La denuncia de Pp!

Suele decirse, en referencia al comportamiento humano, que ‘no hay nada nuevo bajo el sol’; sin embargo, en tiempos cuánticos parece ser que este decir carece de vigencia. En días pasados el poeta cuencano, José Regato Cordero, radicado en Guayaquil, con su tercera edad a cuestas y dejando de lado sus agudas décimas, presentó “Denuncia criminal por usurpación o simulación de funciones en contra del Contralor General y del Fiscal General del Estado”, la misma que se sustenta tanto en la Constitución así como en el Código Orgánico de la Función Judicial. En concreto, tales funcionarios no estarían habilitados legalmente para el ejercicio de sus funciones.


En la memoria colectiva todavía está fresco el recuerdo de ciertas circunstancias de carácter legal que solían presentarse en el Poder Legislativo, especialmente durante la ‘noche neoliberal’: la destitución de un presidente por no encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales; la nominación de un presidente interino sin sustento constitucional, o, el desconocimiento del derecho legítimo de asumir la presidencia a una vicepresidenta, justificado por el circunstancial olvido del secretario al pasar a limpio el texto constitucional aprobado en Asamblea Constituyente. Sí, eran tiempos de la partidocracia se dirá, pero de todas maneras se debatía y finalmente ganaba el bando que más votos conseguía.


Hoy, la denuncia presentada puntualiza: “Como las infracciones criminales a la institucionalidad son de tal envergadura, evidente hasta para este humilde poeta”, se devela ante la ciudadanía una situación realmente inédita. No se trata ya de los casos de corrupción que han sido motivo de indagación hasta ahora no confirmada; tampoco de nominaciones de funcionarios, o de su destitución, sin el cumplimiento de las debidos procesos, no. Estaríamos asistiendo a la mayor de las corrupciones: la apropiación de funciones públicas y el prevaricato judicial. ¿Cómo entender que el conjunto de asambleístas permita el incumplimiento de los procedimientos legales para el ejercicio de las más altas funciones del Estado? No se trata de un mayor o menor desconocimiento de la legislación vigente o de las normas establecidas y tampoco de la inexperiencia de los asambleístas. O bien se trata de un manejo cuidadosamente estudiado para el tratamiento de la actividad legislativa o, habría que reconocerlo, el cuerpo legislativo está sumido en la más profunda abulia. (O)

La denuncia de Pp!

Suele decirse, en referencia al comportamiento humano, que ‘no hay nada nuevo bajo el sol’; sin embargo, en tiempos cuánticos parece ser que este decir carece de vigencia. En días pasados el poeta cuencano, José Regato Cordero, radicado en Guayaquil, con su tercera edad a cuestas y dejando de lado sus agudas décimas, presentó “Denuncia criminal por usurpación o simulación de funciones en contra del Contralor General y del Fiscal General del Estado”, la misma que se sustenta tanto en la Constitución así como en el Código Orgánico de la Función Judicial. En concreto, tales funcionarios no estarían habilitados legalmente para el ejercicio de sus funciones.


En la memoria colectiva todavía está fresco el recuerdo de ciertas circunstancias de carácter legal que solían presentarse en el Poder Legislativo, especialmente durante la ‘noche neoliberal’: la destitución de un presidente por no encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales; la nominación de un presidente interino sin sustento constitucional, o, el desconocimiento del derecho legítimo de asumir la presidencia a una vicepresidenta, justificado por el circunstancial olvido del secretario al pasar a limpio el texto constitucional aprobado en Asamblea Constituyente. Sí, eran tiempos de la partidocracia se dirá, pero de todas maneras se debatía y finalmente ganaba el bando que más votos conseguía.


Hoy, la denuncia presentada puntualiza: “Como las infracciones criminales a la institucionalidad son de tal envergadura, evidente hasta para este humilde poeta”, se devela ante la ciudadanía una situación realmente inédita. No se trata ya de los casos de corrupción que han sido motivo de indagación hasta ahora no confirmada; tampoco de nominaciones de funcionarios, o de su destitución, sin el cumplimiento de las debidos procesos, no. Estaríamos asistiendo a la mayor de las corrupciones: la apropiación de funciones públicas y el prevaricato judicial. ¿Cómo entender que el conjunto de asambleístas permita el incumplimiento de los procedimientos legales para el ejercicio de las más altas funciones del Estado? No se trata de un mayor o menor desconocimiento de la legislación vigente o de las normas establecidas y tampoco de la inexperiencia de los asambleístas. O bien se trata de un manejo cuidadosamente estudiado para el tratamiento de la actividad legislativa o, habría que reconocerlo, el cuerpo legislativo está sumido en la más profunda abulia. (O)