Un proyecto minero en Quimsacocha que crea debates

La Comisión de Fiscalización y Legislación presenta hoy al pleno de la Comisión Legislativa el primer informe sobre la nueva Ley Minera
Cuenca. En el lugar casi no existe movimiento. Solo una especie de tubos blancos plantados en distintos puntos entre el pajonal como muestra de las exploraciones que se hizo en el lugar. Y es que de 12.967 hectáreas del proyecto Quimsacocha a cargo de la compañía Iamgold, apenas en 120 hectáreas, de los sectores de Cerro Casco y Río Falso, se encuentra el área de interés minera: el oro.   
 

Al momento por el Mandato Minero las labores se encuentran suspendidas, a la espera de la nueva Ley Minera que es analizada por la Comisión de Fiscalización  y Legislación de la  Comisión  Legislativa.  Quimsacocha es uno de los más grandes proyectos del país y se encuentra dentro del área jurisdiccional de la parroquia Victoria del Portete y Tarqui del cantón Cuenca, San Gerardo del Cantón Girón y Chumblín de San Fernando. Pero también se ha vuelto uno de los más cuestionados por los grupos antimineros debido a la contaminación que puede traer en la microcuenca del río  Yanuncay y la subcuenca del río Tarqui.


Vicente Jaramillo, coordinador de la parte ambiental del proyecto, durante un recorrido por la zona, indicó que el área de interés esta fuera de las quebradas, cuyas aguas se unen a las microcuencas y subcuencas. Por lo tanto las preocupaciones no tienen fundamentos. Además cuando se dé la fase de producción o extracción, la cual será subterránea, tampoco causarán problemas. Fernando Carrión Contreras, gerente de relaciones comunitarias y ambiente del proyecto, explicó que, de aprobarse la ley, la fase que sigue es la extracción, sacar el material existente; y luego el procesamiento del mineral para su fundición,  refinación y comercialización. Para este último proceso se prevé que la planta esté fuera de la zona, pero eso se determinará en un año y medio con los estudios de factibilidad.


 Inversión


En cuanto a las regalías, Carrión dijo que el porcentaje del cinco por ciento según el nuevo proyecto de Ley Minera  parece poco, pero se debe comprender que en el caso de Quimsacocha se ha estimado que el 62 por ciento se quedará en el país: entre mejoras para los sectores, capacitación a la gente y sobre todo la mano de obra de los lugares contiguos.


San Gerardo es la parroquia más cercana al proyecto. Ahí la comunidad y la empresa trabajan de manera conjunta desde el 2003, en obra pública y capacitación a la gente. Rebeca Nieves, presidenta de la junta parroquial, asevera que ellos sin ley y sólo con política de la empresa están recibiendo recursos para mejorar la zona. Entonces, con la nueva ley espera que los recursos y beneficios sean mayores, por ello calcula que en tres a cuatro años recibirían de 200.000 a 300.000 dólares anuales.


Actualmente la empresa da dinero en alícuotas mensuales a la junta parroquial y ésta a su vez pasa informes mensuales, lo cual ha hecho que tengan una mejor planificación en las obras de sus seis comunidades. Es más, Nieves indica que reúnen el presupuesto que entrega el Municipio de Girón, jurisdicción a la que pertenecen, y la empresa para la ejecución de los proyectos. Incluso ahora trabajan en la comunidad de Cauquil en el alumbrado público con una inversión de 14.200 dólares: 5.000 de la junta con fondos de la empresa, 6.000 del Municipio, 2.000 de la empresa eléctrica y 2.200 dólares de la comunidad.


Nieves comentó que su población fue afectada por la migración, pero desde que llegó la empresa ese problema disminuyó. La gente es capacitada para formar parte del grupo de trabajadores. “Ahora, hasta los que se fueron están a la expectativa de una vacante en la empresa y están regresando”.


 Oposición


Para Nieves en el país no existió minería industrial, solo la artesanal y eso hace que se equivoquen y juzguen apresuradamente. En su sector el 70 por ciento de la población está a favor de ese tipo de minería. Según ella la contaminación tampoco afectará al entorno, lo comprobaron con el trabajo de exploración, además el área mineral está lejos de las quebradas.


Pero no a todos convence la minería industrial. En Victoria del Portete y Tarqui hay grupos que dicen no interesales las regalías sino el agua. La comunidad de San Pedro de Escaleras es una de ellas, allí junto a la iglesia se colocó un letrero que muestra su posición “No a la minería, fuera Iamgold”. Sin embargo, su gente es recelosa y sólo prefieren hablar cuando están en grupo. En Tarqui las posiciones son diversas, algunos no saben del tema y otros, que prefieren tener reserva, dicen que la minería contaminará con químicos el agua que abastece a San Fernando, Girón y Cuenca. Por ello plantean que mejor el Gobierno Nacional apoye al sector ganadero y fortalezca la producción de 200.000 litros de leche diario: más rentable y menos dañino.


Así se suman los pedidos que hacen los grupos antimineros: el archivo de los megaproyectos mineros y el fin de toda minería. Miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y Soberanía dicen que el proyecto  abrirá las puertas a las trasnacionales convirtiendo al Ecuador en una cantera minera. Además es una arma jurídica que legaliza el desalojo, la represión contra las comunidades, el robo del agua, la contaminación, y viola los Derechos Humanos.

Un proyecto minero en Quimsacocha que crea debates

Cuenca. En el lugar casi no existe movimiento. Solo una especie de tubos blancos plantados en distintos puntos entre el pajonal como muestra de las exploraciones que se hizo en el lugar. Y es que de 12.967 hectáreas del proyecto Quimsacocha a cargo de la compañía Iamgold, apenas en 120 hectáreas, de los sectores de Cerro Casco y Río Falso, se encuentra el área de interés minera: el oro.   
 

Al momento por el Mandato Minero las labores se encuentran suspendidas, a la espera de la nueva Ley Minera que es analizada por la Comisión de Fiscalización  y Legislación de la  Comisión  Legislativa.  Quimsacocha es uno de los más grandes proyectos del país y se encuentra dentro del área jurisdiccional de la parroquia Victoria del Portete y Tarqui del cantón Cuenca, San Gerardo del Cantón Girón y Chumblín de San Fernando. Pero también se ha vuelto uno de los más cuestionados por los grupos antimineros debido a la contaminación que puede traer en la microcuenca del río  Yanuncay y la subcuenca del río Tarqui.


Vicente Jaramillo, coordinador de la parte ambiental del proyecto, durante un recorrido por la zona, indicó que el área de interés esta fuera de las quebradas, cuyas aguas se unen a las microcuencas y subcuencas. Por lo tanto las preocupaciones no tienen fundamentos. Además cuando se dé la fase de producción o extracción, la cual será subterránea, tampoco causarán problemas. Fernando Carrión Contreras, gerente de relaciones comunitarias y ambiente del proyecto, explicó que, de aprobarse la ley, la fase que sigue es la extracción, sacar el material existente; y luego el procesamiento del mineral para su fundición,  refinación y comercialización. Para este último proceso se prevé que la planta esté fuera de la zona, pero eso se determinará en un año y medio con los estudios de factibilidad.


 Inversión


En cuanto a las regalías, Carrión dijo que el porcentaje del cinco por ciento según el nuevo proyecto de Ley Minera  parece poco, pero se debe comprender que en el caso de Quimsacocha se ha estimado que el 62 por ciento se quedará en el país: entre mejoras para los sectores, capacitación a la gente y sobre todo la mano de obra de los lugares contiguos.


San Gerardo es la parroquia más cercana al proyecto. Ahí la comunidad y la empresa trabajan de manera conjunta desde el 2003, en obra pública y capacitación a la gente. Rebeca Nieves, presidenta de la junta parroquial, asevera que ellos sin ley y sólo con política de la empresa están recibiendo recursos para mejorar la zona. Entonces, con la nueva ley espera que los recursos y beneficios sean mayores, por ello calcula que en tres a cuatro años recibirían de 200.000 a 300.000 dólares anuales.


Actualmente la empresa da dinero en alícuotas mensuales a la junta parroquial y ésta a su vez pasa informes mensuales, lo cual ha hecho que tengan una mejor planificación en las obras de sus seis comunidades. Es más, Nieves indica que reúnen el presupuesto que entrega el Municipio de Girón, jurisdicción a la que pertenecen, y la empresa para la ejecución de los proyectos. Incluso ahora trabajan en la comunidad de Cauquil en el alumbrado público con una inversión de 14.200 dólares: 5.000 de la junta con fondos de la empresa, 6.000 del Municipio, 2.000 de la empresa eléctrica y 2.200 dólares de la comunidad.


Nieves comentó que su población fue afectada por la migración, pero desde que llegó la empresa ese problema disminuyó. La gente es capacitada para formar parte del grupo de trabajadores. “Ahora, hasta los que se fueron están a la expectativa de una vacante en la empresa y están regresando”.


 Oposición


Para Nieves en el país no existió minería industrial, solo la artesanal y eso hace que se equivoquen y juzguen apresuradamente. En su sector el 70 por ciento de la población está a favor de ese tipo de minería. Según ella la contaminación tampoco afectará al entorno, lo comprobaron con el trabajo de exploración, además el área mineral está lejos de las quebradas.


Pero no a todos convence la minería industrial. En Victoria del Portete y Tarqui hay grupos que dicen no interesales las regalías sino el agua. La comunidad de San Pedro de Escaleras es una de ellas, allí junto a la iglesia se colocó un letrero que muestra su posición “No a la minería, fuera Iamgold”. Sin embargo, su gente es recelosa y sólo prefieren hablar cuando están en grupo. En Tarqui las posiciones son diversas, algunos no saben del tema y otros, que prefieren tener reserva, dicen que la minería contaminará con químicos el agua que abastece a San Fernando, Girón y Cuenca. Por ello plantean que mejor el Gobierno Nacional apoye al sector ganadero y fortalezca la producción de 200.000 litros de leche diario: más rentable y menos dañino.


Así se suman los pedidos que hacen los grupos antimineros: el archivo de los megaproyectos mineros y el fin de toda minería. Miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y Soberanía dicen que el proyecto  abrirá las puertas a las trasnacionales convirtiendo al Ecuador en una cantera minera. Además es una arma jurídica que legaliza el desalojo, la represión contra las comunidades, el robo del agua, la contaminación, y viola los Derechos Humanos.