Veedurías

A propósito de la presentación de la socialización del informe de una veeduría realizada para verificar el cumplimiento del plan de trabajo de los concejales de la ciudad de Cuenca, es preciso entender el alcance de este mecanismo o instancia de participación ciudadana. Nuestro texto constitucional en su artículo 100 señala: “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos… Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía”.
Asimismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dentro del título de los Mecanismos de Participación Ciudadana indica a la veeduría como “destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones privadas que manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público”. En suma, las veedurías son mecanismos de control social a través de los cuales se puede realizar una labor de seguimiento y/o vigilancia a quienes están dentro de la gestión de lo público. Estas indefectiblemente son de carácter cívico, no tienen ningún tipo de retribución y su participación es voluntaria. Pueden ser partícipes de las mismas tanto personas naturales y/o representantes de organizaciones sociales, de manera individual o colectiva, el desarrollo de la actividad de monitoreo es independiente de la labor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La relevancia de este mecanismo está en su objetivo primordial: la prevención del cometimiento de actos de corrupción. Hoy que la institucionalidad de nuestro país se encuentra en ciernes, que la política se ha mancillado con la más inescrupulosa corrupción en las altas esferas del manejo de lo público; es imprescindible retomar las instituciones, los mecanismos y las garantías democráticas que nuestra Constitución brinda, con la sola esperanza de iniciar procesos que tengan como finalidad recuperar lo público para las y los ciudadanos.(O)

Veedurías

A propósito de la presentación de la socialización del informe de una veeduría realizada para verificar el cumplimiento del plan de trabajo de los concejales de la ciudad de Cuenca, es preciso entender el alcance de este mecanismo o instancia de participación ciudadana. Nuestro texto constitucional en su artículo 100 señala: “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos… Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía”.
Asimismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dentro del título de los Mecanismos de Participación Ciudadana indica a la veeduría como “destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones privadas que manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público”. En suma, las veedurías son mecanismos de control social a través de los cuales se puede realizar una labor de seguimiento y/o vigilancia a quienes están dentro de la gestión de lo público. Estas indefectiblemente son de carácter cívico, no tienen ningún tipo de retribución y su participación es voluntaria. Pueden ser partícipes de las mismas tanto personas naturales y/o representantes de organizaciones sociales, de manera individual o colectiva, el desarrollo de la actividad de monitoreo es independiente de la labor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La relevancia de este mecanismo está en su objetivo primordial: la prevención del cometimiento de actos de corrupción. Hoy que la institucionalidad de nuestro país se encuentra en ciernes, que la política se ha mancillado con la más inescrupulosa corrupción en las altas esferas del manejo de lo público; es imprescindible retomar las instituciones, los mecanismos y las garantías democráticas que nuestra Constitución brinda, con la sola esperanza de iniciar procesos que tengan como finalidad recuperar lo público para las y los ciudadanos.(O)