Vicepresidente pide diálogo a indígenas y descarta privatizar el agua

El vicepresidente, Lenin Moreno, pidió hoy iniciar un proceso de diálogo a los indígenas, que protestan contra un proyecto de Ley de Recursos Hídricos, y descartó la privatización del agua como temen los manifestantes.
Los indígenas, provenientes de varias provincias, se concentraron durante la mañana en dos parques de Quito para iniciar luego una marcha hasta la sede de la Asamblea Nacional.

Quito, EFE.- Moreno, que ejerce temporalmente de jefe del Estado por la ausencia del presidente Rafael Correa, de visita en EE.UU., admitió que los indígenas tienen todo el derecho de manifestarse y expresar sus opiniones, pero advirtió que ello no supone que cierren carreteras o afecten otros servicios públicos.

Unos 6.000 campesinos e indígenas de diferentes partes del país se congregaron hoy en Quito para exigir a la Asamblea Nacional legislativa, que tramita la Ley de Aguas, que no incluya artículos que puedan dar paso a una eventual privatización de ese recurso.

Algunos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización social más importante de Ecuador, han advertido de que las movilizaciones se incrementarán de forma paulatina y no descartan un levantamiento en todo el país contra varias políticas del Gobierno.

"Los hermanos indígenas están ejerciendo el derecho a manifestarse, a expresar su forma de pensar. Lo que no tenemos derecho, nadie, es a privar a los otros seres humanos de un servicio como la vialidad o los servicios públicos, eso no tenemos derecho bajo ninguna circunstancia", dijo Moreno en declaraciones recogidas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Moreno remarcó que la Ley de Aguas no busca la privatización del recurso, sino todo lo contrario, pues subrayó que "las fuentes naturales no son propiedad de nadie, las fuentes naturales son de todos los ecuatorianos".

"Los hermanos indígenas podrían ser perfectamente los custodios de ese valor, que en el futuro va a ser mucho más importante que (el que tiene) el día de hoy", apuntó el vicepresidente.

Por ello, insistió en incentivar el diálogo con los antiguos aliados del Gobierno y dijo estar seguro de que "con los hermanos indígenas vamos a alcanzar un acuerdo" que ponga fin a los temores y dudas sobre la Ley que se tramita en el Legislativo.

De su lado, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, señaló que el Gobierno garantizará el debate democrático en torno al proyecto de Ley de Aguas.

Insistió en que ese cuerpo legal, impulsado por el Ejecutivo, no plantea la privatización de los recursos hídricos como teme la Conaie.

"Desgraciadamente algunas organizaciones han sido llamadas a movilizarse, mintiéndoles con el argumento de que se quiere introducir contenidos de carácter privatizador del agua", remarcó la ministra, al recordar que ese debate ya quedó superado en un diálogo anterior con los indígenas.

Soliz aclaró que el proyecto de ley amplía el campo de participación y respeto a los sistemas comunitarios de manejo del agua, pero también garantiza el rol del sector público para preservar el uso del líquido para el consumo humano, el riego y otras actividades productivas.

"El Ejecutivo ha agotado todos los esfuerzos para informar adecuadamente el contenido de la Ley", dijo la ministra, quien presume que algunos dirigentes indígenas han utilizado este asunto para proyectarse políticamente.

De su lado, Marlon Santi, presidente de la Conaie, que encabezó la marcha de protestas hasta la sede del Parlamento, indicó que "se están negociando leyes privatizadoras" del agua "a espaldas" del sector indígena y del pueblo.

Santi expresó que los indígenas y otras organizaciones sociales lucharán para impedir que la Ley de Aguas permita la privatización del recurso.

El presidente de la Asamblea Nacional legislativa, el oficialista Fernando Cordero, que recibió a una delegación de los indígenas, replicó a Santi y afirmó que "el agua no puede ser privada", entre otras cosas, porque "así lo establece la Constitución".

Cordero informó a los dirigentes indígenas de que se ha extendido el plazo para que la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional presente hasta el 25 de abril el informe para el segundo y definitivo debate sobre la Ley de Aguas.

"No aprobaremos jamás una ley que tenga algún elemento que pueda sugerir la privatización" del agua, agregó Cordero.

Vicepresidente pide diálogo a indígenas y descarta privatizar el agua

Los indígenas, provenientes de varias provincias, se concentraron durante la mañana en dos parques de Quito para iniciar luego una marcha hasta la sede de la Asamblea Nacional.

Quito, EFE.- Moreno, que ejerce temporalmente de jefe del Estado por la ausencia del presidente Rafael Correa, de visita en EE.UU., admitió que los indígenas tienen todo el derecho de manifestarse y expresar sus opiniones, pero advirtió que ello no supone que cierren carreteras o afecten otros servicios públicos.

Unos 6.000 campesinos e indígenas de diferentes partes del país se congregaron hoy en Quito para exigir a la Asamblea Nacional legislativa, que tramita la Ley de Aguas, que no incluya artículos que puedan dar paso a una eventual privatización de ese recurso.

Algunos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización social más importante de Ecuador, han advertido de que las movilizaciones se incrementarán de forma paulatina y no descartan un levantamiento en todo el país contra varias políticas del Gobierno.

"Los hermanos indígenas están ejerciendo el derecho a manifestarse, a expresar su forma de pensar. Lo que no tenemos derecho, nadie, es a privar a los otros seres humanos de un servicio como la vialidad o los servicios públicos, eso no tenemos derecho bajo ninguna circunstancia", dijo Moreno en declaraciones recogidas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Moreno remarcó que la Ley de Aguas no busca la privatización del recurso, sino todo lo contrario, pues subrayó que "las fuentes naturales no son propiedad de nadie, las fuentes naturales son de todos los ecuatorianos".

"Los hermanos indígenas podrían ser perfectamente los custodios de ese valor, que en el futuro va a ser mucho más importante que (el que tiene) el día de hoy", apuntó el vicepresidente.

Por ello, insistió en incentivar el diálogo con los antiguos aliados del Gobierno y dijo estar seguro de que "con los hermanos indígenas vamos a alcanzar un acuerdo" que ponga fin a los temores y dudas sobre la Ley que se tramita en el Legislativo.

De su lado, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, señaló que el Gobierno garantizará el debate democrático en torno al proyecto de Ley de Aguas.

Insistió en que ese cuerpo legal, impulsado por el Ejecutivo, no plantea la privatización de los recursos hídricos como teme la Conaie.

"Desgraciadamente algunas organizaciones han sido llamadas a movilizarse, mintiéndoles con el argumento de que se quiere introducir contenidos de carácter privatizador del agua", remarcó la ministra, al recordar que ese debate ya quedó superado en un diálogo anterior con los indígenas.

Soliz aclaró que el proyecto de ley amplía el campo de participación y respeto a los sistemas comunitarios de manejo del agua, pero también garantiza el rol del sector público para preservar el uso del líquido para el consumo humano, el riego y otras actividades productivas.

"El Ejecutivo ha agotado todos los esfuerzos para informar adecuadamente el contenido de la Ley", dijo la ministra, quien presume que algunos dirigentes indígenas han utilizado este asunto para proyectarse políticamente.

De su lado, Marlon Santi, presidente de la Conaie, que encabezó la marcha de protestas hasta la sede del Parlamento, indicó que "se están negociando leyes privatizadoras" del agua "a espaldas" del sector indígena y del pueblo.

Santi expresó que los indígenas y otras organizaciones sociales lucharán para impedir que la Ley de Aguas permita la privatización del recurso.

El presidente de la Asamblea Nacional legislativa, el oficialista Fernando Cordero, que recibió a una delegación de los indígenas, replicó a Santi y afirmó que "el agua no puede ser privada", entre otras cosas, porque "así lo establece la Constitución".

Cordero informó a los dirigentes indígenas de que se ha extendido el plazo para que la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional presente hasta el 25 de abril el informe para el segundo y definitivo debate sobre la Ley de Aguas.

"No aprobaremos jamás una ley que tenga algún elemento que pueda sugerir la privatización" del agua, agregó Cordero.