Código de Planificación y Finanzas Públicas listo en el Ejecutivo

El documento está contenido en 103 artículos, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final; este será el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que deberá tramitar el pleno de la Asamblea Nacional al retorno del receso legislativo, que sería enviado por el Presidente Correa, con el carácter de urgente en materia económica.

El objetivo es definir, organizar, normar, aplicar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del Sector Público, en el marco del régimen de desarrollo, del buen vivir, de las garantías y derechos constitucionales.

Para la aplicación de este Código, se atenderá a las siguientes orientaciones: contribuir a la garantía de derechos de los ciudadanos a través de las políticas públicas, la asignación equitativa de los recursos públicos y la gestión para resultados; fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la política pública que reconozca la diversidad de identidades; aportar a la construcción de un sistema económico social, solidario y sostenible, que reconozca las distintas formas de producción y de trabajo, promueva la transformación de estructura económica primario-extractivista-exportadora, las formas de acumulación de riqueza y la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo.

Promover un ordenamiento territorial equilibrado, en el marco de la unidad del Estado, que reconozca la función social y ambiental de la propiedad y que garantice un reparto equitativo de las cargas y beneficios de las intervenciones públicas y privadas; fortalecer el proceso de construcción del Estado plurinacional e intercultural, y contribuir al ejercicio de derechos de los pueblos, nacionalidades y comunidades; fortalecer la soberanía nacional y la integración latinoamericana a través de las decisiones de política pública; y propiciar a través de la política pública, la convivencia armónica con la naturaleza, su recuperación y conservación.

Las disposiciones de la presente norma regulan el ciclo de las políticas públicas, en todas sus fases, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos financieros públicos que estén fuera de éstos, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público y los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Se someterán a este Código todas las entidades del Sector Público, definidas como tales en los artículos 225 y 315 de la Constitución de la República.
En lo relacionado al título de la planificación del desarrollo se determina que este se orientará hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen del desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo.

La planificación nacional es responsabilidad y competencia de la Función Ejecutiva. Se la ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos y las políticas del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las políticas y planes sectoriales de la función ejecutiva, los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno y otros instrumentos que formen parte del Sistema.

Para el ejercicio de esta competencia, el Presidente de la República podrá disponer la forma en que la Función Ejecutiva se organiza institucional y territorialmente.

Los lineamientos y políticas que orientan el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa incluirán obligatoriamente las directrices que hagan efectiva la consolidación del Estado Plurinacional e Intercultural y la garantía de derechos de los pueblos y nacionalidades.

La planificación y el ordenamiento territorial regional, provincial, cantonal y parroquial, así como la de los regímenes especiales, son competencias exclusivas de sus respectivos órganos de gobierno, y se ejercerá a través de sus planes y demás instrumentos, en articulación y coordinación entre niveles de gobierno y con la planificación nacional, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. La titularidad de estas competencias no excluirá el ejercicio concurrente de su gestión con el Estado Central y con otros niveles de gobierno.

La planificación y el ordenamiento territorial en los gobiernos autónomos descentralizados deberán incluir las prioridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Los ciudadanos y ciudadanas, colectividades y diversas formas organizativas tienen el derecho de participar en el proceso de planificación del desarrollo; para lo cual se aplicarán los mecanismos de participación ciudadana definidos en este Código.

Se determina que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, constituye el conjunto de principios, procesos, relaciones, entidades, instrumentos, normativa y demás elementos que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales, para planificar el desarrollo nacional y territorial en todos los niveles de gobierno.

Es objetivo del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que las políticas públicas: contribuyan al cumplimiento progresivo de los derechos Constitucionales; contribuyan al cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo y las disposiciones del régimen del buen vivir, definidos en la Constitución de la República; y, que la gestión pública se oriente al logro de resultados.

La normativa determina que las entidades que organizan el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa son: el Consejo Nacional de Planificación, la Secretaría Técnica del Sistema, y los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los Consejos Ciudadanos, los Consejos Nacionales de la Igualdad, los Consejos Consultivos y las demás entidades del sector público forman parte del Sistema.

El Consejo Nacional de Planificación es el organismo superior de gobierno del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y tendrá personería jurídica de derecho público.

Su naturaleza y conformación responderá a los principios constitucionales de plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos, en el marco de las disposiciones del régimen del buen vivir y del régimen de desarrollo.

El Consejo Nacional de Planificación estará conformado por los siguientes miembros, quienes actuarán con voz y voto: el Presidente de la República, quien lo preside y tendrá voto dirimente; cuatro representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, uno por cada entidad asociativa; siete delegados de la función ejecutiva con rango de ministros de Estado, designados por el presidente de la República, provenientes de las áreas enunciadas anteriormente; cuatro representantes de la sociedad civil, designados por Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.

El Secretario Técnico del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, quien en ausencia del Presidente de la República presidirá el Consejo.

Actuará como secretario del consejo el funcionario que designe el Secretario Técnico del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación. Sus funciones serán definidas en el Reglamento del presente Código.

El Consejo Nacional de Planificación cumplirá las siguientes funciones: dictar los lineamientos y políticas que orienten y consoliden el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, incorporando los principios de plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos conocer y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo a propuesta del Presidente de la República; conocer los resultados de la evaluación anual del Plan Nacional de Desarrollo; establecer los correctivos necesarios para optimizar el logro de los objetivos del régimen de desarrollo y del régimen del buen vivir; dictar resoluciones para el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa; y, las demás que la ley u otros instrumentos normativos le asignen.

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados existirán de manera obligatoria Consejos de Planificación. Su naturaleza y conformación responderá al principio constitucionales de, interculturalidad y garantía de derechos, en el marco de las disposiciones del régimen del buen vivir y del régimen de desarrollo; y, de la planificación nacional.

Los consejos de planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del Gobierno Autónomo Descentralizado. Estarán integrados por: la máxima autoridad del ejecutivo local, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente, cuatro representantes del ejecutivo local; un representante del legislativo local; dos representantes delegados por las asambleas locales (verificar el nombre y el número); y, un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones.

El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, en el ámbito definido en este Código.

Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la asignación de los recursos públicos, y la formulación, programación y ejecución el Presupuesto General del Estado.

Los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de las empresas públicas, de la banca pública y de la seguridad social se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo sin menoscabo de sus competencias y autonomías.

El plan coordina las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

El Plan Nacional de Desarrollo será formulado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, para un período de cuatro años, en estricto apego al programa de gobierno del Presidente electo.

El Presidente de la República tendrá un plazo de ciento cuarenta días contados desde el inicio del período de gobierno para presentar el Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo Nacional de Planificación, quien lo analizará y aprobará en un plazo máximo de diez días, mediante resolución.

Mientras no se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, no se podrán presentar la programación presupuestaria cuatrianual ni la proforma presupuestaria, salvo para el año en que se posesiona el Presidente de la República, período en que estará vigente el plan anterior.

Si el Plan Nacional de Desarrollo no fuera aprobado por el Consejo Nacional de Planificación en el plazo previsto en esta norma, entrará en vigencia por mandato de esta ley.

Una vez aprobado, el Plan Nacional de Desarrollo será remitido a la Asamblea Nacional para su conocimiento.

Se determina que la Estrategia Territorial Nacional es el instrumento de planificación que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Orienta las decisiones de ordenamiento territorial de escala nacional definidas por las entidades rectoras de la Función Ejecutiva.

Para la aplicación de este Código, se entenderá por inversión pública al conjunto de egresos y / o transacciones, que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar los acervos de capacidades de la sociedad, con la finalidad de cumplir los objetivos de los planes de desarrollo.

Con excepción de los gastos de mantenimiento, la inversión pública comprenderá únicamente gastos de carácter no permanente.

Se entiende por cooperación internacional no reembolsable al mecanismo por el cual Ecuador da, recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y tecnología, con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de los objetivos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

La Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente ley deberá crear el Banco de Proyectos. Además, en el plazo de 60 días contados a partir de la vigencia de la normativa legal deberá dictar los instrumentos y metodologías necesarias y complementarias para la formulación de los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, así como su forma de seguimiento y evaluación.

Hasta el 31 de diciembre de 2011, los gobiernos autónomos descentralizados, deberán formular los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial conforme las disposiciones constantes en la presente norma, o adecuarán los contenidos de desarrollo y ordenamiento territorial en los instrumentos vigentes que tengan, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Mientras los gobiernos autónomos descentralizados adecuan los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en los términos y plazos previstos en este código, regirán los planes existentes y aprobados.

En el plazo de en el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente ley, el Ejecutivo dictará el Reglamento de aplicación del presente Código.

El proyecto, una vez que sea enviado a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo, deberá ser tramitado por la Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta, Francisco Velasco (PAIS).

Quito.


 

Código de Planificación y Finanzas Públicas listo en el Ejecutivo

El objetivo es definir, organizar, normar, aplicar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del Sector Público, en el marco del régimen de desarrollo, del buen vivir, de las garantías y derechos constitucionales.

Para la aplicación de este Código, se atenderá a las siguientes orientaciones: contribuir a la garantía de derechos de los ciudadanos a través de las políticas públicas, la asignación equitativa de los recursos públicos y la gestión para resultados; fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la política pública que reconozca la diversidad de identidades; aportar a la construcción de un sistema económico social, solidario y sostenible, que reconozca las distintas formas de producción y de trabajo, promueva la transformación de estructura económica primario-extractivista-exportadora, las formas de acumulación de riqueza y la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo.

Promover un ordenamiento territorial equilibrado, en el marco de la unidad del Estado, que reconozca la función social y ambiental de la propiedad y que garantice un reparto equitativo de las cargas y beneficios de las intervenciones públicas y privadas; fortalecer el proceso de construcción del Estado plurinacional e intercultural, y contribuir al ejercicio de derechos de los pueblos, nacionalidades y comunidades; fortalecer la soberanía nacional y la integración latinoamericana a través de las decisiones de política pública; y propiciar a través de la política pública, la convivencia armónica con la naturaleza, su recuperación y conservación.

Las disposiciones de la presente norma regulan el ciclo de las políticas públicas, en todas sus fases, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos financieros públicos que estén fuera de éstos, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público y los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Se someterán a este Código todas las entidades del Sector Público, definidas como tales en los artículos 225 y 315 de la Constitución de la República.
En lo relacionado al título de la planificación del desarrollo se determina que este se orientará hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen del desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo.

La planificación nacional es responsabilidad y competencia de la Función Ejecutiva. Se la ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos y las políticas del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las políticas y planes sectoriales de la función ejecutiva, los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno y otros instrumentos que formen parte del Sistema.

Para el ejercicio de esta competencia, el Presidente de la República podrá disponer la forma en que la Función Ejecutiva se organiza institucional y territorialmente.

Los lineamientos y políticas que orientan el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa incluirán obligatoriamente las directrices que hagan efectiva la consolidación del Estado Plurinacional e Intercultural y la garantía de derechos de los pueblos y nacionalidades.

La planificación y el ordenamiento territorial regional, provincial, cantonal y parroquial, así como la de los regímenes especiales, son competencias exclusivas de sus respectivos órganos de gobierno, y se ejercerá a través de sus planes y demás instrumentos, en articulación y coordinación entre niveles de gobierno y con la planificación nacional, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. La titularidad de estas competencias no excluirá el ejercicio concurrente de su gestión con el Estado Central y con otros niveles de gobierno.

La planificación y el ordenamiento territorial en los gobiernos autónomos descentralizados deberán incluir las prioridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Los ciudadanos y ciudadanas, colectividades y diversas formas organizativas tienen el derecho de participar en el proceso de planificación del desarrollo; para lo cual se aplicarán los mecanismos de participación ciudadana definidos en este Código.

Se determina que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, constituye el conjunto de principios, procesos, relaciones, entidades, instrumentos, normativa y demás elementos que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales, para planificar el desarrollo nacional y territorial en todos los niveles de gobierno.

Es objetivo del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que las políticas públicas: contribuyan al cumplimiento progresivo de los derechos Constitucionales; contribuyan al cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo y las disposiciones del régimen del buen vivir, definidos en la Constitución de la República; y, que la gestión pública se oriente al logro de resultados.

La normativa determina que las entidades que organizan el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa son: el Consejo Nacional de Planificación, la Secretaría Técnica del Sistema, y los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los Consejos Ciudadanos, los Consejos Nacionales de la Igualdad, los Consejos Consultivos y las demás entidades del sector público forman parte del Sistema.

El Consejo Nacional de Planificación es el organismo superior de gobierno del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y tendrá personería jurídica de derecho público.

Su naturaleza y conformación responderá a los principios constitucionales de plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos, en el marco de las disposiciones del régimen del buen vivir y del régimen de desarrollo.

El Consejo Nacional de Planificación estará conformado por los siguientes miembros, quienes actuarán con voz y voto: el Presidente de la República, quien lo preside y tendrá voto dirimente; cuatro representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, uno por cada entidad asociativa; siete delegados de la función ejecutiva con rango de ministros de Estado, designados por el presidente de la República, provenientes de las áreas enunciadas anteriormente; cuatro representantes de la sociedad civil, designados por Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.

El Secretario Técnico del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, quien en ausencia del Presidente de la República presidirá el Consejo.

Actuará como secretario del consejo el funcionario que designe el Secretario Técnico del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación. Sus funciones serán definidas en el Reglamento del presente Código.

El Consejo Nacional de Planificación cumplirá las siguientes funciones: dictar los lineamientos y políticas que orienten y consoliden el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, incorporando los principios de plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos conocer y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo a propuesta del Presidente de la República; conocer los resultados de la evaluación anual del Plan Nacional de Desarrollo; establecer los correctivos necesarios para optimizar el logro de los objetivos del régimen de desarrollo y del régimen del buen vivir; dictar resoluciones para el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa; y, las demás que la ley u otros instrumentos normativos le asignen.

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados existirán de manera obligatoria Consejos de Planificación. Su naturaleza y conformación responderá al principio constitucionales de, interculturalidad y garantía de derechos, en el marco de las disposiciones del régimen del buen vivir y del régimen de desarrollo; y, de la planificación nacional.

Los consejos de planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del Gobierno Autónomo Descentralizado. Estarán integrados por: la máxima autoridad del ejecutivo local, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente, cuatro representantes del ejecutivo local; un representante del legislativo local; dos representantes delegados por las asambleas locales (verificar el nombre y el número); y, un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones.

El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, en el ámbito definido en este Código.

Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la asignación de los recursos públicos, y la formulación, programación y ejecución el Presupuesto General del Estado.

Los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de las empresas públicas, de la banca pública y de la seguridad social se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo sin menoscabo de sus competencias y autonomías.

El plan coordina las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

El Plan Nacional de Desarrollo será formulado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, para un período de cuatro años, en estricto apego al programa de gobierno del Presidente electo.

El Presidente de la República tendrá un plazo de ciento cuarenta días contados desde el inicio del período de gobierno para presentar el Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo Nacional de Planificación, quien lo analizará y aprobará en un plazo máximo de diez días, mediante resolución.

Mientras no se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, no se podrán presentar la programación presupuestaria cuatrianual ni la proforma presupuestaria, salvo para el año en que se posesiona el Presidente de la República, período en que estará vigente el plan anterior.

Si el Plan Nacional de Desarrollo no fuera aprobado por el Consejo Nacional de Planificación en el plazo previsto en esta norma, entrará en vigencia por mandato de esta ley.

Una vez aprobado, el Plan Nacional de Desarrollo será remitido a la Asamblea Nacional para su conocimiento.

Se determina que la Estrategia Territorial Nacional es el instrumento de planificación que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Orienta las decisiones de ordenamiento territorial de escala nacional definidas por las entidades rectoras de la Función Ejecutiva.

Para la aplicación de este Código, se entenderá por inversión pública al conjunto de egresos y / o transacciones, que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar los acervos de capacidades de la sociedad, con la finalidad de cumplir los objetivos de los planes de desarrollo.

Con excepción de los gastos de mantenimiento, la inversión pública comprenderá únicamente gastos de carácter no permanente.

Se entiende por cooperación internacional no reembolsable al mecanismo por el cual Ecuador da, recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y tecnología, con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de los objetivos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

La Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente ley deberá crear el Banco de Proyectos. Además, en el plazo de 60 días contados a partir de la vigencia de la normativa legal deberá dictar los instrumentos y metodologías necesarias y complementarias para la formulación de los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, así como su forma de seguimiento y evaluación.

Hasta el 31 de diciembre de 2011, los gobiernos autónomos descentralizados, deberán formular los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial conforme las disposiciones constantes en la presente norma, o adecuarán los contenidos de desarrollo y ordenamiento territorial en los instrumentos vigentes que tengan, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Mientras los gobiernos autónomos descentralizados adecuan los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en los términos y plazos previstos en este código, regirán los planes existentes y aprobados.

En el plazo de en el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente ley, el Ejecutivo dictará el Reglamento de aplicación del presente Código.

El proyecto, una vez que sea enviado a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo, deberá ser tramitado por la Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta, Francisco Velasco (PAIS).

Quito.