Mujeres desaparecidas

Uno de los problemas recurrentes que afecta a nuestra sociedad, es la desaparición de personas, especialmente mujeres, situación que pone en alerta a las familias víctimas de los casos de desaparición y a la colectividad en su conjunto. Los  casos más sonados en Azuay, corresponden a la desaparición de la niña Dayana Micaela Chapa, quien desapareció en noviembre de 2012, María José Velasco Hernández, de 15 años quien desapareció hace siete meses y Admaris Isabel Orbe Correa, de 39 años de edad que desapareció hace seis meses, sin que a la fecha se tenga rastro alguno de su paradero. No olvidemos la desaparición de la joven quiteña Juliana Campoverde, uno de los emblemáticos casos a nivel nacional. La desaparición de mujeres, en muchos casos tiene un móvil diferente al del hombre, con la intención de la apropiación y uso de su cuerpo. Por ende se vincula con casos de trata de personas, tráfico de drogas, explotación sexual  o  son víctimas de feminicidio. Es indispensable que el Estado tome medidas oportunas y efectivas para evitar desapariciones, investigar, sancionar y reparar los hechos de desaparición.
En el año 2014  se crea la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased)  y la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas. Aún no tenemos un registro unificado, debido a que los organismos estatales nos brindan una información diferente.
El enfoque de género es fundamental para el acceso a la justicia por parte de las mujeres, para resolver sus desapariciones. En base tanto a los altos índices estadísticos de mujeres desaparecidas en el país,  como por su propia condición de género, en donde ser mujer en una sociedad patriarcal es desgraciadamente un factor de riesgo. El Estado debe elaborar una base de datos de personas desaparecidas. Para su diseño e implementación, contará con la participación ciudadana para que favorezca a un control estadístico y claro.
Según informes de la Policía, se señala que la mayoría  de los casos, las desapariciones fueron voluntarias; es decir, algunas personas optaron por abandonar sus casas por problemas de carácter familiar, sentimental y escolar. Ante esta crisis que va en incremento, nos obliga a rediseñar la relación entre padres e hijos, una adecuada convivencia y seguridad familiar, promover reformas legales para regular de mejor manera el tratamiento para las desapariciones. (O)
Ante la crisis que va en incremento, nos obliga a rediseñar la relación entre padres e hijos, una adecuada convivencia y seguridad.

Mujeres desaparecidas

Uno de los problemas recurrentes que afecta a nuestra sociedad, es la desaparición de personas, especialmente mujeres, situación que pone en alerta a las familias víctimas de los casos de desaparición y a la colectividad en su conjunto. Los  casos más sonados en Azuay, corresponden a la desaparición de la niña Dayana Micaela Chapa, quien desapareció en noviembre de 2012, María José Velasco Hernández, de 15 años quien desapareció hace siete meses y Admaris Isabel Orbe Correa, de 39 años de edad que desapareció hace seis meses, sin que a la fecha se tenga rastro alguno de su paradero. No olvidemos la desaparición de la joven quiteña Juliana Campoverde, uno de los emblemáticos casos a nivel nacional. La desaparición de mujeres, en muchos casos tiene un móvil diferente al del hombre, con la intención de la apropiación y uso de su cuerpo. Por ende se vincula con casos de trata de personas, tráfico de drogas, explotación sexual  o  son víctimas de feminicidio. Es indispensable que el Estado tome medidas oportunas y efectivas para evitar desapariciones, investigar, sancionar y reparar los hechos de desaparición.
En el año 2014  se crea la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased)  y la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas. Aún no tenemos un registro unificado, debido a que los organismos estatales nos brindan una información diferente.
El enfoque de género es fundamental para el acceso a la justicia por parte de las mujeres, para resolver sus desapariciones. En base tanto a los altos índices estadísticos de mujeres desaparecidas en el país,  como por su propia condición de género, en donde ser mujer en una sociedad patriarcal es desgraciadamente un factor de riesgo. El Estado debe elaborar una base de datos de personas desaparecidas. Para su diseño e implementación, contará con la participación ciudadana para que favorezca a un control estadístico y claro.
Según informes de la Policía, se señala que la mayoría  de los casos, las desapariciones fueron voluntarias; es decir, algunas personas optaron por abandonar sus casas por problemas de carácter familiar, sentimental y escolar. Ante esta crisis que va en incremento, nos obliga a rediseñar la relación entre padres e hijos, una adecuada convivencia y seguridad familiar, promover reformas legales para regular de mejor manera el tratamiento para las desapariciones. (O)
Ante la crisis que va en incremento, nos obliga a rediseñar la relación entre padres e hijos, una adecuada convivencia y seguridad.