Confusión por exigencia del pasado judicial

Los venezolanos se quedan en la frontera entre Colombia y Ecuador porque ignoran que deben llevar el pasado judicial.

La comunidad venezolana está confundida ante la medida del Gobierno de pedirles el pasado de antecedentes penales apostillados, cuando este requisito había sido anulado. Ahora, es nuevamente obligatorio.

La comunidad venezolana se muestra confusa ante los nuevos requisitos exigidos por el Gobierno de Ecuador para ingresar al país, anunciados a raíz de un femicidio, y que ya están provocando la reducción del flujo de entradas a un millar diarios.


El crimen machista cometido por un venezolano con antecedentes en Ibarra, el pasado 19 de enero contra su pareja embarazada, provocó una oleada de reacciones, ataques xenófobos y llevó al Ejecutivo a anunciar nuevas medidas.


El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, avanzó dos días después que se exigiría el pasado judicial apostillado a los venezolanos que ingresaran en la nación tras asegurar que se habían agotado “todos los esfuerzos” y que “Venezuela se niega a entregar bases de datos que permitan verificar la información de quienes llegan al país”.


Sin embargo, por circunstancias no aclaradas por las autoridades, la entrada en vigor de la disposición, que recibió críticas por parte de grupos de derechos humanos, no se produjo hasta el viernes.


Como base, un acuerdo interministerial que data del pasado agosto ya exigía, concretamente a los venezolanos, el certificado de antecedentes penales del país de origen o residencia de los últimos cinco años, “apostillado o legalizado”.


“Este acuerdo ministerial recordemos que fue dado de baja a través de acciones de protección que se presentaron en 2018”, explicó Eduardo Febres, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior.
 Sin embargo, Ecuador pide antecedentes apostillados a los venezolanos, por soberanía. (I)

Confusión por exigencia del pasado judicial

Los venezolanos se quedan en la frontera entre Colombia y Ecuador porque ignoran que deben llevar el pasado judicial.

La comunidad venezolana está confundida ante la medida del Gobierno de pedirles el pasado de antecedentes penales apostillados, cuando este requisito había sido anulado. Ahora, es nuevamente obligatorio.

La comunidad venezolana se muestra confusa ante los nuevos requisitos exigidos por el Gobierno de Ecuador para ingresar al país, anunciados a raíz de un femicidio, y que ya están provocando la reducción del flujo de entradas a un millar diarios.


El crimen machista cometido por un venezolano con antecedentes en Ibarra, el pasado 19 de enero contra su pareja embarazada, provocó una oleada de reacciones, ataques xenófobos y llevó al Ejecutivo a anunciar nuevas medidas.


El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, avanzó dos días después que se exigiría el pasado judicial apostillado a los venezolanos que ingresaran en la nación tras asegurar que se habían agotado “todos los esfuerzos” y que “Venezuela se niega a entregar bases de datos que permitan verificar la información de quienes llegan al país”.


Sin embargo, por circunstancias no aclaradas por las autoridades, la entrada en vigor de la disposición, que recibió críticas por parte de grupos de derechos humanos, no se produjo hasta el viernes.


Como base, un acuerdo interministerial que data del pasado agosto ya exigía, concretamente a los venezolanos, el certificado de antecedentes penales del país de origen o residencia de los últimos cinco años, “apostillado o legalizado”.


“Este acuerdo ministerial recordemos que fue dado de baja a través de acciones de protección que se presentaron en 2018”, explicó Eduardo Febres, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior.
 Sin embargo, Ecuador pide antecedentes apostillados a los venezolanos, por soberanía. (I)