La nueva Corte

Después de varios meses de “vacancia constitucional”, un termino que no nos dice nada y solo evidencia lo surreal que puede sonar la idea de quedarnos sin Corte Constitucional. La discusión sobre si el procedimiento fue o no idóneo para cesar en funciones al máximo órgano de interpretación constitucional como lo señala nuestra Constitución, ya no es novedoso, y será un problema que quizás quedará para las cortes internacionales. Si bien todos hemos sido críticos de la Corte Constitucional, parece que algunos lo fuimos frente a sus fallos judiciales, y no solo con su composición. Frente a la nueva conformación es importante tratar dos temas significativos. El primero ¿Solo los constitucionalistas deben estar en una Corte Constitucional?, y el segundo ¿Es necesario reformar la forma de elección de los jueces?
Sobre el primer cuestionamiento, es imprescindible señalar que la corporación no debería excluir a grandes juristas que no están dedicados exclusivamente a los estudios constitucionales. Por lo contrario, se necesita incorporar a jueces, juristas, abogados en libre ejercicio, especializados en diversas materias como penal, civil, derechos humanos, u otros. Esto con el fin de lograr recoger criterios que a veces quienes solo se encuentran en el ámbito constitucional podrían obviar. El criterio “constitucional” no es exclusivo de quienes hayan optado por revisar única y exclusivamente la literatura con respecto a la Constitución, los derechos o las garantías constitucionales. El lograr configurar un órgano que pueda responder a la exigencia de la defensa del Estado Constitucional exigen que sus miembros deban provenir de los mejores centros de pensamiento jurídico, pero a su vez garantizando su diversidad disciplinaria.
Sobre el segundo problema, igualmente es imprescindible modificar la forma de elección de los jueces de la Corte Constitucional, en el sentido de garantizar una mayor participación ciudadana.
No podemos continuar aislando la participación de la meritocracia, al tener que solo la función Ejecutiva, la función Legislativa, o la función de Transparencia y Control Social, puedan enviar ternas para nombrar al órgano guardián de la Constitución. Así, podremos romper con ese “elitismo meritocratico” que es un obstáculo para que los más amplios sectores vinculados al espacio jurídico puedan optar por ser parte de la nueva Corte, porque solo así se endosara su legitimidad. (O)
Frente a la nueva conformación de la Corte Constitucional es importante tratar dos temas significativos.

La nueva Corte

Después de varios meses de “vacancia constitucional”, un termino que no nos dice nada y solo evidencia lo surreal que puede sonar la idea de quedarnos sin Corte Constitucional. La discusión sobre si el procedimiento fue o no idóneo para cesar en funciones al máximo órgano de interpretación constitucional como lo señala nuestra Constitución, ya no es novedoso, y será un problema que quizás quedará para las cortes internacionales. Si bien todos hemos sido críticos de la Corte Constitucional, parece que algunos lo fuimos frente a sus fallos judiciales, y no solo con su composición. Frente a la nueva conformación es importante tratar dos temas significativos. El primero ¿Solo los constitucionalistas deben estar en una Corte Constitucional?, y el segundo ¿Es necesario reformar la forma de elección de los jueces?
Sobre el primer cuestionamiento, es imprescindible señalar que la corporación no debería excluir a grandes juristas que no están dedicados exclusivamente a los estudios constitucionales. Por lo contrario, se necesita incorporar a jueces, juristas, abogados en libre ejercicio, especializados en diversas materias como penal, civil, derechos humanos, u otros. Esto con el fin de lograr recoger criterios que a veces quienes solo se encuentran en el ámbito constitucional podrían obviar. El criterio “constitucional” no es exclusivo de quienes hayan optado por revisar única y exclusivamente la literatura con respecto a la Constitución, los derechos o las garantías constitucionales. El lograr configurar un órgano que pueda responder a la exigencia de la defensa del Estado Constitucional exigen que sus miembros deban provenir de los mejores centros de pensamiento jurídico, pero a su vez garantizando su diversidad disciplinaria.
Sobre el segundo problema, igualmente es imprescindible modificar la forma de elección de los jueces de la Corte Constitucional, en el sentido de garantizar una mayor participación ciudadana.
No podemos continuar aislando la participación de la meritocracia, al tener que solo la función Ejecutiva, la función Legislativa, o la función de Transparencia y Control Social, puedan enviar ternas para nombrar al órgano guardián de la Constitución. Así, podremos romper con ese “elitismo meritocratico” que es un obstáculo para que los más amplios sectores vinculados al espacio jurídico puedan optar por ser parte de la nueva Corte, porque solo así se endosara su legitimidad. (O)
Frente a la nueva conformación de la Corte Constitucional es importante tratar dos temas significativos.