Matrimonio Igualitario

Esta semana juezas constitucionales, en la ciudad de Cuenca aceptaron la demanda de acción de protección, presentada por un colectivo a favor de dos parejas del mismo sexo a quienes el Registro Civil les negó la inscripción de su matrimonio. Esta decisión judicial que fue manifestada de forma oral ordenó al Registro Civil, inscribir el matrimonio de las parejas, al haberse vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación, y garantizando el reconocimiento de los diversos tipos de familia. Bajo este hecho, a continuación presentaré un argumento jurídico a favor del mismo.


Para el análisis respectivo, debemos arrancar de tres premisas, la primera, que el legislador constituyente, elevo a norma de rango constitucional la institución del matrimonio, concibiendo al mismo como la unión de personas de distinto sexo; en segundo lugar, el Código Civil, norma de carácter infraconstitucional señala en su art. 81 lo siguiente: “es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. Hasta ahí parece que nuestro ordenamiento jurídico es completo y coherente, no obstante, eso es una mera apariencia. La tercera premisa, es el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que al realizar la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en la resolución No. 8, de la Opinión Consultiva 24/17, determinó un margen de interpretación más amplio para esta institución jurídica que abarca al matrimonio igualitario.


El Registro Civil señaló que no había un procedimiento, es decir el sistema jurídico carecería de una norma jurídica -anomia- para la resolución de un caso. No obstante, tanto el art. 424 de la constitución establece que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecerán siempre y cuando reconozcan derechos más favorables. Asimismo, los arts. 11 numeral 3 y 426 establecen la aplicación del control de convencionalidad, con el fin de garantizar que los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos sean de inmediato cumplimiento y aplicación. En definitiva, toda autoridad pública deberá respetar por la vía del control de convencionalidad, la interpretación que ha realizado la Corte IDH a favor de la plena vigencia de los derechos humanos.


Extracto: “toda autoridad pública deberá respetar por la vía del control de convencionalidad, la interpretación que ha realizado la Corte IDH”.

Matrimonio Igualitario

Esta semana juezas constitucionales, en la ciudad de Cuenca aceptaron la demanda de acción de protección, presentada por un colectivo a favor de dos parejas del mismo sexo a quienes el Registro Civil les negó la inscripción de su matrimonio. Esta decisión judicial que fue manifestada de forma oral ordenó al Registro Civil, inscribir el matrimonio de las parejas, al haberse vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación, y garantizando el reconocimiento de los diversos tipos de familia. Bajo este hecho, a continuación presentaré un argumento jurídico a favor del mismo.


Para el análisis respectivo, debemos arrancar de tres premisas, la primera, que el legislador constituyente, elevo a norma de rango constitucional la institución del matrimonio, concibiendo al mismo como la unión de personas de distinto sexo; en segundo lugar, el Código Civil, norma de carácter infraconstitucional señala en su art. 81 lo siguiente: “es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. Hasta ahí parece que nuestro ordenamiento jurídico es completo y coherente, no obstante, eso es una mera apariencia. La tercera premisa, es el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que al realizar la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en la resolución No. 8, de la Opinión Consultiva 24/17, determinó un margen de interpretación más amplio para esta institución jurídica que abarca al matrimonio igualitario.


El Registro Civil señaló que no había un procedimiento, es decir el sistema jurídico carecería de una norma jurídica -anomia- para la resolución de un caso. No obstante, tanto el art. 424 de la constitución establece que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecerán siempre y cuando reconozcan derechos más favorables. Asimismo, los arts. 11 numeral 3 y 426 establecen la aplicación del control de convencionalidad, con el fin de garantizar que los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos sean de inmediato cumplimiento y aplicación. En definitiva, toda autoridad pública deberá respetar por la vía del control de convencionalidad, la interpretación que ha realizado la Corte IDH a favor de la plena vigencia de los derechos humanos.


Extracto: “toda autoridad pública deberá respetar por la vía del control de convencionalidad, la interpretación que ha realizado la Corte IDH”.