En las 'casas colectivas' residen 680 personas

Las luces rojas y azules de los patrulleros policiales se proyectaban en las viejas y despintadas paredes de las ‘casas colectivas’, ubicadas entre las calles Gómez Rendón, Calicuchima, Av. del Ejército y José Mascote, en el centro de Guayaquil.

Los destellos de las balizas iluminan también una de las angostas entradas a los bloques de más de 60 años de antigüedad. En el lado izquierdo del acceso se vislumbra un pasadizo estrecho -no entran ni 2 personas- que va hacia los departamentos que se encuentran en el borde de un gran patio interno y del otro lado una escalera conduce a los restantes 3 pisos. Los escalones están semidestruidos y en las paredes que los bordean hay un sinnúmero de grafitis.

No todos los focos valen, algunos tramos permanecen en tinieblas. En los condominios se observa más movimiento de lo común. Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, con camisetas blancas, se dividen en grupos y se distribuyen en los diferentes pisos. Llevan tableros con unas fichas para registrar los datos de todas las personas que viven en los 384 departamentos. A los jóvenes universitarios los acompañan policías y trabajadores de la empresa eléctrica y de suministro de agua potable y otros funcionarios. Cada quien tiene una revisión que hacer. A veces deben usar las linternas de sus celulares para evitar tropezar con algún objeto debido a la oscuridad.

Como ya es de noche es fácil saber que los inmuebles están ocupados, la mayoría, pues son pocas las ventanas con iluminación. César es uno de los habitantes del primer bloque. Desde antes de que oscureciera ayudaba a Yullet Erazo, directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a distribuir a los participantes del censo. Les daba ánimo a los estudiantes, pues varios parecían desconfiados y no se atrevían a entrar. “Tranquilos, aquí no les va a pasar nada”, les decía sonriendo. Ya cuando todos estaban en sus puestos temporales de trabajo, César caminaba a pocos metros de Erazo.

La funcionaria golpeaba moderadamente las puertas de las viviendas y se presentaba especificando su cargo. Les explicaba a los habitantes de los inmuebles lo que pasaba y por qué era necesario que proporcionaran los datos requeridos. “Si usted no da la información, ¿cómo se la va a tomar en cuenta cuando ya haya una medida?”, le expresaba enfática, pero amable a una mujer que se rehusaba a ayudar. La ciudadana no lo pensó mucho y dejó entrar a los encuestadores, primero a los estudiantes y luego a quienes revisaban los servicios básicos.

A dos puertas más allá, nadie salía. César le decía a Erazo que ahí habita una señora cuyos hijos viven en uno de los departamentos de arriba. Después de la insistencia, ‘Norma’ sale de su casa. Se mostraba un poco molesta y en ocasiones se burlaba del estudiante que le pregunta si cuenta con servicio telefónico, televisión por cable o internet. La primera vez le responde (como si fuera obvio) que no tenía, a la tercera le dice: “habla serio, pues”, con el tono de su voz un poco agresivo. El universitario respira con dificultad el mal oliente aire generado por los pozos rebosados y le responde cordialmente que él se regía a pedir los datos que constan en la ‘ficha de recolección de información’, como el bloque, número de departamento, piso, datos personales del entrevistado, servicios con los que cuenta, entre otros detalles.

Pedro Espinoza, de 81 años, observaba desde su casa. Su nieta, pese al alboroto, no dejaba de hacer las tareas del colegio. El adulto mayor cuenta que no quiere irse del sitio donde ha vivido la mayor parte de su vida, que irse del centro sería muy duro. “Yo quisiera que los remodelaran y que nos permitan seguir viviendo aquí”.

Julio César Quiñónez, gobernador de Guayas, especifica que es necesario conocer cuántos integrantes tiene cada familia, el tiempo que han vivido en el lugar, los datos económicos, edades, entre otros detalles. “Si están en edad escolar se verificará en las escuelas donde estudian y qué grados cursan. Además, otros detalles como qué uso se le ha dado al departamento: si alquilan o subarriendan y conocer si tienen otras propiedades. La decisión que tomemos dependerá de la información que recabemos. Hemos hablado de algunas probabilidades, como hacer aquí un hospital o un gran parque”, dice mientras camina y esquiva las aguas verdes estancadas en el patio.

El funcionario reitera que el lugar fue determinado como inhabitable en 2014. “Entre martes y miércoles (hoy) se dará la tabulación, el jueves y viernes se reunirá la mesa técnica para tomar una decisión”.

Yullet Erazo, del IESS, quien se detiene junto a Quiñónez, precisa que entre una de las anomalías es que los ocupantes “han tumbado paredes y unido 3 departamentos en uno solo”. Además, sostiene que hasta que no se conozcan los resultados del censo no se podrá elaborar un plan de pagos. (I)