Ley Trole 3

La finalidad es llegar en su momento a una “Carta de Intención” como la anunciada por Argentina en estos días.
Esta semana el pleno de la Asamblea Nacional tuvo el primer debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal; también denominada “Ley Trole 3” por recordar las reformas neoliberales de los 90s en el país.
Cabe señalar que esta ley ni siquiera responde a un Programa Económico, sino tienes dos intenciones claras: la “rápida” obtención de recursos con la remisión de multas e intereses, y adecuar la normativa ecuatoriana para acceder al financiamiento de organismos multilaterales. Por ello, no es coincidencia la “gira” de varios ministros por Washington y New York para visitar a instancias como el FMI, BM, BID, el Departamento del Tesoro de EEUU, e inversionistas privados.
Este proyecto de ley para concretar sus intenciones ha planteado que el debate gire en torno, así mismo, a dos ejes centrales: el primero, una agresiva reforma tributaria que plantea la exención para inversionistas de: Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas, sin embargo, varios asambleístas han aprovechado para plantear incluso la eliminación del ISD.
El segundo eje se centra en la remisión de multas e intereses para los grandes contribuyentes morosos tanto con el SRI como con el IESS y las empresas de servicios básicos. Este mecanismo de obtención de recursos per se no es negativo, empero, la remisión beneficiaría – sin pedir “nada a cambio” – a los mayores deudores del país como son bancos, compañías petroleras y mineras, emporios empresariales, y hasta universidades privadas.
Por mencionar, las deudas con el SRI ascienden a más de 4300 millones, de los cuales, 2000 millones están concentrados en 25 contribuyentes, frente a esto, el Gobierno Nacional espera recaudar unos 774 millones de los contribuyentes deudores en los próximos tres años.
A más de estos ejes centrales del debate, el proyecto de ley contiene elementos – no tan discutidos – que apuntan a congraciarse con el FMI y el BM, por citar: prohibición del Estado de adquirir financiamiento público, fijación del superávit primario, incentivo al uso de paraísos fiscales, cambios en normativa de movilidad humana, entre otros. La finalidad es llegar en su momento a una “Carta de Intención” como la anunciada por Argentina en estos días. (O)

Ley Trole 3

La finalidad es llegar en su momento a una “Carta de Intención” como la anunciada por Argentina en estos días.
Esta semana el pleno de la Asamblea Nacional tuvo el primer debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal; también denominada “Ley Trole 3” por recordar las reformas neoliberales de los 90s en el país.
Cabe señalar que esta ley ni siquiera responde a un Programa Económico, sino tienes dos intenciones claras: la “rápida” obtención de recursos con la remisión de multas e intereses, y adecuar la normativa ecuatoriana para acceder al financiamiento de organismos multilaterales. Por ello, no es coincidencia la “gira” de varios ministros por Washington y New York para visitar a instancias como el FMI, BM, BID, el Departamento del Tesoro de EEUU, e inversionistas privados.
Este proyecto de ley para concretar sus intenciones ha planteado que el debate gire en torno, así mismo, a dos ejes centrales: el primero, una agresiva reforma tributaria que plantea la exención para inversionistas de: Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas, sin embargo, varios asambleístas han aprovechado para plantear incluso la eliminación del ISD.
El segundo eje se centra en la remisión de multas e intereses para los grandes contribuyentes morosos tanto con el SRI como con el IESS y las empresas de servicios básicos. Este mecanismo de obtención de recursos per se no es negativo, empero, la remisión beneficiaría – sin pedir “nada a cambio” – a los mayores deudores del país como son bancos, compañías petroleras y mineras, emporios empresariales, y hasta universidades privadas.
Por mencionar, las deudas con el SRI ascienden a más de 4300 millones, de los cuales, 2000 millones están concentrados en 25 contribuyentes, frente a esto, el Gobierno Nacional espera recaudar unos 774 millones de los contribuyentes deudores en los próximos tres años.
A más de estos ejes centrales del debate, el proyecto de ley contiene elementos – no tan discutidos – que apuntan a congraciarse con el FMI y el BM, por citar: prohibición del Estado de adquirir financiamiento público, fijación del superávit primario, incentivo al uso de paraísos fiscales, cambios en normativa de movilidad humana, entre otros. La finalidad es llegar en su momento a una “Carta de Intención” como la anunciada por Argentina en estos días. (O)