¿Prevaricadores?

Con el perdón de los abogados, permitidme que me a un delicado y complejo tema. El prevaricato o prevaricación considerado como un delito cometido por una autoridad, juez o un servidor público en general, quienes, aprovechándose de su investidura abusan de ella mediante una sentencia, resolución o acto administrativo o judicial, a sabiendas de ser injusta, por basarse en hechos falsos o por violentar norma expresa de la Constitución o de la ley.
El prevaricato, en sentido amplio, por lo tanto, no sólo tienen como sujeto activo de la infracción a los jueces sino, se extiende a los abogados y a los servidores públicos. En términos populares, al prevaricato, también, se lo entiende como la conducta dolosa de los jueces al adelantar criterios antes de empaparse a plenitud de los cargos y descargos de las partes.
A raíz de los juicios políticos realizados últimamente por la Asamblea Nacional surgen 2 interrogantes: ¿De conformidad con el Art. 131 de la Constitución vigente, cuál es el alcance del “incumplimiento de las funciones”, que es la única causal para el enjuiciamiento político a ministros y otros servidores?, ¿Los Asambleístas, en su función fiscalizadora, actúan como jueces?. En cuanto a la primera cuestión, habría un amplio margen de subjetividad. El incumplimiento iría desde un atraso al despacho hasta un desvío total de su acción respecto al Plan de Trabajo. Obviamente, sólo podría darse el incumplimiento de funciones durante el ejercicio del cargo y no antes de tomar posesión del mismo.
Respecto al anticipo de criterios es común escuchar a los Asambleístas emitir su criterio y el sentido de su voto antes de la comparecencia del enjuiciado políticamente. Simultáneamente a la recolección de firmas para iniciar el proceso de enjuiciamiento político, los micrófonos de los medios de comunicación hacen saber de las decisiones anticipadas de los Asambleístas y de los Bloques Parlamentarios. Esta práctica violenta el debido proceso y el derecho a la defensa y desacredita la función fiscalizadora.
Es indispensable cambiar estas malas prácticas -de prevaricadores- que interpretan al juicio política como un instrumento de la oposición para botar ministros y funcionarios por intereses, no siempre legítimos, con tal exhibir como trofeos las cabezas de altos funcionarios. (O)
Es indispensable cambiar
estas malas prácticas que interpretan al juicio política como un instrumento
de la oposición.

¿Prevaricadores?

Con el perdón de los abogados, permitidme que me a un delicado y complejo tema. El prevaricato o prevaricación considerado como un delito cometido por una autoridad, juez o un servidor público en general, quienes, aprovechándose de su investidura abusan de ella mediante una sentencia, resolución o acto administrativo o judicial, a sabiendas de ser injusta, por basarse en hechos falsos o por violentar norma expresa de la Constitución o de la ley.
El prevaricato, en sentido amplio, por lo tanto, no sólo tienen como sujeto activo de la infracción a los jueces sino, se extiende a los abogados y a los servidores públicos. En términos populares, al prevaricato, también, se lo entiende como la conducta dolosa de los jueces al adelantar criterios antes de empaparse a plenitud de los cargos y descargos de las partes.
A raíz de los juicios políticos realizados últimamente por la Asamblea Nacional surgen 2 interrogantes: ¿De conformidad con el Art. 131 de la Constitución vigente, cuál es el alcance del “incumplimiento de las funciones”, que es la única causal para el enjuiciamiento político a ministros y otros servidores?, ¿Los Asambleístas, en su función fiscalizadora, actúan como jueces?. En cuanto a la primera cuestión, habría un amplio margen de subjetividad. El incumplimiento iría desde un atraso al despacho hasta un desvío total de su acción respecto al Plan de Trabajo. Obviamente, sólo podría darse el incumplimiento de funciones durante el ejercicio del cargo y no antes de tomar posesión del mismo.
Respecto al anticipo de criterios es común escuchar a los Asambleístas emitir su criterio y el sentido de su voto antes de la comparecencia del enjuiciado políticamente. Simultáneamente a la recolección de firmas para iniciar el proceso de enjuiciamiento político, los micrófonos de los medios de comunicación hacen saber de las decisiones anticipadas de los Asambleístas y de los Bloques Parlamentarios. Esta práctica violenta el debido proceso y el derecho a la defensa y desacredita la función fiscalizadora.
Es indispensable cambiar estas malas prácticas -de prevaricadores- que interpretan al juicio política como un instrumento de la oposición para botar ministros y funcionarios por intereses, no siempre legítimos, con tal exhibir como trofeos las cabezas de altos funcionarios. (O)
Es indispensable cambiar
estas malas prácticas que interpretan al juicio política como un instrumento
de la oposición.