Migrantes

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Ahora que sabemos que el ISIS hizo una aparente visita a la ruta del spondylus, este hecho parece caer como anillo al dedo a quienes quieren endurecer la política migratoria en el país. Esta es la perfecta justificación de lo que ya se venía tramando desde quienes pretenden recuperar capital político a cambio de la posible vulneración de los derechos humanos. Por ello, es relevante recordar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2 señala: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.


Es decir, se establece el principio de igualdad y no discriminación, en especial garantizando que no se puede discriminar por el origen nacional, lo cual también lo señala la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Además, la propia Constitución ecuatoriana en el artículo 9 señala que las personas extranjeras tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas. Con ello, es claro que desde un enfoque de derechos el Estado tiene la facultad de establecer las políticas migratorias que cree conveniente, sin embargo, ese margen de discrecionalidad debe respetar la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.


Por ello, la propuesta de cambios a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que se ha planteado desde el Ejecutivo y que será enviada a la Asamblea Nacional debe ser analizada con mucha cautela, entendiendo que la regulación es inevitable, pero esta debe ser a la luz de garantizar que el estatus migratorio no puede ser usado para diferenciar derechos.


Incluso sería inefable expresar que Ecuador por muchos años ha sido un país que íngratamente dejó que muchos de sus ciudadanos salieran del país, en búsqueda de mejores condiciones de vida. En conclusión, el Estado debe regular su política migratoria, pero esto no es patente de corso para vulnerar los derechos humanos de los mas débiles. (O)
El Estado debe regular su política migratoria, pero esto no es patente de corso para vulnerar los derechos humanos...

Migrantes

Ahora que sabemos que el ISIS hizo una aparente visita a la ruta del spondylus, este hecho parece caer como anillo al dedo a quienes quieren endurecer la política migratoria en el país. Esta es la perfecta justificación de lo que ya se venía tramando desde quienes pretenden recuperar capital político a cambio de la posible vulneración de los derechos humanos. Por ello, es relevante recordar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2 señala: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.


Es decir, se establece el principio de igualdad y no discriminación, en especial garantizando que no se puede discriminar por el origen nacional, lo cual también lo señala la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Además, la propia Constitución ecuatoriana en el artículo 9 señala que las personas extranjeras tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas. Con ello, es claro que desde un enfoque de derechos el Estado tiene la facultad de establecer las políticas migratorias que cree conveniente, sin embargo, ese margen de discrecionalidad debe respetar la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.


Por ello, la propuesta de cambios a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que se ha planteado desde el Ejecutivo y que será enviada a la Asamblea Nacional debe ser analizada con mucha cautela, entendiendo que la regulación es inevitable, pero esta debe ser a la luz de garantizar que el estatus migratorio no puede ser usado para diferenciar derechos.


Incluso sería inefable expresar que Ecuador por muchos años ha sido un país que íngratamente dejó que muchos de sus ciudadanos salieran del país, en búsqueda de mejores condiciones de vida. En conclusión, el Estado debe regular su política migratoria, pero esto no es patente de corso para vulnerar los derechos humanos de los mas débiles. (O)
El Estado debe regular su política migratoria, pero esto no es patente de corso para vulnerar los derechos humanos...

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