Multa e inhabilitación por caso de fraude tributario

La Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó la sentencia por defraudación tributaria en contra de una empresa radicada en Cuenca. Miguel Arévalo EL TIEMPO

 La Corte Provincial del Azuay determinó que los representantes de la empresa ‘RU y RN’ deben pagar una multa de 39.400 dólares y su contadora estará inhabilitada de cumplir cualquier tipo de función por siete años, el equivalente a la pena de prisión tipificada en el Código Penal para el delito de defraudación tributaria.


La sentencia se da en torno a las investigaciones del Servicio de Rentas Internas, SRI, sobre la empresa sentenciada, cuyo socio principal mantenía contratos con la Municipalidad y la Prefectura, y compraba facturas a empresas fantasma para reducir sus declaraciones de impuestos.


El SRI espera recabar cerca de 230.000 dólares del dinero que la empresa sentenciada evadió en sus declaraciones de impuestos, mientras la Fiscalía investiga a las empresas fantasma utilizadas para el delito, y su posible  conexión con otros ilícitos. (I)

Multa e inhabilitación por caso de fraude tributario

La Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó la sentencia por defraudación tributaria en contra de una empresa radicada en Cuenca. Miguel Arévalo EL TIEMPO

 La Corte Provincial del Azuay determinó que los representantes de la empresa ‘RU y RN’ deben pagar una multa de 39.400 dólares y su contadora estará inhabilitada de cumplir cualquier tipo de función por siete años, el equivalente a la pena de prisión tipificada en el Código Penal para el delito de defraudación tributaria.


La sentencia se da en torno a las investigaciones del Servicio de Rentas Internas, SRI, sobre la empresa sentenciada, cuyo socio principal mantenía contratos con la Municipalidad y la Prefectura, y compraba facturas a empresas fantasma para reducir sus declaraciones de impuestos.


El SRI espera recabar cerca de 230.000 dólares del dinero que la empresa sentenciada evadió en sus declaraciones de impuestos, mientras la Fiscalía investiga a las empresas fantasma utilizadas para el delito, y su posible  conexión con otros ilícitos. (I)