“Nunca vendí nada”

La Constitución de la República, en el capítulo quinto, artículo 313 y siguientes, reserva para el Estado las competencias de administración, gestión, control y gestión de los sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, recursos naturales no nenovables, transporte y refinación de hidrocarburos, ...). Sólo por excepción se podrá delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria el ejercicio de esta actividades (Art. 316). Sin embargo, de la claridad de la normatividad constitucional, hay voces -elitistas- que se empeñan en privatizar los sectores estratégicos representados en algunas de sus empresas y corporaciones. El acuerdo suscrito con el FMI, preve la incorporación, en este año, de cerca de 1.000 millones de dólares, por concepto de “monetización” de los activos estatales que corresponden, precisamente a los sectores estratégicos. Para cumplir con el paquete neoliberal-fondomonetraista, el Gobierno nacional se aprestaría a concesionar o delegar la administración de algunas de las empresas estratégicas del Estado. El exalcalde de Guayaquil, en el marco del un foro internacional de alcaldías y prefecturas, declaró que “nunca ha vendido nada”, que “la privatización sería un error”. A renglón seguido se mostró partidario de la figura de la concesión, delegación o alianzas público privadas. En las redes sociales, muchos expresaron su sorpresa e interpretaron como que el Ab. Nebot habría dado un giro ideológico a la izquierda. Nada que ver. Sólo se trata de un juego de palabras para un mismo concepto: la privatización. Probablemente, resulte más oneroso para la sociedad estas “nuevas figuras”. Pongamos un ejemplo: CNT o una hidroeléctrica. Si se vende-privatiza lo que y está construido y en marcha o si el empresario arranca su proyecto desde cero. En el segundo caso, debe asumir completamente el costo y el riesgo de la inversión. Como se trata de una empresa en marcha, tendría que pagar una suerte de arriendo por la explotación de todos los activos que ya están ahí. Al cabo de los 20 años que dure la concesión, los “fierros viejos”, completamente depreciados, serían devueltos al Estado.
Estamos en un momento crucial. En pocas semanas podría darse un giro -inconstitucional- La administración - y una alta rentabilidad- de los sectores estratégicos pasarían a manos privadas. Ojalá estemos aún a tiempo como para impedir la consumación de los hechos. (O)

“Nunca vendí nada”

La Constitución de la República, en el capítulo quinto, artículo 313 y siguientes, reserva para el Estado las competencias de administración, gestión, control y gestión de los sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, recursos naturales no nenovables, transporte y refinación de hidrocarburos, ...). Sólo por excepción se podrá delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria el ejercicio de esta actividades (Art. 316). Sin embargo, de la claridad de la normatividad constitucional, hay voces -elitistas- que se empeñan en privatizar los sectores estratégicos representados en algunas de sus empresas y corporaciones. El acuerdo suscrito con el FMI, preve la incorporación, en este año, de cerca de 1.000 millones de dólares, por concepto de “monetización” de los activos estatales que corresponden, precisamente a los sectores estratégicos. Para cumplir con el paquete neoliberal-fondomonetraista, el Gobierno nacional se aprestaría a concesionar o delegar la administración de algunas de las empresas estratégicas del Estado. El exalcalde de Guayaquil, en el marco del un foro internacional de alcaldías y prefecturas, declaró que “nunca ha vendido nada”, que “la privatización sería un error”. A renglón seguido se mostró partidario de la figura de la concesión, delegación o alianzas público privadas. En las redes sociales, muchos expresaron su sorpresa e interpretaron como que el Ab. Nebot habría dado un giro ideológico a la izquierda. Nada que ver. Sólo se trata de un juego de palabras para un mismo concepto: la privatización. Probablemente, resulte más oneroso para la sociedad estas “nuevas figuras”. Pongamos un ejemplo: CNT o una hidroeléctrica. Si se vende-privatiza lo que y está construido y en marcha o si el empresario arranca su proyecto desde cero. En el segundo caso, debe asumir completamente el costo y el riesgo de la inversión. Como se trata de una empresa en marcha, tendría que pagar una suerte de arriendo por la explotación de todos los activos que ya están ahí. Al cabo de los 20 años que dure la concesión, los “fierros viejos”, completamente depreciados, serían devueltos al Estado.
Estamos en un momento crucial. En pocas semanas podría darse un giro -inconstitucional- La administración - y una alta rentabilidad- de los sectores estratégicos pasarían a manos privadas. Ojalá estemos aún a tiempo como para impedir la consumación de los hechos. (O)