Derechos Humanos en la consulta

Las apreciaciones en torno a las preguntas del referéndum y consulta popular no pasan únicamente por las consideraciones políticas o jurídicas.
Los albañiles constituyen un sector laboral que no es afiliado en gran parte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

César Zea, presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Azuay, ADHA, articula estos aspectos en un análisis que vincula los derechos fundamentales.

En cuanto a los ítems uno y dos, que plantean evitar la caducidad de la prisión preventiva cuando esta es intencional, y modificar la aplicación de las medidas sustitutivas a la privación de la libertad. Zea opina que al cambiar el sentido de las interrogantes, la Corte Constitucional impidió una regresión en la progresividad que se alcanzó con la Constitución de 2008, en esta materia.


Critica las propuestas originales del presidente Rafael Correa, porque pretendían, entre otras cosas, modificar los plazos razonables de la prisión preventiva. No obstante, dice, se incluyó variaciones en los textos y no incidirán en lo que estipula en la Carta Magna.


Las que si le preocupan son las preguntas cuatro y cinco, relacionadas a sustituir al Consejo de la Judicatura por una comisión tripartita para que reorganice la Función Judicial, y a cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura, con un pleno integrado por miembros de otros poderes del Estado, además de representantes del sistema de justicia.


“Si bien estas preguntas no atentan contra los Derechos Humanos, sí atentan contra principios fundamentales de la democracia, como la independencia de las funciones del Estado, con injerencia directa del Ejecutivo”, detalla.


Sobre las pregunta tres, que aborda la prohibición de que los accionistas y directivos de los medios de comunicación nacionales y de los bancos, no tengan otro tipo de actividades económicas, el representante de los Derechos Humanos en la provincia cree que de ganar el Sí no cambiará nada, porque esta veda consta ya en la Carta Política.


De la pregunta nueve, que mociona la creación de un consejo que regule los contenidos de los medios y establezca criterios de responsabilidad ulterior, considera que la pregunta es inútil porque hay un acuerdo entre todas las bancadas de la Asamblea Nacional para la existencia de dicha instancia.

 Incomprensibles
A las preguntas que sugieren prohibir los juegos de azar y los espectáculos públicos donde se matan animales, Zea las considera incompresibles. A la primera porque intenta limitar la libertad de decisión de una persona respecto a divertirse en un casino y a la otra porque, en el caso de las corridas de toros, lo único que se detendrá es la muerte del espécimen, no la tortura previa a la que es sometido.


En donde si ve un perjuicio es en la pregunta seis, que se refiere a tipificar como delito el enriquecimiento no justificado, asevera que se ataca a la presunción de inocencia, porque ahora un ciudadano tendrá que justificar sus bienes, cuando nadie es culpable de un delito hasta que demuestre lo contrario.


Su parecer ante el ítem 10, que busca tipificar como delito la no afiliación al Seguro Social por parte de los empleadores, cree que ya existen las sanciones para ello. Zea hubiese preferido que se propongan sanciones más drásticas a quienes sin afiliar a sus trabajadores, les descuentan del seguro, o para quienes se hacen pasar por artesanos y se deslindan de la responsabilidad de asegurar a sus obreros. 

Cuenca.

Derechos Humanos en la consulta

Los albañiles constituyen un sector laboral que no es afiliado en gran parte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

César Zea, presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Azuay, ADHA, articula estos aspectos en un análisis que vincula los derechos fundamentales.

En cuanto a los ítems uno y dos, que plantean evitar la caducidad de la prisión preventiva cuando esta es intencional, y modificar la aplicación de las medidas sustitutivas a la privación de la libertad. Zea opina que al cambiar el sentido de las interrogantes, la Corte Constitucional impidió una regresión en la progresividad que se alcanzó con la Constitución de 2008, en esta materia.


Critica las propuestas originales del presidente Rafael Correa, porque pretendían, entre otras cosas, modificar los plazos razonables de la prisión preventiva. No obstante, dice, se incluyó variaciones en los textos y no incidirán en lo que estipula en la Carta Magna.


Las que si le preocupan son las preguntas cuatro y cinco, relacionadas a sustituir al Consejo de la Judicatura por una comisión tripartita para que reorganice la Función Judicial, y a cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura, con un pleno integrado por miembros de otros poderes del Estado, además de representantes del sistema de justicia.


“Si bien estas preguntas no atentan contra los Derechos Humanos, sí atentan contra principios fundamentales de la democracia, como la independencia de las funciones del Estado, con injerencia directa del Ejecutivo”, detalla.


Sobre las pregunta tres, que aborda la prohibición de que los accionistas y directivos de los medios de comunicación nacionales y de los bancos, no tengan otro tipo de actividades económicas, el representante de los Derechos Humanos en la provincia cree que de ganar el Sí no cambiará nada, porque esta veda consta ya en la Carta Política.


De la pregunta nueve, que mociona la creación de un consejo que regule los contenidos de los medios y establezca criterios de responsabilidad ulterior, considera que la pregunta es inútil porque hay un acuerdo entre todas las bancadas de la Asamblea Nacional para la existencia de dicha instancia.

 Incomprensibles
A las preguntas que sugieren prohibir los juegos de azar y los espectáculos públicos donde se matan animales, Zea las considera incompresibles. A la primera porque intenta limitar la libertad de decisión de una persona respecto a divertirse en un casino y a la otra porque, en el caso de las corridas de toros, lo único que se detendrá es la muerte del espécimen, no la tortura previa a la que es sometido.


En donde si ve un perjuicio es en la pregunta seis, que se refiere a tipificar como delito el enriquecimiento no justificado, asevera que se ataca a la presunción de inocencia, porque ahora un ciudadano tendrá que justificar sus bienes, cuando nadie es culpable de un delito hasta que demuestre lo contrario.


Su parecer ante el ítem 10, que busca tipificar como delito la no afiliación al Seguro Social por parte de los empleadores, cree que ya existen las sanciones para ello. Zea hubiese preferido que se propongan sanciones más drásticas a quienes sin afiliar a sus trabajadores, les descuentan del seguro, o para quienes se hacen pasar por artesanos y se deslindan de la responsabilidad de asegurar a sus obreros. 

Cuenca.