La protección de la producción nacional o de la balanza de pagos mediante salvaguardias es algo que regularmente hacen todos los países, pero que nuestra prensa privada y los grupos de oposición muestran ahora como un atentado contra la economía ecuatoriana y la libertad de consumo.
Es famoso el caso de la salvaguardia puesta por la Comunidad Europea para impedir o encarecer la entrada del vinagre japonés de manzana y proteger su propia producción vitivinícola: entre las definiciones técnicas de los productos alimenticios, Europa asignó al vinagre la definición del idioma italiano: “Vinagre: vino ácido de uva”. Con eso, el vinagre japonés fue puesto fuera de combate.
También es famosa la salvaguardia puesta por Colombia para proteger su producción de aguardientes y evitar la entrada de licores de menor precio que el suyo, producidos en Ecuador y Venezuela. La principal salvaguardia para proteger su industria de licores fue puesta incluso en la misma Constitución colombiana, asignando a sus licoreras departamentales el monopolio de comercialización y la posibilidad de discriminar el acceso y fijar el costo de los licores que les compitieran, ya fueran nacionales o extranjeros.
Pero como la Comunidad Andina exigiera que se eliminasen esas restricciones al comercio, el Gobierno de Colombia dictó el 9 de agosto de 2012 el Decreto 1686, fijando normas técnicas para la producción e importación de licores, con vista a sustituir la antigua salvaguardia por otra más disimulada, de carácter técnico.
Disposiciones similares aplican todos los países, incluso aquellos que, como los europeos y norteamericanos, predican el más cabal libre comercio, pero refrenan de muchos modos la llegada de productos extranjeros.
Y la cosa no es nueva. Cuando iniciábamos nuestra vida republicana y formábamos parte de la Gran Colombia, Inglaterra nos impuso, mediante un descarado chantaje, un “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” (1825), por el que se abrían ilimitadamente los puertos colombianos a la llegada de buques mercantes ingleses, pero se limitaba la llegada de nuestros barcos mercantes a Inglaterra mediante varios pretextos. Es decir, nos aplicaban la ley del embudo: lo ancho para mí y lo estrecho para ti.
Ahora, los comerciantes neoliberales, apoyados por la gran prensa, han puesto el grito en el cielo por las restricciones comerciales impuestas por la necesidad. Es explicable que ellos defiendan sus negocios, aun a costa del interés nacional. Pero al Estado le corresponde el derecho de informar a la ciudadanía sobre el alcance de sus medidas y a los ciudadanos nos toca respaldar esas medidas, que son temporales y que, en todo caso, no afectan a la amplia mayoría de la población.
En lo personal, estoy seguro de que estas salvaguardias no solo protegerán nuestra balanza de pagos, sino que permitirán que los empresarios y emprendedores ecuatorianos, grandes y pequeños, desarrollen sus negocios y sustituyan con éxito muchos de los bienes importados hoy sometidos a salvaguardia.
