Sobre la remisión

En su momento, Monseñor Luna Tobar, dejó en claro su posición respecto de la deuda externa: hay que pagarla, pero primero el Estado debe pagar la deuda social. Se trataba de una cuestión de principios, puesto que ésta, la social, es una deuda del Estado para con los más pobres, los más necesitados; es la resultante de la desatención hacia los sectores más vulnerables del conglomerado social y del despilfarro del erario nacional en beneficio de la minoría más poderosa.
La Asamblea Nacional acaba de aprobar la denominada Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, pomposo nombre con el que se pretende encubrir el controvertido capítulo de remisiones que, según el poder mediático incluye ‘beneficios para agricultores, becarios y estudiantes con créditos educativos’, pero que realmente está dirigido a extinguir las obligaciones de los grandes evasores de impuestos, es decir, del poder económico. Es evidente que la nueva ley es la materialización del nuevo estilo de gobierno que llegó a Carondelet hace 13 meses, el del diálogo para atender las demandas del sector empresarial, aquellas que precisamente no fueron atendidas durante la década pasada, cuya divisa fue atender prioritariamente al ser humano.
La remisión de deudas es un tema siempre presente en el manejo económico empresarial en aras de ser liberado de las obligaciones tributarias que, por cierto, son ineludibles en cualquier país del mundo y que involucran a todo el conglomerado social. En realidad la remisión de obligaciones afecta definitivamente al erario nacional puesto que implica menos ingresos y, consecuentemente, menos recursos para la obra pública y para el pago de sueldos y salarios para los funcionarios públicos. El Presidente de la República ha reiterado que su gobierno se afirma en la austeridad, que siempre será bienvenida si ésta significa ponderación en el gasto y no, como la nueva ley lo revela, una realidad obligada por la reducción de los ingresos del Estado.
Leyes como la que acaba de aprobar la Asamblea Nacional requieren de un mayor debate político y no deberían ser aprobadas con una simple mayoría, sin la consulta y participación ciudadana puesto que se trata, ante todo, de pagar la deuda social. El espíritu de Montecristi no puede ser arrastrado como lo fue el Viejo Luchador. (O)

Afirmar que la remisión tendrá efectos positivos en la recaudación fiscal no pasa de ser una crasa contradicción, pues afecta al erario nacional.

Sobre la remisión

En su momento, Monseñor Luna Tobar, dejó en claro su posición respecto de la deuda externa: hay que pagarla, pero primero el Estado debe pagar la deuda social. Se trataba de una cuestión de principios, puesto que ésta, la social, es una deuda del Estado para con los más pobres, los más necesitados; es la resultante de la desatención hacia los sectores más vulnerables del conglomerado social y del despilfarro del erario nacional en beneficio de la minoría más poderosa.
La Asamblea Nacional acaba de aprobar la denominada Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, pomposo nombre con el que se pretende encubrir el controvertido capítulo de remisiones que, según el poder mediático incluye ‘beneficios para agricultores, becarios y estudiantes con créditos educativos’, pero que realmente está dirigido a extinguir las obligaciones de los grandes evasores de impuestos, es decir, del poder económico. Es evidente que la nueva ley es la materialización del nuevo estilo de gobierno que llegó a Carondelet hace 13 meses, el del diálogo para atender las demandas del sector empresarial, aquellas que precisamente no fueron atendidas durante la década pasada, cuya divisa fue atender prioritariamente al ser humano.
La remisión de deudas es un tema siempre presente en el manejo económico empresarial en aras de ser liberado de las obligaciones tributarias que, por cierto, son ineludibles en cualquier país del mundo y que involucran a todo el conglomerado social. En realidad la remisión de obligaciones afecta definitivamente al erario nacional puesto que implica menos ingresos y, consecuentemente, menos recursos para la obra pública y para el pago de sueldos y salarios para los funcionarios públicos. El Presidente de la República ha reiterado que su gobierno se afirma en la austeridad, que siempre será bienvenida si ésta significa ponderación en el gasto y no, como la nueva ley lo revela, una realidad obligada por la reducción de los ingresos del Estado.
Leyes como la que acaba de aprobar la Asamblea Nacional requieren de un mayor debate político y no deberían ser aprobadas con una simple mayoría, sin la consulta y participación ciudadana puesto que se trata, ante todo, de pagar la deuda social. El espíritu de Montecristi no puede ser arrastrado como lo fue el Viejo Luchador. (O)

Afirmar que la remisión tendrá efectos positivos en la recaudación fiscal no pasa de ser una crasa contradicción, pues afecta al erario nacional.