Pena de muerte

Sucesos lamentables acontecidos en días pasados, como el homicidio de un taxista en Ambato o la muerte de una mujer y su hijo en Loja, han vuelto a exacerbar los ánimos de una ciudadanía que percibe un alto grado de inseguridad.


En el primer caso, la difusión de un video que muestra los instantes mismos del asesinato, se ha convertido en el argumento principal para que cierto sector de la sociedad defienda la posibilidad de reinstaurar la pena muerte para crímenes determinados como graves.


Este sector ha sido aupado incluso por algún otrora excandidato presidencial que señalaba la necesidad de restablecer la pena capital frente a ciertamente delitos graves como el asesinato o la violación.


Es indiscutible que cualquier tipo de infracción debe ser sancionada con la plena aplicación de la ley, aquí no puede campear la impunidad.


Así, se señala por este grupo de ciudadanos, que la aplicación de la prisión perpetua o la pena de muerte podrían generar un efecto disuasivo al cometimiento de delitos graves.
No obstante, un estudio acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado por la ONU en 1988, llegaba a la conclusión: “Esta investigación no ha podido aportar una demostración científica de que las ejecuciones tengan un mayor poder disuasorio que la reclusión perpetua.


Y no es probable que se logre tal demostración. Las pruebas en su conjunto siguen sin proporcionar un apoyo positivo a la hipótesis de la disuasión”.
Entonces, si no existe un efecto disuasorio, en realidad no existen argumentos válidos para reinstaurarla. Por otro lado, el restablecer la pena de muerte de forma expresa viola el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1998) que determina su abolición, del cual nuestro país es suscriptor. No olvidemos además que nuestra Constitución la prohíbe de forma expresa.


A nivel mundial según Amnistía Internacional en 1977, apenas16 países habían abolido totalmente este castigo, actualmente esa cifra asciende a 104, más de la mitad de los países del mundo. En definitiva, la pena de muerte cada vez más es vista como anacrónica en sociedades que deben velar por garantizar la seguridad ciudadana, pero con penas más racionales y respetuosas de los derechos humanos. (O)

Pena de muerte


En el primer caso, la difusión de un video que muestra los instantes mismos del asesinato, se ha convertido en el argumento principal para que cierto sector de la sociedad defienda la posibilidad de reinstaurar la pena muerte para crímenes determinados como graves.


Este sector ha sido aupado incluso por algún otrora excandidato presidencial que señalaba la necesidad de restablecer la pena capital frente a ciertamente delitos graves como el asesinato o la violación.


Es indiscutible que cualquier tipo de infracción debe ser sancionada con la plena aplicación de la ley, aquí no puede campear la impunidad.


Así, se señala por este grupo de ciudadanos, que la aplicación de la prisión perpetua o la pena de muerte podrían generar un efecto disuasivo al cometimiento de delitos graves.
No obstante, un estudio acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado por la ONU en 1988, llegaba a la conclusión: “Esta investigación no ha podido aportar una demostración científica de que las ejecuciones tengan un mayor poder disuasorio que la reclusión perpetua.


Y no es probable que se logre tal demostración. Las pruebas en su conjunto siguen sin proporcionar un apoyo positivo a la hipótesis de la disuasión”.
Entonces, si no existe un efecto disuasorio, en realidad no existen argumentos válidos para reinstaurarla. Por otro lado, el restablecer la pena de muerte de forma expresa viola el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1998) que determina su abolición, del cual nuestro país es suscriptor. No olvidemos además que nuestra Constitución la prohíbe de forma expresa.


A nivel mundial según Amnistía Internacional en 1977, apenas16 países habían abolido totalmente este castigo, actualmente esa cifra asciende a 104, más de la mitad de los países del mundo. En definitiva, la pena de muerte cada vez más es vista como anacrónica en sociedades que deben velar por garantizar la seguridad ciudadana, pero con penas más racionales y respetuosas de los derechos humanos. (O)