Transición

En la “moda” jurídica actual es objeto de disputa la acepción y las implicaciones del término: período de transición. Esta refle-xión no pretende ser una alabanza o un desdeño de las actividades que viene realizando algún ór-gano, y, a su vez, no deja de ser una crítica a lo que se puede entender por este concepto, su finalidad y sus características. La historia del constitucio-nalismo ecuatoriano no ha sido regular, hemos expedido veinte constituciones desde la confor-mación del Estado ecuatoriano, lo que resulta en una constitución cada 7 u 8 años promedio, como acertadamente señala el historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora. No obs-tante, la pro-mesa política ha sido que los periodos de inestabilidad y transición son excepcionales con la finalidad de recuperar la institucionali-dad. Pero, ¿en qué consiste un periodo de transición? Si bien no hay un criterio consis-tente sobre su alcance, se explicita que entre dos épocas opuestas o en momentos de grandes cam-bios se exige la relativización del statu quo jurídi-co. Luego del establecimiento de un nuevo régi-men constitucional, como el caso español de 1978, o el caso ecuatoriano de 2008, con sus diferen-cias. Si bien estamos de acuerdo con la crítica al régimen político que gobernó diez años el país, no olvidemos que la promesa de la última consulta popular fue fortalecer la institucionalidad, que en opinión de muchos fue dependiente de la volun-tad del correismo. Esto implica que la institucio-nalidad debe ser evaluada y valorada en su real dimensión, pero con respeto a la voluntad popular y a la Constitución. De otra manera acudiremos al regreso de esta promesa de la excepcionalidad de la transición, que cada vez más parece una frase altisonante o un cliché, que una propuesta sólida y objetiva de establecer, en realidad, un referente de institucionalidad que tanta falta nos hace. (O)

En definitiva, la apuesta es fortalecer la institucionalidad sin arrasar con lo poco que nos queda de la misma, la cual está en ciernes.

Transición

En la “moda” jurídica actual es objeto de disputa la acepción y las implicaciones del término: período de transición. Esta refle-xión no pretende ser una alabanza o un desdeño de las actividades que viene realizando algún ór-gano, y, a su vez, no deja de ser una crítica a lo que se puede entender por este concepto, su finalidad y sus características. La historia del constitucio-nalismo ecuatoriano no ha sido regular, hemos expedido veinte constituciones desde la confor-mación del Estado ecuatoriano, lo que resulta en una constitución cada 7 u 8 años promedio, como acertadamente señala el historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora. No obs-tante, la pro-mesa política ha sido que los periodos de inestabilidad y transición son excepcionales con la finalidad de recuperar la institucionali-dad. Pero, ¿en qué consiste un periodo de transición? Si bien no hay un criterio consis-tente sobre su alcance, se explicita que entre dos épocas opuestas o en momentos de grandes cam-bios se exige la relativización del statu quo jurídi-co. Luego del establecimiento de un nuevo régi-men constitucional, como el caso español de 1978, o el caso ecuatoriano de 2008, con sus diferen-cias. Si bien estamos de acuerdo con la crítica al régimen político que gobernó diez años el país, no olvidemos que la promesa de la última consulta popular fue fortalecer la institucionalidad, que en opinión de muchos fue dependiente de la volun-tad del correismo. Esto implica que la institucio-nalidad debe ser evaluada y valorada en su real dimensión, pero con respeto a la voluntad popular y a la Constitución. De otra manera acudiremos al regreso de esta promesa de la excepcionalidad de la transición, que cada vez más parece una frase altisonante o un cliché, que una propuesta sólida y objetiva de establecer, en realidad, un referente de institucionalidad que tanta falta nos hace. (O)

En definitiva, la apuesta es fortalecer la institucionalidad sin arrasar con lo poco que nos queda de la misma, la cual está en ciernes.