Estado de Excepción en análisis

En la Asamblea se conformó la bancada Progresista de Izquierda y Plurinacional de Derechos integrada por los legisladores de Pachakutik, Movimiento Popular Democrático y los independientes: Fernando González, César Rodríguez y Nivea Vélez, quienes hoy, en la sesión del Pleno, plantearán la revocatoria del Decreto Ejecutivo 872 que declara el Estado de Excepción en la Función Judicial.
Los asambleístas Marco Terán y Nivea Vélez expusieron sus puntos de vista ante la posibilidad de pedir la revocatoria del Estado de Excepción. API

De acuerdo a la legisladora Vélez, existe una clara violación a la autonomía administrativa y financiera de la Función Judicial, como lo estipula la Constitución.


“Solicitamos, en primer lugar, revocar inmediatamente el Estado de Excepción. En segundo lugar estamos pidiendo que se investigue cuales son las razones para que se haya solicitado esta medida. En tercer lugar consideramos que es oportuno que el Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición comparezca al Pleno de la Asamblea para que nos indique los motivos de este pedido”, explicó Vélez.

 Ruptura

De su parte, César Rodríguez, indicó que el decreto constituye una ruptura fáctica del estado constitucional de derecho y anunció que iniciará la recolección de firmas para llamar al presidente del Consejo Transitorio, ya que, de acuerdo al legislador, se está haciendo un cambio de manos en la justicia.


“El juicio político va a probar el incumplimiento de funciones de un Consejo de la Judicatura que tenía la responsabilidad de transformar la justicia, y no la de someterse como una intendencia de asuntos judiciales a la Presidencia de la República”, afirmó.

 Riesgo
Nivea Vélez expuso su preocupación sobre el riesgo de que los 600 millones de dólares, al ser invertidos en esta emergencia, se van a usar de forma dolosa, como supuestamente ocurrió en el sector salud y vial.


“No es, como pretenden hacernos creer, la posibilidad de manejar recursos, sino también, la posibilidad, como dice en el propio decreto, de la movilidad de los funcionarios de la Función Judicial”.


El PRE confirmó sus votos para apoyar a la revocatoria, ya que según Abdalá Bucarán, es un error del Gobierno, quien asegura que cada vez se reedita las tácticas del régimen socialcristiano. “Creo  que la acción más constitucional sería demandar la inconstitucionalidad del decreto, pero que garantías tendríamos que actúen con independencia”, aseveró.

Mauro Andino justifica la medida adoptada

El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, enfatizó que el Estado de Excepción en la Función Judicial está plenamente justificado en lo que establece el artículo 164 de la Constitución, porque el sistema de justicia está a punto de colapsar, es decir, hay grave peligro de que se produzca una conmoción interna en el país.


“Es claro ver a madres de familia que no pueden cobrar las pensiones alimenticias, miles de presos sin sentencia, miles de procesados que han salido libres acogiéndose a la caducidad de la prisión preventiva, infractores sin sentencia, otros que deben ser sujetos a un proceso más allá de las 24 horas, a pesar de estar privados de la libertad, dijo el asambleísta al advertir que existen méritos suficientes para que el Presidente de la República haya declarado el Estado de Excepción en la Función Judicial. (VDS)

Quito.

Estado de Excepción en análisis

Los asambleístas Marco Terán y Nivea Vélez expusieron sus puntos de vista ante la posibilidad de pedir la revocatoria del Estado de Excepción. API

De acuerdo a la legisladora Vélez, existe una clara violación a la autonomía administrativa y financiera de la Función Judicial, como lo estipula la Constitución.


“Solicitamos, en primer lugar, revocar inmediatamente el Estado de Excepción. En segundo lugar estamos pidiendo que se investigue cuales son las razones para que se haya solicitado esta medida. En tercer lugar consideramos que es oportuno que el Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición comparezca al Pleno de la Asamblea para que nos indique los motivos de este pedido”, explicó Vélez.

 Ruptura

De su parte, César Rodríguez, indicó que el decreto constituye una ruptura fáctica del estado constitucional de derecho y anunció que iniciará la recolección de firmas para llamar al presidente del Consejo Transitorio, ya que, de acuerdo al legislador, se está haciendo un cambio de manos en la justicia.


“El juicio político va a probar el incumplimiento de funciones de un Consejo de la Judicatura que tenía la responsabilidad de transformar la justicia, y no la de someterse como una intendencia de asuntos judiciales a la Presidencia de la República”, afirmó.

 Riesgo
Nivea Vélez expuso su preocupación sobre el riesgo de que los 600 millones de dólares, al ser invertidos en esta emergencia, se van a usar de forma dolosa, como supuestamente ocurrió en el sector salud y vial.


“No es, como pretenden hacernos creer, la posibilidad de manejar recursos, sino también, la posibilidad, como dice en el propio decreto, de la movilidad de los funcionarios de la Función Judicial”.


El PRE confirmó sus votos para apoyar a la revocatoria, ya que según Abdalá Bucarán, es un error del Gobierno, quien asegura que cada vez se reedita las tácticas del régimen socialcristiano. “Creo  que la acción más constitucional sería demandar la inconstitucionalidad del decreto, pero que garantías tendríamos que actúen con independencia”, aseveró.

Mauro Andino justifica la medida adoptada

El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, enfatizó que el Estado de Excepción en la Función Judicial está plenamente justificado en lo que establece el artículo 164 de la Constitución, porque el sistema de justicia está a punto de colapsar, es decir, hay grave peligro de que se produzca una conmoción interna en el país.


“Es claro ver a madres de familia que no pueden cobrar las pensiones alimenticias, miles de presos sin sentencia, miles de procesados que han salido libres acogiéndose a la caducidad de la prisión preventiva, infractores sin sentencia, otros que deben ser sujetos a un proceso más allá de las 24 horas, a pesar de estar privados de la libertad, dijo el asambleísta al advertir que existen méritos suficientes para que el Presidente de la República haya declarado el Estado de Excepción en la Función Judicial. (VDS)

Quito.