UNASUR unifica criterios de justicia

Mucha tela por cortar tienen los participantes de la quinta Cumbre de Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Mall del Río.
José Troya (al fondo), presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, preside el evento. Javier Tamba | EL TIEMPO

Hoy, a las 09:00, se instalará la mesa de trabajo tres con la temática Profundización del debate sobre la importancia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tema que fue tratado en cumbres anteriores del organismo.


Ayer, en tanto, los miembros de la mesa dos, Argentina, Colombia, Ecuador y Guayana hablaron sobre la importancia de la jurisprudencia en América Latina, en el marco general de las fuentes del derecho.


Los integrantes de la mesa dos, delegados de Brasil, Chile, Perú y Venezuela, dialogaron sobre educación y formación de servidores judiciales. La propuesta es crear escuelas de Función Judicial, en las que a quienes deseen ingresar a la carrera se les instruya en forma teórica y práctica sobre la administración ética de justicia.

 Opiniones

De manera extraoficial, varios temas que no están en la agenda del evento generaron comentarios por parte de los participantes, entre ellos la justicia indígena y la Ley Arizona, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en aquel estado norteamericano.


Sobre la justicia indígena,  Julio Ortiz Linares, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, indicó que su país, Ecuador y Perú son los territorios a los que más debe preocuparles, por tener altos porcentajes de población aborigen.


Expresó que la justicia indígena es una respuesta a la falta de inclusión que sienten los pueblos y nacionalidades, identificados como sectores desposeídos, a los que no llega la justicia ordinaria.


Explica que en Bolivia se elabora la Ley de Deslinde, cuyo objetivo será establecer los márgenes de la justicia ordinaria con la indígena. “La base es la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos indígenas. El problema es entenderla, trabajarla y luego aplicarla”, detalló.


Dentro de esta propuesta constarán problemas como las etnias en peligro de extinción, la aplicación de la ley en comunidades no contactadas, etc.


Aclaró que no es posible aplicar una ley retrospectiva de justicia en torno a los perjuicios que los indígenas sufrieron durante la conquista española y en la época republicana, pero sí otorgarles un futuro que les garantice el respeto a sus costumbres y derechos fundamentales, como el medio ambiente y la soberanía alimentaria.

 Ley Arizona
Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial de Perú, se refirió a la Ley Arizona y a otras iniciativas parecidas que se impulsan en los Estados Unidos.


Para Villa este tema debería tratarse en una cumbre como la actual, porque afecta los derechos fundamentales de las personas, pero es algo que deberían tratar los países como tal.


“En lo personal, todos tenemos que estar en desacuerdo con la Ley de Arizona, por su alta dosis de discriminación y por que involucra doble estándar, uno para ellos y otro para nosotros. Es el nuevo gran muro, ya no de Berlín sino un muro de injusticia social”, precisó.


Agregó que es necesario rechazar todo aquello que afecte a los ciudadanos, sean de donde sean, pues no es posible pasar por alto penalidades de lesa humanidad.  
 

Cuenca.

UNASUR unifica criterios de justicia

José Troya (al fondo), presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, preside el evento. Javier Tamba | EL TIEMPO

Hoy, a las 09:00, se instalará la mesa de trabajo tres con la temática Profundización del debate sobre la importancia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tema que fue tratado en cumbres anteriores del organismo.


Ayer, en tanto, los miembros de la mesa dos, Argentina, Colombia, Ecuador y Guayana hablaron sobre la importancia de la jurisprudencia en América Latina, en el marco general de las fuentes del derecho.


Los integrantes de la mesa dos, delegados de Brasil, Chile, Perú y Venezuela, dialogaron sobre educación y formación de servidores judiciales. La propuesta es crear escuelas de Función Judicial, en las que a quienes deseen ingresar a la carrera se les instruya en forma teórica y práctica sobre la administración ética de justicia.

 Opiniones

De manera extraoficial, varios temas que no están en la agenda del evento generaron comentarios por parte de los participantes, entre ellos la justicia indígena y la Ley Arizona, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en aquel estado norteamericano.


Sobre la justicia indígena,  Julio Ortiz Linares, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, indicó que su país, Ecuador y Perú son los territorios a los que más debe preocuparles, por tener altos porcentajes de población aborigen.


Expresó que la justicia indígena es una respuesta a la falta de inclusión que sienten los pueblos y nacionalidades, identificados como sectores desposeídos, a los que no llega la justicia ordinaria.


Explica que en Bolivia se elabora la Ley de Deslinde, cuyo objetivo será establecer los márgenes de la justicia ordinaria con la indígena. “La base es la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos indígenas. El problema es entenderla, trabajarla y luego aplicarla”, detalló.


Dentro de esta propuesta constarán problemas como las etnias en peligro de extinción, la aplicación de la ley en comunidades no contactadas, etc.


Aclaró que no es posible aplicar una ley retrospectiva de justicia en torno a los perjuicios que los indígenas sufrieron durante la conquista española y en la época republicana, pero sí otorgarles un futuro que les garantice el respeto a sus costumbres y derechos fundamentales, como el medio ambiente y la soberanía alimentaria.

 Ley Arizona
Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial de Perú, se refirió a la Ley Arizona y a otras iniciativas parecidas que se impulsan en los Estados Unidos.


Para Villa este tema debería tratarse en una cumbre como la actual, porque afecta los derechos fundamentales de las personas, pero es algo que deberían tratar los países como tal.


“En lo personal, todos tenemos que estar en desacuerdo con la Ley de Arizona, por su alta dosis de discriminación y por que involucra doble estándar, uno para ellos y otro para nosotros. Es el nuevo gran muro, ya no de Berlín sino un muro de injusticia social”, precisó.


Agregó que es necesario rechazar todo aquello que afecte a los ciudadanos, sean de donde sean, pues no es posible pasar por alto penalidades de lesa humanidad.  
 

Cuenca.