Víctimas y procesos

El Estado con su sistema de justicia, la interpretación de las leyes y la actuación de los que la administran, muchas de las veces se ha vuelto una suerte de lotería a las que pocas víctimas han sido favorecidas con la obtención de una sentencia justa.
La imposibilidad de llevar a los causantes de atroces femicidios, violaciones y abusos sexuales nos han estremecido por la terrible crueldad con que estos sujetos han realizado sus agresiones. Es inentendible, inaudito y reprochable que los operadores de justicia no actúen en forma diligente y con celeridad en estos casos tan claros, aún más cuando el hecho ha sido flagrante o que esto pase a un archivo por falta de una buena investigación.
La Dra. Diana Salazar, como Fiscal General de la Nación, es un soplo de esperanza que parece concretarse para quienes se han sentido en la indefensión y que sus denuncias tan dolorosas puedan quedar en completa impunidad; aumenta la confianza para cambiar un sistema insensible, lento, revictimizador y que deja muchas dudas de la solvencia ética y transparencia de cómo operan la fiscalías en todo el país. No se puede tolerar que la palabra de las víctimas se ponga en duda, que los casos no prosperen y duerman en los escritorios de quienes, por su trabajo, pero sobre todo por un sentido de humanidad, deben operar apegados a la ley y en defensa de las víctimas en los plazos establecidos, garantizando que imparcialidad y cero privilegios para el agresor. Cifras alarmantes de femicidios, violaciones y abusos son motivos suficientes para que se actúe de oficio.
Niñas que desaparecieron y por sus escasos recursos sus denuncias no prosperan, siguen sus familias buscándolas inconsolablemente con incertidumbre, pero sobre todo con frustración de saber que no obtendrán justicia, madres que no volverán a ver la vida igual porque sus hijas fueron muertas por la única causa de ser mujeres, jovencitas violadas y abusadas sexualmente, a quienes arruinaron su inocencia y juventud que no tienen la posibilidad de pagar a un abogado de oficio, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y tantas mujeres más que no encuentran justicia.
Para quienes han sabido enfrentar, que han encontrado aliados en medios de comunicación, en organizaciones de defensa de derechos humanos, activistas y gente solidaria que se ha sumado a la lucha, es indignante saber que los victimarios por su poder económico gozan de beneficios como acceso a dispositivos electrónicos, sustancias prohibidas o cumplen condena en mínima seguridad. Las sobrevivientes de violencia solo piden justicia, no más impunidad y que las víctimas sientan que su dolor en algo se ha resarcido. //Por ti mi Cris// (O)

Víctimas y procesos

El Estado con su sistema de justicia, la interpretación de las leyes y la actuación de los que la administran, muchas de las veces se ha vuelto una suerte de lotería a las que pocas víctimas han sido favorecidas con la obtención de una sentencia justa.
La imposibilidad de llevar a los causantes de atroces femicidios, violaciones y abusos sexuales nos han estremecido por la terrible crueldad con que estos sujetos han realizado sus agresiones. Es inentendible, inaudito y reprochable que los operadores de justicia no actúen en forma diligente y con celeridad en estos casos tan claros, aún más cuando el hecho ha sido flagrante o que esto pase a un archivo por falta de una buena investigación.
La Dra. Diana Salazar, como Fiscal General de la Nación, es un soplo de esperanza que parece concretarse para quienes se han sentido en la indefensión y que sus denuncias tan dolorosas puedan quedar en completa impunidad; aumenta la confianza para cambiar un sistema insensible, lento, revictimizador y que deja muchas dudas de la solvencia ética y transparencia de cómo operan la fiscalías en todo el país. No se puede tolerar que la palabra de las víctimas se ponga en duda, que los casos no prosperen y duerman en los escritorios de quienes, por su trabajo, pero sobre todo por un sentido de humanidad, deben operar apegados a la ley y en defensa de las víctimas en los plazos establecidos, garantizando que imparcialidad y cero privilegios para el agresor. Cifras alarmantes de femicidios, violaciones y abusos son motivos suficientes para que se actúe de oficio.
Niñas que desaparecieron y por sus escasos recursos sus denuncias no prosperan, siguen sus familias buscándolas inconsolablemente con incertidumbre, pero sobre todo con frustración de saber que no obtendrán justicia, madres que no volverán a ver la vida igual porque sus hijas fueron muertas por la única causa de ser mujeres, jovencitas violadas y abusadas sexualmente, a quienes arruinaron su inocencia y juventud que no tienen la posibilidad de pagar a un abogado de oficio, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y tantas mujeres más que no encuentran justicia.
Para quienes han sabido enfrentar, que han encontrado aliados en medios de comunicación, en organizaciones de defensa de derechos humanos, activistas y gente solidaria que se ha sumado a la lucha, es indignante saber que los victimarios por su poder económico gozan de beneficios como acceso a dispositivos electrónicos, sustancias prohibidas o cumplen condena en mínima seguridad. Las sobrevivientes de violencia solo piden justicia, no más impunidad y que las víctimas sientan que su dolor en algo se ha resarcido. //Por ti mi Cris// (O)