila la Constitución y que tiene un sinnúmero de sentencias al respecto, pueda contradecirse a sí mismo”, resaltó Cordero.

“El espíritu de Montecristi está presente en la transformación de Ecuador en un Estado Constitucional de Derechos, la pregunta tres restringe derechos y altera la estructura del Estado. La Corte Constitucional debe resolver que la reforma planteada en la pregunta tres, solo podría tramitarse en una Asamblea Constituyente” concluyó.

DATO

Amicus Curiae

La figura Amicus Curiae es un recurso utilizado para presentar la opinión de un ciudadano en un litigio de carácter constitucional señalado en el Art. 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala que cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de Amicus Curiae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia.

F. Cordero: Pregunta 3 afecta derechos y modifica la estructura del Estado

Cordero realizó observaciones a la pregunta tres de la Consulta Popular que dice: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3.

El ex presidente de la Constituyente de Montecristi argumentó que dicha pregunta contiene tres preguntas en una: sobre reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, cesar en funciones a sus actuales miembros y crear un Consejo de Transición al cual se le deberán dar atribuciones.

Además, durante su exposición, resaltó obstáculos constitucionales para la pregunta, el primero es que la pregunta propone reestructurar al CPCCS, mientras que el Art. 207 de la Constitución indica que “el proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral a través de un concurso público de oposición y méritos correspondiente, con postulación, veeduría y derecho, a impugnación ciudadana de acuerdo con la ley”.

Otro de los obstáculos presentados es sobre la designación de las nuevas autoridades, indica Cordero, “la Constitución prevé qué, en ningún caso, la Función Legislativa podrá designar el reemplazo de los representantes de la Función de Transparencia y Control Social y que no se pueden crear tribunales de ocasión”

De la misma manera, Cordero resaltó que el artículo 205 dice claramente que los integrantes del CPPCS ejercerán funciones por cinco años y tendrán fuero de Corte, y que el poder legislativo, sin necesidad de consulta popular alguna “puede destituir a sus integrantes a través de un juicio político, a cualquier persona que integre la Función de Transparencia y Control Social”, por lo que al darle a un organismo transitorio solo le subroga funciones Asamblea Nacional y afecta a la estructura del Estado.

El expresidente de la Asamblea Constituyente y de la Asamblea Nacional dijo que en el caso de producirse la vacancia del CPCCS las 7 ternas que el presidente Moreno propone enviar, no podrían ser tramitadas por la Asamblea Nacional, porque existe una prohibición constitucional.

Expresó también que “nadie puede ser juzgado por tribunales de excepción o comisiones especiales", por lo que dar potestad al CCPPSS para evaluar el desempeño de los funcionarios de la Función de Transparencia y Control Social y anticipar la terminación de sus mandatos no es posible, porque el artículo 76 establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso.

“La pregunta restringe derechos y altera la estructura del Estado por 6 meses, porque dejaría que un organismo transitorio suplante a la Asamblea”, puntualizó. Y que el camino para tramitar un cambio en la Carta Magna es una Asamblea Nacional Constituyente. “Sería impensable que un organismo que vigila la Constitución y que tiene un sinnúmero de sentencias al respecto, pueda contradecirse a sí mismo”, resaltó Cordero.

“El espíritu de Montecristi está presente en la transformación de Ecuador en un Estado Constitucional de Derechos, la pregunta tres restringe derechos y altera la estructura del Estado. La Corte Constitucional debe resolver que la reforma planteada en la pregunta tres, solo podría tramitarse en una Asamblea Constituyente” concluyó.

DATO

Amicus Curiae

La figura Amicus Curiae es un recurso utilizado para presentar la opinión de un ciudadano en un litigio de carácter constitucional señalado en el Art. 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala que cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de Amicus Curiae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia.