Conmoción y alerta por violencia en el CRS Turi

Los hechos registrados en los centros de rehabilitación motivaron a las autoridades a analizar una declaratoria de estado de emergencia. El Vicepresidente anunció que militares se vincularán a los controles.

Una riña en el interior del pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Turi, que la tarde del domingo terminó con la vida de un privado de la libertad y con otro gravemente herido, encendió las alarmas de las instituciones en la ciudad.


La directora del centro, María Belén Cabrera, detalló que el hecho se registró cuando los reclusos hacían uso de los 90 minutos de esparcimiento en el patio y un grupo de ocho privados de la libertad agredieron a un reo a quien, a más de golpearlo, le propinaron 37 puñaladas.


Según relató la funcionaria uno de los policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, encargado de la seguridad de dicho pabellón, intentó disolver la agresión con el uso progresivo de la fuerza exigiéndoles que se detengan,  pero se vio en la necesidad de disparar gas pimienta para disiparlos. Sin embargo, el proyectil impactó al colombiano Santiago Andrés Vélez Montoya provocándole la muerte.


La funcionaria presume que el choque frecuente entre bandas que pugnan por el poder en el centro terminó en el intento de  homicidio. Dijo que una investigación determinará las verdaderas causas.


Reveló que el arma blanca utilizada en el ataque es de fabricación artesanal y que fue manufacturada por los agresores.
El teléfono móvil con el que se grabó el video que se viralizó horas después, fue entregado “voluntariamente por uno de los privados de la libertad”.


La directora reconoció que el ingreso de objetos prohibidos al centro es frecuente y que se harán revisiones más exhaustivas. También aseguró que investigan casos de corrupción al interior del centro.


El comandante subrogante de la Policía Nacional del Azuay, Mario Castro, señaló enfáticamente que el policía que disparó cumplió con el procedimiento, que no aceptarán que sea procesado y que lo respaldan en su accionar.


Según el oficial,  en los videos completos “se observa cómo el policía aplica el uso progresivo de la fuerza tal como ordena la norma”. Para él es urgente erradicar el ingreso de celulares, droga, chips, armas y otros objetos al CRS Turi.


Pronunciamientos
Por casos similares, uno de ellos el ocurrido el 7 de mayo en el CRS de Latacunga, el vicepresidente Otto Sonnenholzner señaló ayer en Guayaquil que tenía previsto reunirse para ver la posibilidad de declarar en emergencia los centro de rehabilitación del país y adelantó que una de las decisiones será vincular a personal militar a los controles  en las afueras de los centros penitenciarios.


Hasta la tarde de ayer los miembros de la Tercera División de Ejército Tarqui de Cuenca no recibían ningún comunicado oficial para actuar en el centro.
Con la medida también está de acuerdo la Ministra del Interior, María Paula Romo, para quien la vinculación militar permitirá reforzar la vigilancia de los pabellones de máxima seguridad.


El director nacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, Ernesto Pazmiño, coincide con la directora del CRS Turi, al señalar que hacen falta agentes de seguridad. A nivel nacional existen actualmente 1.500, pero se requiere de unos 4.000.


Proceso
Mientras tanto los privados de la libertad implicados en la agresión grupal, de los cuales ya ha sido reconocido Víctor G. J. como el ciudadano que agredió con el arma blanca, fueron trasladados la tarde de ayer hasta el Complejo Judicial para la audiencia de flagrancia. (I)


Cuenca. El CRS de Turi alberga a más 2.500 privados de la libertad provenientes de todas las provincias del país.
Seguridad. El CRS cuenta con 112 agentes de seguridad penitenciaria y 270 policías para la seguridad externa.
Agredido. El herido cumplía una sentencia de 16 años por dos delitos: homicidio y asesinato.

Conmoción y alerta por violencia en el CRS Turi

Los hechos registrados en los centros de rehabilitación motivaron a las autoridades a analizar una declaratoria de estado de emergencia. El Vicepresidente anunció que militares se vincularán a los controles.

Una riña en el interior del pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Turi, que la tarde del domingo terminó con la vida de un privado de la libertad y con otro gravemente herido, encendió las alarmas de las instituciones en la ciudad.


La directora del centro, María Belén Cabrera, detalló que el hecho se registró cuando los reclusos hacían uso de los 90 minutos de esparcimiento en el patio y un grupo de ocho privados de la libertad agredieron a un reo a quien, a más de golpearlo, le propinaron 37 puñaladas.


Según relató la funcionaria uno de los policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, encargado de la seguridad de dicho pabellón, intentó disolver la agresión con el uso progresivo de la fuerza exigiéndoles que se detengan,  pero se vio en la necesidad de disparar gas pimienta para disiparlos. Sin embargo, el proyectil impactó al colombiano Santiago Andrés Vélez Montoya provocándole la muerte.


La funcionaria presume que el choque frecuente entre bandas que pugnan por el poder en el centro terminó en el intento de  homicidio. Dijo que una investigación determinará las verdaderas causas.


Reveló que el arma blanca utilizada en el ataque es de fabricación artesanal y que fue manufacturada por los agresores.
El teléfono móvil con el que se grabó el video que se viralizó horas después, fue entregado “voluntariamente por uno de los privados de la libertad”.


La directora reconoció que el ingreso de objetos prohibidos al centro es frecuente y que se harán revisiones más exhaustivas. También aseguró que investigan casos de corrupción al interior del centro.


El comandante subrogante de la Policía Nacional del Azuay, Mario Castro, señaló enfáticamente que el policía que disparó cumplió con el procedimiento, que no aceptarán que sea procesado y que lo respaldan en su accionar.


Según el oficial,  en los videos completos “se observa cómo el policía aplica el uso progresivo de la fuerza tal como ordena la norma”. Para él es urgente erradicar el ingreso de celulares, droga, chips, armas y otros objetos al CRS Turi.


Pronunciamientos
Por casos similares, uno de ellos el ocurrido el 7 de mayo en el CRS de Latacunga, el vicepresidente Otto Sonnenholzner señaló ayer en Guayaquil que tenía previsto reunirse para ver la posibilidad de declarar en emergencia los centro de rehabilitación del país y adelantó que una de las decisiones será vincular a personal militar a los controles  en las afueras de los centros penitenciarios.


Hasta la tarde de ayer los miembros de la Tercera División de Ejército Tarqui de Cuenca no recibían ningún comunicado oficial para actuar en el centro.
Con la medida también está de acuerdo la Ministra del Interior, María Paula Romo, para quien la vinculación militar permitirá reforzar la vigilancia de los pabellones de máxima seguridad.


El director nacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, Ernesto Pazmiño, coincide con la directora del CRS Turi, al señalar que hacen falta agentes de seguridad. A nivel nacional existen actualmente 1.500, pero se requiere de unos 4.000.


Proceso
Mientras tanto los privados de la libertad implicados en la agresión grupal, de los cuales ya ha sido reconocido Víctor G. J. como el ciudadano que agredió con el arma blanca, fueron trasladados la tarde de ayer hasta el Complejo Judicial para la audiencia de flagrancia. (I)


Cuenca. El CRS de Turi alberga a más 2.500 privados de la libertad provenientes de todas las provincias del país.
Seguridad. El CRS cuenta con 112 agentes de seguridad penitenciaria y 270 policías para la seguridad externa.
Agredido. El herido cumplía una sentencia de 16 años por dos delitos: homicidio y asesinato.