Populismo penal

Al puro estilo de ciertos partidos políticos que ya son conocidos por su altisonante discurso punitivista se ha erigido que la respuesta ante la criminalidad es necesario darle un giro al Derecho penal. Esto implica la inflación legislativa de las leyes penales, que tienen un claro carácter político pero que lo aleja de su razón de existencia, que es ser un instrumento que garantice los derechos fundamentales. Así, algunos asambleístas han expresado criterios a favor del endurecimiento de las penas, así como el establecimiento de la pena de muerte e incluso la castración química en el delito de violación, esto al parecer supone que desconocen el Derecho, o que sus posturas políticas son sincrónicas con la intuición popular que presupone que, con mas castigos, se evitaría el incremento de la delincuencia, lo cual es erróneo.
No obstante, como es normal este fenómeno que comprende a una masa de individuos que buscan cambios, sin ninguna dirección concreta, lo único que tienen son ciertos slogans como “pena de muerte”, pero que dejan sin concretizar que cambios se deben hacer y los efectos de estos. Por ejemplo, una tesis que tiene cierta acogida es la implantación de la pena de muerte para delitos graves - postura defendida por un partido de derecha -, sin embargo, quienes acogen están postura a menudo también señalan es que existe impunidad, por cuanto la administración de justicia no garantiza la aplicación de la normativa penal. Entonces si el problema es la impunidad por un déficit en la administración de justicia, el tener mayores penas no soluciona nada.
Según datos del Consejo de la Judicatura, entre 2014 y 2017 se reportaron más de 2800 casos por 17 crímenes como violación, abuso y acoso sexual, prostitución y pornografía infantil, es decir más de dos diarios. Si es cierto que en el Ecuador solo se denuncian 2 de cada 10 delitos, en conclusión, la solución no esta centralmente en el Derecho penal, porque si no hay denuncia no hay posibilidad de que se inicie un proceso judicial. Por ello, como bien señala Eugenio Zaffaroni “aparece un sistema penal que ejerce un poder que no pasa por nuestras manos jurídicas. Nos hemos dedicado a elaborar un cuidadoso discurso de justificación del poder punitivo que es ejercido por otras agencias que no tienen nada que ver con nosotros, especialmente las agencias policiales y ejecutivas, las de publicidad (medios masivos) y las políticas”. (O)
Entonces, si el problema es la impunidad por un déficit en la administración de justicia, el tener mayores penas no soluciona nada.

Populismo penal

Al puro estilo de ciertos partidos políticos que ya son conocidos por su altisonante discurso punitivista se ha erigido que la respuesta ante la criminalidad es necesario darle un giro al Derecho penal. Esto implica la inflación legislativa de las leyes penales, que tienen un claro carácter político pero que lo aleja de su razón de existencia, que es ser un instrumento que garantice los derechos fundamentales. Así, algunos asambleístas han expresado criterios a favor del endurecimiento de las penas, así como el establecimiento de la pena de muerte e incluso la castración química en el delito de violación, esto al parecer supone que desconocen el Derecho, o que sus posturas políticas son sincrónicas con la intuición popular que presupone que, con mas castigos, se evitaría el incremento de la delincuencia, lo cual es erróneo.
No obstante, como es normal este fenómeno que comprende a una masa de individuos que buscan cambios, sin ninguna dirección concreta, lo único que tienen son ciertos slogans como “pena de muerte”, pero que dejan sin concretizar que cambios se deben hacer y los efectos de estos. Por ejemplo, una tesis que tiene cierta acogida es la implantación de la pena de muerte para delitos graves - postura defendida por un partido de derecha -, sin embargo, quienes acogen están postura a menudo también señalan es que existe impunidad, por cuanto la administración de justicia no garantiza la aplicación de la normativa penal. Entonces si el problema es la impunidad por un déficit en la administración de justicia, el tener mayores penas no soluciona nada.
Según datos del Consejo de la Judicatura, entre 2014 y 2017 se reportaron más de 2800 casos por 17 crímenes como violación, abuso y acoso sexual, prostitución y pornografía infantil, es decir más de dos diarios. Si es cierto que en el Ecuador solo se denuncian 2 de cada 10 delitos, en conclusión, la solución no esta centralmente en el Derecho penal, porque si no hay denuncia no hay posibilidad de que se inicie un proceso judicial. Por ello, como bien señala Eugenio Zaffaroni “aparece un sistema penal que ejerce un poder que no pasa por nuestras manos jurídicas. Nos hemos dedicado a elaborar un cuidadoso discurso de justificación del poder punitivo que es ejercido por otras agencias que no tienen nada que ver con nosotros, especialmente las agencias policiales y ejecutivas, las de publicidad (medios masivos) y las políticas”. (O)
Entonces, si el problema es la impunidad por un déficit en la administración de justicia, el tener mayores penas no soluciona nada.